Protección efectiva de víctimas en el marco jurídico penal PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por José Antonio Cabrera   

 


PROTECCIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS EN EL MARCO JURÍDICO PENAL


I. DEFINICIÓN.


Víctima viene del latín victima, y con ello se designa a la persona o animal sacrificado o que se destina al sacrificio.

En su obra victimología, el maestro Luis Rodríguez manzanera expuso que son múltiples las acepciones del vocablo una en la actualidad, para afirmar que: "...en términos generales

podríamos aceptar que victima es el sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o por causa fortuita...”

La organización de las Naciones Unidas en el VI congreso de prevención del delito y tratamiento del delincuente, en Caracas, Venezuela, en el año de 1980 y en las reuniones preparatorias del VII congreso llevado a efecto en Milán, Italia, en 1985, se planteó que el término "víctima" puede indicar que la persona ha sufrido una pérdida o daño o lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus derechos humanos, como resultado de una conducta que: a) constituya una violación a la legislación penal nacional; b) constituya un delito bajo el derecho internacional que constituya una violación a los principios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente. c) que de alguna forma un clic en un abuso de poder por parte de personas que ocupan posiciones de autoridad política económica. La víctima puede ser un individuo o colectividad, incluyendo grupos, clases o comunidades de individuos, corporaciones económicas o comerciales, y grupos u organizaciones políticas. En este sentido, en el citado VII congreso, fueron propuestas tres hipótesis: a) que la tipificación como "víctimas" debía basarse únicamente sus que la leyes penales nacionales imperantes b) que la tipificación como "víctimas" debería incluir a las personas afectadas por los casos de abuso de poder producidos dentro de la jurisdicción nacional y aún no proscritos por el derecho penal o posiblemente ni siquiera por el derecho civil, y c) que la tipificación como "víctimas" debía incluir a las personas afectadas por las violaciones del derecho penal internacional o las violaciones de las normas reconocidas internacionalmente, relativas a los derechos humanos, la actuación de las empresas, o los abusos de poder económico o político.

En ese mismo congreso se llegó a la conclusión de manejar las víctimas en dos grupos,

definiendo las víctimas de delitos y las de abuso de poder, que se asentaron en la declaración sobre los principios fundamentales de justicia relativos a las víctimas del siguiente modo:

A) víctima de delitos: (artículo 1º). "Se entenderá por << víctimas >> las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder."

B) víctimas del abuso de poder: (artículo 18). "Se entenderá por <<víctimas>> las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos."

En cuanto a la primera categoría, se considera víctima de un delito no sólo a que lo sufre

directamente sino que se incluye además a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa de las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la víctima sanción (artículo 2º).

Las definiciones de corte jurídico, en que se toma en cuenta que el bien afectado esta jurídicamente tutelado o que el comportamiento del victimizado este tipificado por la ley penal, nos llevan a una victimología sumamente limitada. En este tipo de enfoques, la contribución de la víctima no parece tener relevancia, lo que distingue a una víctima de una no víctima, es la tipificación de la conducta agresora por la ley penal.

Es lógico que no podamos tomar como punto de partida la definición jurídica de la víctima, es decir, no parece válido confundir el concepto de víctima con este sujeto pasivo del delito. Se pueden sufrir serios daños por consultas no previstas en la ley como delitos, y sin embargo existir victimización. [1]


II. LA VÍCTIMA EN EL MARCO JURÍDICO FEDERAL.


La legislación federal no contempla a la víctima diferenciándola de los ofendidos del delito, lo cual es trascendente considerando, de acuerdo al marco conceptual antes referido, que son entes jurídicos diferenciados que pueden o no converger en una misma persona.

En este sentido, en el artículo 30 Bis del Código Penal para el Estado de Colima, se establece que:

Artículo 30 Bis.- Tienen derecho a la reparación del daño en el siguiente orden: 1o. El ofendido; 2o. En caso de fallecimiento del ofendido, el cónyuge supérstite o el concubinario o concubina, y los hijos menores de edad; a falta de éstos los demás descendientes, y ascendientes que dependieran económicamente de él al momento del fallecimiento. Y ocurre que, por citar un ejemplo, en los delitos contra la salud en la modalidad de suministro gratuito o venta, existen evidentemente víctimas directamente agraviadas por esos hechos, pero no ofendidos, de manera que esta legislación técnicamente no admite su intervención en el procedimiento relativo para reclamar cualquier naturaleza de indemnización, y aún cuando la ley de Asistencia Social (Federal) establece de la obligación del Estado para proteger a las víctimas, en dichos programas no se atiende a esta naturaleza de víctimas.

