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Escrito por Eduardo Luis Aguirre   

 

LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y LAS CLAVES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA ARGENTINA


EDUARDO LUIS AGUIRRE *

 

 

Resumen: cualquier tentativa de gestionar la cuestión criminal en la Argentina debe reparar en la percepción actual que la sociedad tiene de la noción de inseguridad y del contenido que a la misma le asigna. El miedo al delito, que puede encubrir inseguridades de otra índole, debe ser revertido en el corto plazo. Solamente así habrá un margen razonable para poner en práctica estrategias de mediano y largo plazo que mejoren sustancialmente los problemas vinculados a la conflictividad. El Estado debe estar atento a los dos planos y establecer núcleos duros de abordaje que incluyan esfuerzos de prevención específicos en la coyuntura y desplieguen estrategias de prevención integral a futuro. Pero además, deberá operar inexorablemente sobre la utilización del miedo como instrumento de control social y sobre la asimetría de los procesos de criminalización.

 

Palabras claves: inseguridad, sensación de inseguridad, prevención, privación relativa, selectividad, criminalización, medios de comunicación, calidad institucional, estrategias, política criminal.

 

El abordaje que las agencias estatales han hecho respecto de la "inseguridad" en Latinoamérica, y muy especialmente en la Argentina, importa, en sustancia, un reduccionismo que parte, en casi todos los casos, de asimilar la inseguridad a la criminalidad. Esta particular e intencionada simplificación, por ende, ha connotado tan sólo uno de los aspectos desde los que, epistemológicamente, podría referirse la relación seguridad/inseguridad: la que se circunscribe al "miedo al otro", que se ciñe a la mera posibilidad de ser víctima de un delito y que se sostiene apelando a un imaginario colectivo construido a partir de la idea de que la sociedad está habitada por una multitud de sujetos peligrosos y desviados, contra los que hay que acometer "antes que nada ocurra"1. En otros términos, sobre el “miedo al delito”, que además es traducido, sin más, como “inseguridad”. Esta visión sesgada no configura únicamente un yerro analítico, sino que se nutre de contenidos ideológicos precisos y es uno de los productos culturales hegemónicos en el marco de la nueva relación de fuerzas sociales imperante, que es necesario remover imperiosamente porque deriva –

en un último plano analítico de la inseguridad- en la utilización o manipulación del miedo como elemento de dominación y control social2. Por lo tanto, cualquier estrategia de gestión estatal debería considerar prioritariamente la rediscusión de la concepción de la inseguridad y las formas que la misma asume en el país, y establecer inmediatamente dispositivos eficientes de prevención del delito. En este contexto debe entenderse las presentes propuestas, formuladas para operar en el corto, mediano y largo plazo, la que debe completarse con una fuerte tendencia a revertir la selectividad de los procesos de criminalización (primaria y secundaria).

Es importante destacar además un dato comparativo por cierto no menor: mientras el “miedo al delito” ocupa el centro de la agenda social en la Argentina, la edición 2002 de la Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña señala las diferentes formas que la inseguridad asume para los habitantes de esa región, advirtiéndose allí que la criminalidad convencional en modo alguno excluye ni desplaza la preocupación ciudadana por otras incertidumbres tanto o más relevantes, tales como la pérdida del empleo, de la vivienda, de la salud o factores asociados a terceros, como por ejemplo la negligencia médica, el envenenamiento y el deterioro del medio ambiente, en tanto realidades propias de la modernidad tardía. Esta misma encuesta revela, además, que una mayoría abrumadora de ciudadanos de Cataluña intuye, paradójicamente, que el incremento de los delincuentes en prisión aumentará sus problemas y su inseguridad, al igual que la instalación de cárceles cercanas a sus lugares de residencia3. Es menester entonces dar una discusión sostenida desde el Estado reivindicando la amplitud del concepto de seguridad humana, que es central justamente

en el marco de una sociedad que, como pocas, ha sufrido las inseguridades que el capitalismo tardío marginal depara. La convalidación de una percepción reaccionaria de la “inseguridad” únicamente se comprende a partir de una declinación en el plano del discurso, cooptado y rellenado a su conveniencia por los sectores más conservadores de la sociedad.

En rigor de verdad, y previo a toda otra consideración, es conducente partir del supuesto de que la inseguridad humana, es genéricamente constitutiva de un concepto mucho más amplio que el que de aquella manera se le asigna. Se trata de una noción abarcativa que se apoya en la pérdida creciente de capital social. Y podría definirse como la imposibilidad de los individuos de ejercer la variedad de opciones disponibles para incidir en su propio destino de manera segura y libre, ante la desconfianza de que las oportunidades de que dispone en el presente no desaparecerán en un futuro4 . En consecuencia, la “seguridad” debería entenderse como una construcción permanente y dinámica de la vida cotidiana, que resulta de ordinario amenazada por inseguridades diversas, una de las cuales –aunque no la única por cierto- la constituye la delincuencia. Otras formas de inseguridad podrían estar configuradas, como dijimos, por factores tales como el desempleo, las enfermedades, la exclusión, la injusticia, la marginalidad social, la falta de previsión, la inexistencia de sueños colectivos, la creencia generalizada de que ya no se vive en un mundo justo, el descreimiento masivo y la idea de que "ya nada dura para siempre" y que “no hay futuro” (que resulta la expresión emblemática y a la vez trágica de las nuevas sociedades postmodernas de la periferia y constituye una causal determinante respecto de la generación de conductas desviadas, sobre todo por parte de jóvenes excluidos). Sin embargo, ninguno de estos múltiples conceptos integradores de un concepto amplio de la “inseguridad” han activado de la misma manera los reflejos de un Estado inerme que ha convalidado el tránsito hacia sociedades inéditamente asimétricas, fragmentadas e indecentes que toleran la humillación histórica de sus ciudadanos5 y, lo que es peor, en gran medida la fomentan y en muchos casos directamente la custodian. Por lo tanto, el cercenamiento de una categoría analítica de tal magnitud, no pudo sino conducir recurrentemente a una aporía científica que ha redundado en estremecedoras respuestas en términos de política criminal, generalmente legitimantes de la barbarie neodarwinista hegemónica en lo que concierne a las modernas cruzadas de "limpieza de clase" o “extirpación del desviado”, efectuadas todas ellas en nombre de la “seguridad”6 y el “orden” añorado; nociones que se confunden adrede cuando se ofrece demagógicamente una batería de medidas que apuntan en realidad a la obtención a cualquier costo de un “orden” cuestionable, aunque se exhiban como dirigidas a la afirmación de la “seguridad”. Por eso es que, con este panorama, cualquier estrategia holística de política criminal en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, debería contemplar seriamente los instrumentos para limitar de inmediato el impacto social de la “inseguridad”, tal como la misma es percibida actualmente por la mayoría excluyente de la población. Esto es, como “una respuesta emocional de nerviosismo o ansiedad al delito o símbolos que la persona

asocia con el delito”7, que probablemente enmascara una percepción –más o menos difusa- de los no pocos riesgos e inseguridades de otra índole que se abaten sobre los argentinos, pero que igualmente debe ser abordada de inmediato.

Este debate sobre los alcances la “seguridad” debe alentarse necesariamente desde el propio Estado, como así también el que refiere a las estrategias de prevención de la criminalidad.

Las experiencias recientes desarrolladas en el país, permiten concluir que estrategias como la prevención situacional, o intervenciones que hacen hincapié en los hábitos culturales o las actividades rutinarias, por ejemplo, que han demostrado ser útiles para determinados colectivos y zonas con características ecológicas específicas, terminan siendo regresivas y efímeras en sus resultados en la medida que no se complementen en el mediano y largo plazo con políticas racionales de prevención integral. Estas últimas, consideradas fundamentales, deben exhibir una fuerte impronta social y una inversión pública superadora no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino también y fundamentalmente desde una perspectiva de mayor calidad institucional (estudios recientes concluyen con razón que es posible explicar las frustraciones que sucedieron a la puesta en práctica de muchas estrategias de prevención del delito sobre la base de la escasa formación de los agentes, muchas veces elegidos mediante criterios únicamente compatibles con la cultura clientelística de la política tradicional)8. De tal suerte, entonces, que la discusión sobre el perfil de la prevención de las conductas desviadas permanece inconcluso y constituye el segundo aspecto esencial para la construcción de estrategias perdurables de política criminal en la Argentina, en un momento en que los criminólogos parecen haber “descubierto” la idea de prevención del delito.

La tentación estatal - en el capitalismo tardío marginal- de apelar únicamente al irracionalismo táctico de la "mano dura" frente a una sola de las manifestaciones de la inseguridad social no es casual, y evidencia tanto la autonomía relativa de los estados neoliberales, cuanto la deslegitimación de los sistemas penales, que reproducen con sus decisiones y sus lógicas las condiciones de inequidad y privación relativa de estas nuevas sociedades, y a poner de relieve su lógica polemogénea9.

Si por vía de hipótesis se acordara respecto de la posibilidad de asimilar "inseguridad" a "aumento de la criminalidad", deberíamos esperar que la eventual "disminución de la criminalidad" (en el caso que la misma se lograra) equivaldría a un aumento de la "seguridad" humana. Por cierto, este esquema no se sostiene mínimamente frente a la realidad objetiva. Los indicadores de fiabilidad, de confianza, ergo de "seguridad" sostenible, con los que operan los organismos internacionales de crédito y que desvelan a diario a comunicadores y mercados, señalan a la Argentina con un “riesgo país” mayor al de naciones que tienen índices de criminalidad tanto o más altos que el de nuestro país. Sin embargo, esta certeza no es reflejada por los grandes medios de comunicación en la Argentina, empeñados en destacar únicamente las más horribles, convencionales y frecuentes formas de la actividad criminal y en colocar a la "inseguridad", así entendida, como el mayor y prioritario problema a resolver en la agenda de nuestra sociedad profundamente desigual, indecente e injusta.

Ciertamente, los medios de comunicación, en tanto gigantescos mecanismos de control social informal (o, si se lo prefiere, los denominados aparatos ideológicos del estado), han contribuido –salvo honrosas excepciones que confirman la regla- con su prédica banalizada, a exacerbar el “miedo al otro” amplificando el fenómeno de la delincuencia convencional en forma inversamente proporcional a la minimización del fabuloso proceso de concentración de la riqueza y exclusión social contemporáneo, soslayando los cada vez más numerosos casos de destitución social que conminan a miles de sujetos a la inexistencia, y por lo tanto los arrinconan hacia la decisión de delinquir como forma de afirmar una identidad frente a este embate que los reduce a una condición de “pura presencia”.

El hecho de que los medios masivos de comunicación, muchas veces expresiones directas de verdaderas empresas periodísticas con intereses económicos e ideológicos concretos, exhiban sólo una parte de esta problemática y además no consideren las ostensibles diferencias que en orden a la cuestión criminal se operan en las distintas regiones del país, quizás se deba a una percepción errónea - lo que es posible en algunos casos- o a una intencionalidad deliberada, lo que es ciertamente probable en muchos otros. En cualquier caso, todo abordaje político criminal debería incluirlos necesariamente dadas las características inéditas de su potencialidad formadora de opinión.

En no pocas oportunidades, la prédica mediática implica una contribución gravitante a la profundización de la disolución de los lazos de solidaridad social y a la reproducción de las situaciones de desconfianza, marginalidad y destitución, lo que queda puesto claramente de manifiesto cuando se asimila a la delincuencia con la protesta social, con la clara finalidad de habilitar la criminalización de esta última.

En síntesis, debería analizarse exhaustivamente la incidencia social de los medios de prensa, sobre todo en lo que hace a la profundización de la sensación de inseguridad y alarma social, los estereotipos sobre los delitos y los delincuentes y la extrapolación de realidades culturales. Todo ello en el marco de las tareas de programación, planificación y coordinación a realizar desde el propio Estado. Ello así, tomando en consideración que la desproporcionada y a veces morbosa cobertura sobre hechos delictivos, informaciones reproducidas conjuntamente con mensajes primarios y simplistas, muchas veces no cotejadas y erráticas suelen ser una constante. Cabe agregar que existen estudios que indican que las intuiciones colectivas sobre el delito en una sociedad pueden estar más fuertemente determinadas por el tratamiento en los medios que por la misma realidad. Daniel Wagman rescata el ejemplo elocuente de Suiza, donde la percepción de alarma social respecto del delito es menor que en otros países con similares indicadores de criminalidad, precisamente por la seriedad y mesura en el tratamiento periodístico de la cuestión (“Los cuatro planos de la Seguridad).

Incluso, la dualidad de un mensaje contradictorio, donde se aboga a veces por los derechos humanos y en contra de formas represivas de control social, pero al mismo tiempo se editorializa sobre la “incontrolabilidad” del delito por parte de las instituciones republicanas destinadas a su prevención y conjuración, concluye desembocando en formulaciones ideológicas que habilitan “nuevas alternativas” para contener “al otro”, al "antisocial". Algunas de ellas son, por ejemplo, la creación de patrullas de civiles armados

“contra los delincuentes”, o sea “contra la inseguridad”10 (lo que en principio autoriza a alertar sobre los riesgos que encierran las tendencias no demasiado precisas a devolver a la comunidad ciertas tareas de prevención, las que además ya se han integrado al “mercadeo” académico cuando no al mercado de la “seguridad”. Esto me parece absolutamente relevante como dato objetivo en el marco del diseño de una política de seguridad, a fin de no reiterar esas experiencias), los intentos recurrentes de reintroducir a las fuerzas armadas en tareas de “seguridad interior”, el aumento de penas, las reformas espasmódicas del Código Penal o la proclama sistemática de derogar el piso de garantías constitucionales y legales en aras de una supuesta mayor efectividad del sistema.