III. LA VÍCTIMA EN EL MARCO JURÍDICO PENAL COLIMENSE.

Con fecha 7 de septiembre de 2006 se aprobó la LEY QUE REGULA LA ATENCIÓN Y

PROTECCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO EN EL ESTADO DE COLlMA, misma que fue publicada mediante decreto número 416.

En este ordenamiento se contiene la definición propuesta por la Organización de las Naciones Unidas en el Congreso de 1985 antes enunciado, tomando como sustento la reforma efectuada en el artículo 20 apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el mes de agosto del año 2000.

Así, en los artículos 5º y 6º de este nuevo ordenamiento se dispuso:

“ARTICULO 5°.- Para efectos de la presente Ley se considera víctima del delito Quienes individual o colectivamente han sufrido daño material o moral en su persona o bienes, desintegración social, familiar, o menoscabo substancial de los derechos fundamentales como consecuencia de un delito;

Los familiares o personas que tengan relación inmediata con la víctima directa, que mantengan dependencia económicamente de ésta o que resulten afectados en los aspectos señalados en la fracción anterior, como consecuencia de un delito ; y

Las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.”

“ARTICULO 6°.- Se entiende por ofendido a la persona que conforme a la Ley tenga derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito.”

De acuerdo a los anteriores enunciados, existe una clara distinción entre la víctima y el ofendido del delito en nuestro Estado.Por su parte, el Código Penal para el Estado de Colima establece, en su artículo 37, específicamente:

ARTICULO 37.- En orden de preferencia, tienen derecho a la reparación del daño:

I.- El ofendido;

II.- El cónyuge o concubino y los hijos del ofendido;

III.- Las personas que dependen o hayan dependido económicamente de él; y

IV.- Los herederos del ofendido.

Con lo que, al no haberse actualizado la legislación penal, la víctima ha quedado relegada en el marco jurídico penal.

Debe puntualizarse que esta circunstancia no es ajena a la legislación de otros Estados. En el Código Penal para el Estado de Jalisco se recoge la misma fórmula, en su artículo 98:

Artículo 98. En orden de preferencia, tienen derecho a exigir la reparación del daño:

I. El ofendido;

II. El cónyuge y sus hijos menores de edad o mayores de edad incapacitados;

III. Los ascendientes;

IV. La concubina o el concubinario;

V. Los que dependan económicamente del ofendido;

VI. Los descendientes del ofendido; y

VII. La asistencia social.

Y con ello se dejan de observar los derechos que para las víctimas establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los propios ordenamientos surgidos en razón de sus reformas ya mencionadas.

En el ordenamiento procesal ocurre un fenómeno similar en el Estado de Colima, al establecerse en el Libro Primero, título Segundo “Sujetos procesales”, en el capítulo IV, a “LOS OFENDIDOS”, dejando a la víctima sin la posibilidad de ocurrir al procedimiento a deducir sus posibles derechos para coadyuvar en el reclamo de la reparación del daño que hubiese sufrido por la ocasión del delito.


III. PROBLEMÁTICA.


Advertimos que tenemos dos problemas, uno que parte de la propia Ley que regula la atención y protección a la víctima y otro atinente a la legislación penal.

El primero consiste en que no se atiende a lo establecido en la Organización de las Naciones Unidas, en cuanto a que el concepto de víctima, incluye al que sufre como consecuencia de actos del Estado y que no figuran concretamente en el catálogo punitivo como “abuso de autoridad”.

De esta naturaleza de víctimas son las que sufren los efectos de la detención de la cabeza de

familia, los moradores de las fincas que son objeto de diligencias de cateo; las empresas que cierran temporalmente como consecuencia indirecta de actos de autoridad, por ejemplo, cuando se autorizan marchas o manifestaciones públicas (cuestión que no es común en nuestro Estado, por cierto).

En cuanto a las cuestiones que corresponden a la legislación penal específicamente, en el Código Penal para el Estado de Colima se contemplan delitos como CORRUPCIÓN DE MENORES, ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA, LENOCINIO, entre otros, en que aún existiendo víctimas, al ser el Estado o La Sociedad el ofendido, técnicamente no pueden ocurrir al procedimiento y menos aún a reclamar el pago de la reparación del daño. Ello en virtud de que no son parte ofendida en esos asuntos.


CONCLUSIONES:


Consideramos que debe sumarse a la legislación local, y en su caso, a la generalidad de

ordenamientos estatales y federales, el concepto de víctima, a aquellas personas que sufren a consecuencia de actos del Estado.

Que en los Códigos tanto sustantivo como adjetivo, debe darse la intervención a la víctima, en los mismos términos que actualmente se concede a la parte ofendida del delito, en los casos en que ambos conceptos no confluyan en la misma persona.

[1] Victimología. Rodríguez Manzanera, Luis; Editorial Porrúa, 8va. Edición, México,2003. Policía de Procuración de Justicia del Estado. 65-67


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