Todas estas situaciones son particularmente riesgosas en una sociedad que aglutina a contrarios y distintos, a los de arriba y los de abajo, pero especialmente a “los de afuera y los de adentro”, y donde la noción de “privación relativa” resulta ineludible para entender la vinculación entre cuestión criminal y exclusión social. Una desigualdad que genera permanentes inseguridades que expresan justamente el miedo subyacente “a la caída socioeconómica, a quedar afuera, al camino sin retorno de la exclusión”11 , que se advierte especialmente en las capas medias de estas sociedades, las que, por su misma extracción y condición, son proclives a la convalidación de estas campañas de “ley y orden” (casi la mitad de los argentinos valora más el orden que la democracia y la libertad, según revelan estudios recientes) y, en lo estratégico, a la convalidación de un derecho penal del enemigo introducido a expensas de un proceso gigantesco de colonización cultural en las leyes penales y procesales, en un contexto histórico que se caracteriza por la articulación de una inédita alianza tendiente a sojuzgar interna y externamente a los “distintos”.

Pero lo que interesa en definitiva, es señalar el riesgo de que la "lucha contra la inseguridad" se transforme en un fin en sí misma, con una lógica y una metodología propia, a partir de una ideología que legitime ese accionar y aquellos propósitos autoritarios, sobre los que resulta imprescindible reflexionar, a la luz de los resultados de la implementación de la doctrina de la seguridad nacional hace un cuarto de siglo en nuestro país. En aquella oportunidad, la analogía fue igualmente reduccionista, pero tampoco se trató de una mera distorsión diagnóstica. Por el contrario, configuró el sustento de una política que precisaba inexorablemente de la brutalidad represiva para su imposición al conjunto de la sociedad y el punto de partida de la convalidación de la enemistad como categoría, y estos datos de la historia reciente no pueden soslayarse al momento de concebir cualquier plan de gestión en materia político criminal.

Por supuesto, lo dicho no importa una negación insensata del aumento indiscutible de la criminalidad convencional y de la violencia con que las nuevas formas delictivas se expresan; por el contrario, se propone colocar en el centro de las discusiones sociológico- criminales la tesis de que, hasta tanto no se remuevan los factores estructurales que generan aquellas otras "inseguridades", la "lucha" que a diario se emprenda contra una sola de sus manifestaciones, podría conducir a nuevos y reiterados fracasos, aún en el plano acotado de la política criminal.

En razón de lo expuesto, convendría abordar la relación “seguridad/inseguridad” desde una mirada donde la problemática social, institucional, económica y cultural de la región no resulte ex profeso escamoteada del análisis. En consecuencia, podríamos decir que la pretensión de delinear un diagnóstico aproximado de la crisis estructural de las instituciones y organizaciones políticas en América Latina, particularmente en la Argentina, es un tema que exige un abordaje interdisciplinario y multifacético, susceptible de poner de manifiesto mediante una profusión de elementos objetivos de constatación, los datos más relevantes constitutivos de la inseguridad humana. En otras palabras, se trata de interpretar la seguridad humana desde una perspectiva distinta: antropocéntrica, global, interdependiente, indivisible e integrativa12 , que excede en mucho el estrecho marco conceptual de la “nueva criminalidad”. Situémonos, por ejemplo, en la agenda política argentina iniciada el 17 de marzo del año 2000, con la renuncia del Ministro de Economía Machinea, que continuara con la renuncia del vicepresidente de la Nación y culminara con las movilizaciones que acabaron con el gobierno del presidente De la Rua, y advertiremos cómo por primera vez en mucho tiempo, la "inseguridad" ciudadana perfora el marco acotado de la delincuencia, para mimetizarse con la fugacidad de los acontecimientos, con la angustia generalizada, con la incertidumbre que emanaba de la situación económica, política y social; en suma, de qué manera se ubicó en el centro de la escena, al "miedo al futuro" (o el “miedo a que no exista futuro”), obligando a reconocer un nuevo y más amplio perfil de la inseguridad. En ese momento la “inseguridad”, entendida como miedo al delito, había descendido en la clasificación de los problemas más acuciantes de la población a un inédito cuarto puesto detrás de la desocupación, la recesión y la desconfianza en la dirigencia política, superando por una escasa diferencia a la educación, la pobreza/miseria, la corrupción y la salud, entre otras incertidumbres, según una encuesta realizada por la consultora Equis en Buenos Aires y el conurbano bonaerense13 .

La tendencia recurrente a definir la crisis por sus efectos más visibles (delincuencia, corrupción, clientelismo político, crecimiento exponencial de las burocracias políticas, desconfianza masiva y generalizada) antes que por sus causas, parece una constante tautología de la Argentina contemporánea. Con todo, y si bien es cierto que las disciplinas sociales, desde el colapso del positivismo sociológico son mucho más descriptivas que prescriptivas, esa limitación no nos exime de la necesidad de articular políticas alternativas que partan de un diagnóstico que se sostenga medianamente frente a la realidad histórica continental y la interpreten. Este es, justamente, el sentido de la recuperación del concepto de seguridad.

La realidad heredada, signada por el atraso, la pobreza, las más grandes desigualdades sociales que recordemos (en el marco del capitalismo más concentrado y excluyente desde la revolución industrial hasta el presente), el consecuente aumento de la conflictividad social (y dentro de ella, naturalmente, de los indicadores cualitativos y cuantitativos de la criminalidad), el descreimiento de grandes amplios sectores de la sociedad, han puesto en crisis los paradigmas que durante más de dos siglos disciplinaron al conjunto y que hoy en día son sistemáticamente cuestionados (los partidos, los poderes políticos, las fuerzas de "seguridad", la justicia, la correlación entre

“esfuerzo” y “metas” en términos de realización personal y de movilidad social vertical). Esta situación aparece como la resultante obligada de la relación de fuerzas sociales propia de la postmodernidad marginal y de la hegemonía de políticas neoliberales, especialmente durante la década de los 90’.

La exclusión, que implica a su vez una novedosa y descomunal sensación de inseguridad, se configura también a partir de la evidencia de que el resto de la sociedad no necesita a los millones de marginales; más bien, desearía "vivir sin ellos"14, aunque para vivir sin ellos deba el Estado aferrarse al paradigma puramente defensista. Ese proceso desembocó en una apelación constante e irracional al encierro institucionalizado como única respuesta basada en términos de "seguridad" ciudadana o, lo que es más grave, a una privatización de la seguridad que incluye deshacerse también de la ejecución del control social punitivo mediante la privatización de las cárceles.

A esta altura, y ante este escenario, conviene recordar entonces, dos descripciones alternativas e infinitamente más completas del concepto de seguridad humana, citadas por Villanueva Ayón, que sitúan al concepto en su dimensión real. Una de ellas, fue expresada por el propio Secretario General de las Naciones Unidas, Koffi Annan: “En un sentido amplio, la seguridad humana requiere de acciones a través de numerosos frentes: desarrollo sustentable, y el fortalecimiento de gobiernos democráticos. Y la mejor defensa en contra de dichas nuevas amenazas, tales como el narcotráfico, corrupción y terrorismo, radica en una sociedad basada en igualdad de oportunidades, justicia social, derechos humanos y democracia”. Según la Subsecretaria General de la ONU, Louise Frechette, debemos entender por seguridad humana "todas aquellas cosas que hombres y mujeres más aprecian en cualquier parte del mundo: suficiente comida para la familia, refugio adecuado, buena salud, educación para los niños, protección de la violencia infligida tanto por el hombre como por la naturaleza, así como un Estado que no reprima a sus ciudadanos con leyes bajo su consentimiento”. Un razonamiento en sentido inverso, permitiría delinear una idea medianamente aproximada de la inseguridad humana, alternativa y superadora de la que propusieron los estados neoliberales en nuestro margen.

El Estado “penal” postmoderno, ha sustituido a aquél “Estado social” que alimentó el imaginario argentino del siglo XX, en términos de progreso indefinido y cohesión social, valores que caracterizaron a una amplia clase media que confería identidad al país respecto de otras naciones latinoamericanas. En la actualidad, vemos que las clases medias, ante el peligro cierto de derrumbe y exclusión, son particularmente permeables al reduccionismo de la inseguridad como mera posibilidad de resultar víctimas de delitos y adhieren en muchos casos, hasta a soluciones vindicativas de justicia por mano propia, olvidando que la violencia ilegítima es imposible de regular15, y que lo que queda del Estado luego de décadas de políticas neoliberales tiene dificultades objetivas para reconstruir el límite simbólico que la separa de “los de afuera”.

También es posible que un “Estado penal”, por sus debilidades intrínsecas y la incapacidad de sus operadores, no pueda sostenerse en el tiempo. Ese sería tal vez el

momento de la “privatización” de las prisiones; acaso uno de los últimos negocios que el capital transnacional lograría consumar a costa de la exclusión y la marginalidad que ha contribuido de manera decisiva a generar.

Pero no es ésta la única estrategia previsible a la que recurrir para estabilizar las relaciones de clase; en lista de espera se encuentra semi diseñada la ideología del control privado de los espacios públicos.

Esta perspectiva se resume, en definitiva, en una concepción alternativa o complementaria al paradigma emergente de la “construcción de cárceles”. Ella consiste en apelar a nuevas tecnologías y elaboraciones de ingeniería social que permitan sobrepasar al estado en su rol específico de depositario de la fuerza legítima, para colocarlo en manos privadas: el “vecino” que vigila. Curiosamente, en la Argentina, estas iniciativas no solamente forman parte del arsenal ideológico conservador, sino que también algunas tendencias desprevenidas del “progresismo” político han dado convalidado instancias “participativas” de difusos límites constitutivos y riesgosos contenidos. Estas últimas, además, se han legitimado y consentido desde organismos estatales que, paradójicamente, tienen a su cargo el manejo y resolución de los temas vinculados a la “seguridad ciudadana”16.

Conceptos tales como “participación popular” y “movilización de vecinos” deambulan también sin demasiado rumbo en el horizonte genéricamente dubitativo de la realidad social, convertidos en un territorio ideológico litigioso, que casi siempre se inclina hacia los postulados teóricos de los discursos represivos y defensistas.

En este contexto global, entonces, es preciso, desde una mirada alternativa, analizar las dantescas “inseguridades” que genera el propio sistema penal y eso está en condiciones de hacerlo solamente un gobierno con convicciones irrenunciables, progresista, respetuoso de los derechos humanos y convencido de la necesidad de obtener una mayor calidad de las instituciones de la República.

Es decir, se impone correr el eje de la discusión de las supuestas “inseguridades” que pretenden ser paliadas desde y mediante el sistema penal, hacia las inseguridades que el propio sistema genera mediante su grosera selectividad.

Más del 90% de los presos argentinos son pobres, y la mayoría de ellos están detenidos por haber cometido delitos contra la propiedad .

A esta altura, es preciso destacar que durante la década de los 90’ el 63% de los delitos en la Argentina eran delitos contra la propiedad, según estudios citados por Lucía Dammert17, y en el año 2001 ese porcentaje ascendía al 66%, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Política Criminal. Este panorama se manifiesta especialmente, además, en uno de los contextos de mayor vulnerabilidad social: el de los jóvenes que cometen delitos contra la propiedad,

Actualmente, la Argentina invierte en funciones de defensa, seguridad y justicia 11.8 mil millones al año, cálculo que no incluye los servicios penitenciarios de las provincias. En el último decenio, el gasto público en las provincias se incrementó a una tasa promedio de del 6,7% anual. Por lo demás, el sistema cuenta con 210.000 efectivos que integran las fuerzas policiales y de seguridad, lo que constituye un promedio 5,82 efectivos cada 100.000 habitantes, en todos los casos mayor que el de los países desarrollados y muy superior en número a las propias fuerzas armadas18 .

Durante los últimos diez años, las observaciones empíricas realizadas en el país han registrado además un aumento constante de la criminalidad convencional. Según datos oficiales, entre 1980 y 1997 el índice de delitos, computados únicamente los reportados, creció a un ritmo del 6% anual, evolucionando de un indicador de 81, 5 delitos cada 100.000 habitantes en 1980 a 230 en 199719.

Algunos pocos datos, sin embargo, alcanzan para iniciar un abordaje sociológico criminal de esta problemática en orden a su elocuencia:

"Entre los factores más analizados sobre la delincuencia es la edad de los victimarios. El incremento de la delincuencia juvenil e infantil presentan un serio problema social; en Argentina el porcentaje de inculpados menores de 21 años creció en forma sostenida desde 1995. De igual manera, la proporción de inculpados menores de 21 ha crecido entre 1991 y 1997 en una tasa promedio anual de 2,1%, pero en el período 1995-97 este crecimiento adquirió rapidez alcanzando el 7,8 % anual" 20.

Estas cifras son particularmente preocupantes, más aún cuando el 42% de las sentencias de 1999 fueron para ciudadanos entre 18 y 25 años21 . Otro dato a considerar es que el 47% de los imputados en 1997 tenían entre 18 y 29 años y el 9,8% tenía menos de 18 años22. Finalmente, la edad promedio de los internos en las cárceles a nivel nacional ha bajado notoriamente; en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires la misma ha pasado de 31 años en 1984 a 21 años en 199423, y se estima actualmente en 1924 ;>. Por otro lado, el nivel de instrucción de los delincuentes es una variable crucial a la hora de caracterizar a estos grupos sociales. En el período 1996-1999 el porcentaje de inculpados con nivel educativo inferior al secundario (analfabeto, escasa y primaria) superó el 91% en todos los años a nivel nacional y en las provincias25. Mientras tanto, los estudios más recientes revelan que en la Argentina sólo se denuncian el 30% de los delitos, de los cuales un 80% son autores desconocidos, por lo que queda sólo un 6% del guarismo original; de ese 6% son condenados sólo un 50% y de ese 3% sólo el 20% (0,6%) cumple prisión efectiva26; de esos sujetos prisionizados, con una edad promedio de 19 años, entre el 50 y 80% 27 está privado de libertad por la comisión de delitos contra la propiedad. Este es un contexto de profunda inseguridad que está generado por el propio sistema penal con su actual funcionamiento.

Por ello es dable considerar que la búsqueda de soluciones viables y efectivas en la “lucha contra la criminalidad” implica el reconocimiento de que la respuesta penal no puede valorarse como la única alternativa de enfrentamiento de una situación problemática que ha alcanzado niveles sin precedentes, aunque en manera alguna debe

ni puede subalternizarse o subestimarse. Por el contrario, debe actualizarse, operativizarse y optimizarse a fin de que sus instrumentos actúen como factor de cohesión social, logren un mayor apego a las normas, materialicen la garantía de la igualdad ante la ley y posibiliten la construcción de un orden aceptable derivado, precisamente, de lo que se ha denominado modernamente en criminología “tomar el delito en serio”, considerándolo como un problema que afecta a la sociedad en su conjunto sin distinción alguna.

Debe tenerse en cuenta que, una socialización plausible de los ciudadanos, concordante con los esquemas de valores socialmente aceptados, posibilita un fenómeno de internalización individual de dichas normas, lo que genera a los efectos de la actuación social una traslación del control conductual grupal externo a un control personal volitivo, significando esto el desarrollo en el sujeto socializado de una regulación comportamental interna condicionada por la toma de conciencia del “deber ser” y no solamente por el temor a la coerción o al castigo.

La visión ampliada de la Política Criminal es empleada cuando el concepto se asume como la reacción socio-estatal ante la criminalidad, como las diversas formas de respuesta que desarrolla el Estado y la Sociedad Civil contra el fenómeno delictivo. La política criminal desde una perspectiva criminológica tiene un sentido mucho más amplio: incluye desde luego las políticas jurídico-penales pero también otras políticas sociales que tienen relevancia para la prevención y la intervención en el fenómeno delictivo.

En esta dirección, resultará una tarea prioritaria la articulación de estrategias de política criminal coherentes y unitarias que comprometan interdisciplinariamente a todas las áreas del Estado vinculadas al fenómeno de la delincuencia y la desviación, y a la sociedad en su conjunto. El Estado no debe compartimentalizar sus decisiones en términos de política criminal, porque ésta, a su vez, es parte de una sola política y porque la fragmentación acerca a la frustración.

El abordaje de los aspectos conflictivos que incidan sobre la seguridad objetiva o subjetiva de los ciudadanos deberá concebirse estratégicamente como un todo armónico, sin fisuras ni arrestos voluntaristas o espasmódicos. La clave de su éxito posible radica en su coherencia y su persistencia en el tiempo.

Todos los recursos operativos del Estado deben interactuar coordinadamente en esta nueva concepción. La misma debe atender a las particularidades de las causas que contribuyen a la generación de las conductas delictivas y articular diagnósticos y propuestas operativas que deben inexorablemente atender a esas singularidades sociales. Pero, por sobre todo, el sistema en su conjunto debe apartarse gradualmente de su selectividad histórica, respecto de los grupos sociales de infractores y las infracciones sobre las que se estructuran hasta ahora las estrategias de prevención, disuasión y conjuración de los delitos. Esta es una clave inexorable, de la que se desprenden medidas factibles en el plano de la gestión pública en materia de seguridad.

En el mediano y largo plazo, esas estrategias podrían incluir las siguientes medidas:

 

• Promover reformas sustanciales en el Código Penal, a fin de revertir la connotación claramente selectiva de la criminalización primaria en la Argentina

(analizar, por ejemplo, la incidencia de la reincidencia en decisiones privativas de libertad por la comisión de delitos menores en comparación con las penas previstas para delitos tales como el fraude a la Administración Pública, el enriquecimiento ilícito, los daños ambientales, la usura, los apremios ilegales, etcétera).

• Propender a la modificación del sistema de enjuiciamiento y persecución penal, impulsando proyectos integrales de reforma de los códigos procesales penales de las Provincias y la Nación, con la consagración de institutos similares. Fundamentalmente, en lo que atañe a la instauración de sistemas acusatorios, instrucción penal a cargo del Fiscal dirigiendo a la Policía en función judicial o en coordinación con ésta (dependiendo del grado de consenso que en cada jurisdicción provincial tengan las fuerzas policiales), principio de oportunidad, jueces de control o de garantías, imprescindible unificación de los criterios de restricción de la libertad en todas las jurisdicciones, juicios directos para el caso de delitos flagrantes, salas unipersonales de enjuiciamiento y juicio por jurados como forma impostergable de participación popular en la administración de justicia.

• Impulsar estrategias de intervención y prevención de la violencia doméstica en todo el país.

• Proponer la modificación integral y puesta en funcionamiento de sistemas superadores de persecución y enjuiciamiento por faltas y contravenciones, mediante procedimientos más ágiles profundamente ajustados al paradigma de la Constitución.

• Derogación y/o modificación de las normas de Facto de las Policías para adaptarla a una estructura policial de consenso, compatibles con el programa de la Constitución.

• Es necesario jerarquizar a las policías, incluso desde lo salarial, y convertirlas en verdaderas policías comunitarias. El gran peligro de los aparatos de poder lo constituyen las policías comunes, cuando se autonomizan. De este modo reciben el poder que otrora era de las fuerzas armadas y comienzan a protagonizar nuevas versiones de asonadas contrainstitucionales en las que, si bien no asumen el poder formal, están igualmente en condiciones de derrocar gobiernos por el desgaste que a los mismos ocasiona su propio accionar (tal el caso de Río de Janeiro o los sucesos de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo). Sería necesario permitir que se sindicalicen para limitar el poder de las superestructuras y darles salarios y condiciones dignas de trabajo. De lo contrario, esta situación evolucionará hacia el aumento de las contradicciones entre los sectores excluidos. Criminalizados, victimizados y policizados provienen del mismo sector social excluido. El fomento de la violencia entre ellos es funcional al mantenimiento de sus condiciones de exclusión. En tanto se agredan mutuamente no tomarán conciencia de su situación y no podrán aliarse y lograr un protagonismo político consistente y unitario. Estamos ante una nueva forma de controlar socialmente, por el miedo y por la violencia, a la masa de pobreza generada por los sucesivos programas de contracción económica.

La técnica de control social de los excluidos no consistirá en rodear las villas con efectivos de seguridad, sino en lograr que se maten solos. Del resto de la sociedad se encargan los mensajes apocalípticos sobre incontrolabilidad del delito y la

necesidad de emprender una “lucha” contra los delincuentes. Es lo que no es fácil entender si se sigue pensando con categorías propias del siglo pasado.

• Por lo tanto, si se sindicalizan las policías, por su extracción social y por su experiencia directa con la realidad cotidiana, producirían un cambio indudablemente profundo a mediano plazo. El problema es que hoy hablan por sus cúpulas y si éstas se corrompen, es porque las estructuras les exigen que lo hagan. Una discusión horizontal de las condiciones de trabajo podría modificar sustancialmente esta situación.

• Fuerte modificación unitaria de los planes de estudio de las policías, que deberá incluir la consulta a académicos, criminólogos, juristas, tendiente a la implementación de plexos armónicos que, por ejemplo, contemplen asignaturas tales como la conflictología (a fin de lograr la internalización de lógicas no binarias de resolución de conflictos) y recorran las distintas escuelas criminólogicas, acotando el paradigma biologicista que primara históricamente en la formación policial argentina.

• Despliegue de estrategias de prevención situacional adaptadas (con rigor teórico y científico) a las diferentes formas mediante las que se expresan la criminalidad o las conductas desviadas en cada zona de las distintas ciudades y centros urbanos.

• Redefinición de estrategias tendientes a la unificación y coordinación de los diversos actores institucionales y sociales involucrados, a fin de evitar dispersión de esfuerzos, medidas contradictorias o inocuas.

• Creación de Consejos Consultivos de Seguridad, con representantes de los distintos ministerios y agencias del estado, de los poderes legislativo y judicial, y de ONGs calificadas, que permitan un abordaje interdisciplinario de la cuestión, sobre todo en materia de prevención general.

• Proponer la unificación de las estrategias destinadas a mejorar la seguridad pública, estableciendo una política criminal para infractores juveniles y adultos bajo una única órbita institucional.

• Mantener las propuestas de modificación de la legislación penal de la minoridad, a fin de lograr una legislación compatible con los pactos, convenciones y tratados internacionales y, fundamentalmente, un sistema de responsabilidad juvenil que se exprese en un juicio justo, bajo los preceptos del debido proceso y las garantías de defensa en juicio.

• Evitar la superpoblación en lugares de detención y encierro institucionales, acotando las facultades administrativas discrecionales de traslados de reclusos y respetando en la medida de lo posible la cercanía de los internos con su región de pertenencia y su núcleo familiar, teniendo en cuenta, según ya se expresara, la aptitud criminogenéticaque alcanza la articulación de nuevos vínculos entre familiares o allegados de los internos e infractores residentes en el lugar de asentamiento de las cárceles.

• Propender a la modificación de la estructura castrense de los servicios penitenciarios, tendiendo a una mayor profesionalización e incidencia de cuadros civiles en los mismos. Los nuevos funcionarios de prisiones deberían ser formados en ámbitos académicos con una concepción superadora de la noción de

seguridad, de la pena privativa de libertad, de los derechos fundamentales de los reclusos, de la reinserción social y de su propio rol, entre otros aspectos.

• Impulsar la modificación de las leyes que regulan los Consejos de la Magistratura en todas las jurisdicciones, con los siguientes objetivos comunes: a- cumplir acabadamente con el mandato constitucional que obliga a realizar concursos de oposición y antecedentes, los que deberán llevarse a cabo en todos los casos con una integración distinta (al menos en el fuero penal) que contemple la participación de Profesores calificados de Universidades y b- modificar los puntajes a asignar por títulos de posgrado en relación, por ejemplo, a los de residencia, como existe en algunas provincias, con un fuerte menoscabo de la actualización, solidez científica y calidad institucional de las agencias judiciales. En cuanto al poder judicial, creo que la selección por concurso cambiará notoriamente su perfil y su autonomía le daría mayor margen de independencia funcional.

• Despertar la conciencia jurídica hacia la verdadera función de lo judicial, que es de contención y de vigilancia de las agencias ejecutivas.

• Promover estudios que ayuden a establecer el impacto de la prédica y el tratamiento que los medios de comunicación confieren a la cuestión criminal sobre las percepciones de inseguridad y de delincuencia. Esos estudios, realizados en el marco del más irrestricto derecho a la libertad de expresión, deberían necesariamente incluir a los propios medios a fin de que comprendan la gravitación de su cometido, apelando a instancias de seguimiento, autocontrol y autocrítica. En ese marco, analizar especialmente la influencia y dañosidad social que ocasiona a los ciudadanos que viven en comunidades alejadas de las grandes ciudades, la extrapolación invasiva de un discurso mediático basado en realidades criminológicas manifiestamente distintas.

• Utilizar los programas existentes –sobre todo en el extranjero- para educar en contra del miedo y sobre la seguridad.

• Calificación y actualización dinámica y permanente de los operadores del Poder Judicial.

• Generación de espacios de capacitación preferentemente en las universidades, con posibilidad de asistencia de todos los actores involucrados en cuestiones de seguridad, incluyendo naturalmente a los miembros de las fuerzas policiales, especialmente para articular recursos referentes a mediación y justicia restaurativa. Sería interesante también habilitar experiencias piloto de mediación a cargo de policías capacitados y pasantes de facultades de derechos convenientemente entrenados o abogados jóvenes de la matrícula en las propias comisarías, con control del ONGs.

• Trabajo permanente y conjunto con recursos académicos de las universidades y con la comunidad organizada horizontalmente, para llevar a cabo investigaciones cualitativas, tendientes a conocer mejor la realidad de la delincuencia y de quienes delinquen, y su percepción del mundo.

• Operar de manera unitaria y coordinada en temas político criminales, entendiendo que la política criminal moderna excede la política penal, y debe construirse con herramientas jurídico penales, sociales, educativas y laborales, evitando la confusión entre estrategias de asistencia social con tendencias de por sí criminalizadoras.

En el corto plazo (estimativamente 1 año), sería factible gestionar las siguientes medidas:

• Operar fuertemente para disminuir la sensación de inseguridad instalada socialmente, en la inteligencia de que solamente el cumplimiento de ese objetivo permitiría la estructuración y puesta en práctica de planes de gestión en el mediano y largo plazo: el humor social hace imposible la extensión de créditos que excedan plazos realmente perentorios.

• Optimizar las pesquisas de determinados delitos, recuperando el papel de los gobiernos locales y provinciales, reconociendo que tanto la prevención del delito como la seguridad en las comunidades representan un derecho (en lo que deben coincidir necesariamente las unidades de gestión ocupadas de esta problemática) y una cuestión determinante que hace a la calidad de vida de la gente; por lo tanto es necesario, en orden a estos aspectos, trabajar más allá de los límites jurisdiccionales de manera horizontal y vertical; advertir el papel crucial de liderazgos políticos asentados sobre consensos legítimos (entendiendo al consenso como la posibilidad de generar tendencias que se arraiguen en las masas); generar estrategias consensuadas adaptadas a las necesidades locales a partir de diagnósticos criminológicos fiables y planes precisos; fortalecer las capacidades; desarrollar permanentemente herramientas e instrumentos dentro del marco de la ley y la Constitución. Todo esto debe contribuir a lograr comunidades seguras y vigorosas, apuntando a restablecer estándares de orden y seguridad compatibles con una convivencia armónica. Para ello es menester estudiar en el corto plazo los patrones que muestran la incidencia de problemas sociales y económicos en un determinado barrio o comunidad, así como por la delincuencia, el desorden y la victimización, cuya evaluación debe quedar a cargo de criminólogos que deben poner en práctica estrategias de prevención dentro del plazo propuesto de un año, lo que es absolutamente factible. Se sugiere tomar en consideración conclusiones y estudios comparativos relevados por instituciones de indudable prestigio, como por ejemplo el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad.

• En esa inteligencia, y con las pautas cognitivas precedentemente citadas, intervenir en la prevención de delitos particularmente violentos e intimidatorios, por caso, el robo de viviendas y los robos armados. En estos casos, aprovechar experiencias internacionales como por ejemplo, las llevadas adelante en Inglaterra por el “Grupo de trabajo sobre el desvalijamiento residencial” (Domestic Burglary Task Force), en el País de Gales, Países Bajos o Canadá. En este caso, sería factible realizar proyectos piloto en zonas críticas, celebrando convenios con los organismos internacionales o universidades involucradas en la temática en dichos países.

• Mantener y potenciar los organismos de investigación y persecución penal en el caso de secuestros, poniendo especial énfasis en evitar fenómenos de desplazamiento de estos delincuentes hacia el interior del país, donde por diversos factores convergentes (históricos, familiares, relacionales, demográficos, ambientales o ecológicos) podría instalarse con éxito esta modalidad delictiva.

• Atento a la situación particular que involucra a jóvenes de zonas marginales en la comisión de delitos predatorios de los que resultan víctimas personas de similar extracción social, la pronta intervención estatal debería poner en práctica políticas sociales, educativas y municipales, adoptadas de manera coordinada, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación entre adicciones y delincuencia. Esa intervención debe asumir estilos absolutamente diferenciados del clientelismo político y sus formas de degradación y extorsión social, que muchas veces explican y reproducen las conductas disvaliosas que supuestamente pretenden prevenir. Mientras tanto, como en todos los casos, la puesta en vigencia de tácticas de prevención aplicadas debe ser prioritaria y urgente. Con la misma finalidad, es posible articular políticas de acercamiento consensuadas con organismos de otros gobiernos federales, en la entera convicción de que este trabajo es susceptible de ser puesto en práctica en el corto plazo (porque además así lo aconseja la realidad objetiva) y que la prevención es una inversión cualitativamente superadora no sólo del castigo, sino también de tácticas de prevención situacional que, por sí solas, se agotan en el tiempo.

• Fortalecer la seguridad en las escuelas, que por su heterogeneidad social despiertan una gran sensación de temor en niños y adultos (sobre todo padres) que habilita proclamas draconianas, priorizando a esos fines enfoques proactivos, programas de contención tempranos y urgentes, en lo posible iniciadas antes de la adolescencia. Para ello, con análoga mecánica, es conveniente rescatar experiencias internacionales exitosas publicadas también por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad.

• Evitar el deterioro de determinadas zonas de las ciudades. El cuidado permanente de ciertos ámbitos físicos conflictivos disuade a los delincuentes y disminuye las oportunidades de comisión de delitos.

• Evitar que el Estado contribuya a la creación de zonas críticas como lamentablemente lo ha hecho hasta ahora, a través de ciertos criterios y diseños en la construcción de colectivos barriales que, desde una perspectiva ecológica, terminan generando situaciones inéditas de conflictividad.

• Rediseñar el abordaje de la nocturnidad en las ciudades a fin de evitar situaciones de mayor conflictividad protagonizadas por menores de edad, especialmente en lo que hace a adicciones, agresiones y accidentes de tránsito.

• Acentuar mediante estrategias situacionales la prevención primaria en el ámbito rural, reasignando los recursos disponibles y creando nuevas formas solidarias de comunicación, autoprotección y heteroprotección entre los productores, atendiendo a que el crecimiento de la oportunidad para delinquir, está generando la perpetración de delitos novedosos o no convencionales (hurto de colmenas, herramientas, agroquímicos, asaltos a mano armada, etc).

• Presencia policial operativa. Racionalizar en cuanto a sus efectivos las dependencias administrativas y volcar esos efectivos a las comisarías, para realizar tareas dinámicas inherentes a la prevención, disuasión y conjuración de las conductas desviadas. Esto debe permitirse una vez que se actualicen estudios psicofísicos fiables de los cuadros, a fin de acotar los riesgos emergentes de “sacar gente a la calle” de manera voluntarista y sin datos precisos respecto del estado de salud de los mismos. Algunos estudios 17

realizados, recogidos de una investigación sobre victimización de agentes penitenciarios realizado en la Universidad Católica de Pelotas, puso de relieve circunstancias preocupantes en la fuerza policial, que deberían ameritar esas constataciones previas.

• Tomar en cuenta que los delitos convencionales (llamados también “de calle” o de “subsistencia”), aunque resultan extremadamente sensibilizantes y deben ocupar los primeros esfuerzos estatales, no agotan la sensación de inseguridad ni la inseguridad objetiva. Por lo tanto, proponemos fuertes estrategias de prevención y desarticulación de delitos de cuello blanco que, además de la intrínseca justicia de la medida, permitirían revertir la sensación generalizada de selectividad del sistema y permiten la relegitimación del mismo. La usura, por ejemplo, podría acotarse no solamente con la imposición de penas más severas sino con la creación de registros obligatorios de los contratos de mutuos. Los organismos de contralor deberían redoblar sus esfuerzos respecto de los delitos contra la administración pública. Las agencias policiales y administrativas de defensa civil podrían operar fuertemente respecto de los delitos ecológicos o de envenenamiento del medio ambiente. Las policías, los municipios, las asociaciones de defensa civil, las ONGs y demás organizaciones sociales podrían operar fuertemente respecto de la violencia doméstica, los delitos contra el medio ambiente, y los delitos imprudentes.

• Realización de Estudios de Victimización (estos estudios deberían abarcar especialmente los procesos de victimización de las fuerzas de seguridad, al menos como muestreos ilustrativos, y especialmente abordar cuantitativa y cualitativamente la violencia doméstica).

Es conocida y admitida en todo el mundo la escasa fiabilidad de las encuestas y estadísticas judiciales y policiales en materia de delitos. Esto es así, no solamente porque, como lo admiten muchos criminólogos, existen detectadas etapas, motivaciones y modalidades de manipulación de los datos, sino porque las mismas únicamente trabajan con los delitos reportados (que no incluyen la denominada “cifra negra” de la criminalidad), y porque los a veces intrincados mecanismos judiciales contabilizan de manera particular las causa “NN”, las prescriptas, las incidentales o las que no se investigan. Pero además, estas muestras cuantitativas empecen, por ejemplo, a la necesidad social básica de conocer con un grado de probabilidad cierta si el delito aumenta o disminuye en un determinado ámbito temporal y espacial, las fluctuaciones de determinadas modalidades delictivas o de violencia social, el estado y evolución de la seguridad urbana “objetiva” y “subjetiva” (esto es, la sensación de inseguridad basada en factores ajenos a la propia victimización de las personas). A partir de la elaboración de las mismas podrá contarse con elementos objetivos de constatación que permitan articular, de acuerdo a las distintas realidades criminológicas, estrategias razonables y adecuadas de política criminal.

Sobre la reserva consignada entre paréntesis, es preciso poner de relieve que cualquier política criminal debe reconocer que las medidas que se adopten pueden ser efectivas en algunos lugares y no en otros, respecto de determinados colectivos y no de otros, y en algunos momentos pero no en otros.

Por lo tanto, cualquier “mapa del delito” debería tender a considerar también los resultados de estos estudios.

• Evitar la homogeneización social: En los barrios denominados “mixtos”, donde junto a gente marginal convive gente trabajadora y de clase media, las primeras tienen más oportunidades de asumir valores convencionales y de acceder al trabajo y a la cultura del trabajo. Se debe tratar de evitar intervenciones de los poderes públicos dirigidas concentrar a personas en situación de marginación social en determinados espacios de la ciudad, de manera que esos grupos pudieran resultar mayoritarios.

• Ayudar a las personas más carenciadas: Los poderes públicos deben intervenir para proteger socialmente y para dar oportunidades de formación a las personas en condiciones de pobreza, pero evitando la dádiva y/o el clientelismo, sino apuntando a que esa ayuda coadyuve a que esa gente reasuma valores convencionales de clase media o trabajadora. Si no, se transforma esa ayuda en una beca que asegura un piso de subsistencia y tiempo libre para delinquir. La asistencia estatal debe estar controlada por ONGs.

• Fomentar el asociacionismo: En la medida en que aumentan las estructuras de relación en el barrio, en especial las que vinculan a personas adultas y jóvenes, se genera mayor nivel de cohesión social, produciendo mayor transmisión de valores convencionales y mejorando el nivel de control informal.

• Incrementar la vigilancia. Las anteriores medidas de prevención social deben ir acompañadas de medidas de prevención situacional, incrementando el nivel de vigilancia de los puntos negros de la delincuencia, evitando que el lugar aparezca a los potenciales delincuentes como de “bajo control”.

• Sin perjuicio de lo expuesto, es menester tener a la mano la posibilidad de aplicar estrategias parcialmente diversas en la medida en que nos encontremos ante lo que la criminología ha denominado “subculturas delictivas”, con una delincuencia expresiva y no instrumental, por ende más violenta y mucho más difícil de remover mediante estrategias de prevención social. Para ello, la prevención situacional (mayor vigilancia policial) debe intensificarse, incluso apelando a la disuasión como paso previo a la conjuración de los delitos que eventualmente cometan estos grupos.

• Lograr la suficiente cohesión y compromiso interno para obtener el diseño de propuestas lo suficientemente claras e inequívocas que impidan alteración o sustitución por discursos o conductas meramente gestuales, populistas o demagógicas que en la práctica signifiquen una desnaturalización cuando no una modificación encubierta de las mismas, hasta lograr incluso finalidades antagónicas respecto de las que las inspiraran.

• Capacitación de los operadores del sistema en cada jurisdicción ,en temas criminológicos y político criminales.

• Unificar las pautas o estándares procesales respecto de los criterios de restricción de libertad en las distintas jurisdicciones provinciales, o al menos por regiones. Este aspecto es fundamental por su incidencia en términos político criminales y criminológicos. Sería imposible establecer medidas coordinadas entre distintas jurisdicciones si la misma conducta permitiera distinto tratamiento en cada una de ellas en lo que atañe a las restricciones de libertad, y mucho más complejo aún, prever la tendencia de los indicadores de prisionización a futuro si no se unifican estos parámetros. Esta última cuestión, además, debería influir razonablemente sobre los

criterios a seguir respecto de los lugares de instalación de establecimientos de detención.

• Racionalizar y limitar los criterios administrativos que inciden en el traslado de los presos, no solamente por las implicaciones que en orden a los derechos fundamentales de los reclusos adquieren dichas decisiones, sino porque el traslado de internos/as a lugares extraños de procedencia hace que el núcleo de relaciones de los mismos se afinquen en las zonas donde esos presidios están instalados, se vinculen con infractores locales y potencien la conflictividad de esos lugares.

• Diferenciar la forma en que se expresa la criminalidad en las zonas más populosas y en el interior del país, para instrumentar con sujeción a esa distinta realidad las estrategias de prevención, disuasión y conjuración de delitos.

• Crear con los planes sociales actualmente en vigencia, cuerpos de preventores comunitarios, que deberán cumplir tareas de prevención acotadas, con un entrenamiento y capacitación previas a cargo de criminólogos y expertos en seguridad determinados por la propia Dirección.

* Docente de grado y postgrado de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), República Argentina.

 

 

http://www.carlosparma.com.ar


 

 

1 Conf. Martín, Adrián Norberto: "El miedo a la relación con el "otro" como política de control social", Ponenecia presentada en el II Seminario de Derecho Penal y Criminología, realizado los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2002 en la UNLPam

2 Conf. Wagman, Daniel; “Los cuatro planos de la seguridad”, Ponencia presentada en el Congreso “Política Social y Seguridad Ciudadana”, Escuela Universitaraia de Trabajo Social, Vitoria- Gasteiz, 2003, ctualmente disponible en sitio “Seguridad Sostenible”, www.iigov.org/seguridad/?p=17_01.

3 conf. “Encuesta de Seguridad Pública de catalunya”, Edición 2002, Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, p. 182 y 183.

4 PNUD, "Informe sobre desarrollo humano", Capítulo 2: "Nuevas dimensiones de la seguridad humana", 1994.

5 Margalit, Avishai: "La sociedad decente"·, Ed. Paidos, Barcelona, 1997, p. 203.

6 Wacquant, Löic: "Parias Urbanos", Ed. Manantial, Buenos Aires, 2001, p. 42 y ss.

7 conf. Ferraro, Kenneth F., “Fear of the Crime. Interpreting Victimization Risk”, Albany, NY: State University of New York Press, 1995, p. 8)

8 ver Sozzo, Máximo: “Viajes culturales y gobierno de la cuestión criminal”, en prensa

9 Tzitzis, Stamatios: "Filosofía Penal", Legis Editora, Porto, 1994. P. 42 a 53.

10Sanchez, Matilde: "Tres Arroyos: los campos del miedo. Una caldera en la pampa", Suplemento "Zona" del Diario "Clarín", ed. del 20 de mayo de 2001.

11 Villarreal, Juan, op. cit., p. 89.

12 Villanueva Ayón, Miriam: "La seguridad humana: ¿una ampliación del concepto de seguridad global?", en "Argentina Global", Nº 3 (www.geocities.com/globargentina/Vill01.html)

13 Según publicación de la edición del día 1º de setiembre de 2001 del diario “Pagina 12”.

14 Nun, José: "Marginalidad y exclusión social", Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000, p. 31.

15 Elbert, Carlos: "La represión sólo trae más violencia", en diario "Clarín", ed. del 28 de abril de 2001.

16 Jornadas sobre Seguridad y Prevención del Delito organizadas por la Universidad de Mar del Plata, 29 y 30 de junio de 2001

17 "Criminalidad Argentina en los 90s", en Magazine DHIAL, IIG, Nº 7 10

18 Gorgal, Diego: "Modelos Eficientes de seguridad urbana", en Política Pública Nº 4, Fundación Atlas para una sociedad Libre, p. 8.

19 conf Cerro, Ana María; Meloni, Osvaldo: "Distribución del Ingreso, Desempleo y delincuencia en la Argentina", Anales de la XXXIV Reunión de la Asociación Argentina de Economía política, Rosario, 1999, p. 1, disponible en www.aaep.org.ar

20 Cerro, Ana María; Meloni, Osvaldo: Análisis Económico de las políticas de prevención y represión del delito en la Argentina, Eudocor, Córdoba, 1999, p. 21

21 Diario Clarín, edición del 20 de febrero de 2000

22 Diario Ámbito Financiero, edición del 20 de enero de 1998

23 Informe Citara, Buenos Aires, 1995.

24 conf. Verbitsky, Horacio: “La tentación de la violencia”, en diario Página 12, edición del 28 de julio de 2002

25 Conf. Dammert, Lucía: "La criminalidad en Argentina de los 90s, en Magazine N° 7, DHIAL, IIG, PNUD

26 Gorgal, Diego, op. cit., p. 8

27 conf. Cerro, Ana María; Meloni, Osvaldo: "Distribución del ingreso, Desempleo y delincuencia en la Argentina, p. 1.