Nuevos sujetos procesales: Agente encubierto. PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por David Mangiafico   

 


NUEVOS SUJETOS PROCESALES


AGENTE ENCUBIERTO


.MEDIOS DE PRUEBA.


El objeto del proceso penal es siempre un hecho atribuido a una persona como configurativo de un delito. Basta con esa hipótesis sustentada en una mera sospecha, para que, en los delitos de acción pública, lo órganos predispuestos por el Estado –policías y preventores en general, Ministerio

Público y Juez de Instrucción- tengan la obligación de desplegar la actividad enderezada al comienzo de la tarea instructoria. La conclusión a que se llegue, en torno a la realidad de esa sospecha, depende de la prueba. En el proceso penal se necesita certidumbre en grado de apodíctica, es decir, un hecho debe tenerse por cierto cuando las pruebas asumen aptitud para animar la convicción de la imposibilidad causal de que las cosas hayan sido de un modo diverso a aquel que se sostiene. En ese marco tenemos a la plena prueba que supone la eliminación de toda duda racional1. Sin embargo, aunque no se adquiera certeza apodíctica sobre el hecho, pero siembre que la sospecha inicial no se desvanezca sino que se vaya consolidando y de la hipótesis se pase a la probabilidad resulta posible tomar resoluciones, tal sería el caso de la elevación a juicio, resolución

que requiere para se tomada, sólo que existan ‘’elementos de juicio suficientes para considerar que existe un hecho delictuoso, y que además el imputado es partícipe.’’

La prueba debe cumplir con ciertos requisitos para ser admitida en juicio, a saber, debe ser pertinaz, idónea y debe poseer relevancia en relación objetiva y subjetiva al hecho y a sus autores. En este marco quedan incluidas las medidas determinantes del concepto que merece el procesado,

como asimismo su personalidad moral y las circunstancias que pudieron llevarlo a delinquir.

En nuestro ordenamiento es común denominar a los medios para llegar a la obtención de la prueba, como las regulaciones establecidas para posibilitar el acceso al objeto de la prueba. Es, al decir del maestro D’Albora, actividad procesal referida a una cosa o persona sobre la cual recae la percepción judicial. Todo el Título III de nuestro Código Procesal Penal de Nación está destinado a regular los medios de prueba, y esto deja a entrever las circunstancias de no contar con exigencias legales prefijadas, sino que queda sujeto a la libre convicción del juez extraer su existencia del material colectado. Claro está, que esta circunstancia no significa en modo alguno que en este sistema pueda prescindirse de la comprobación plena de la existencia del delito para poder llegar a una conclusión condenatoria, sino que la forma de obtener ese conocimiento por el juez difiere en razón del sistema de valoración de la prueba2. Siempre rigen la imposibilidad de que se afecte la moral, la libertad personal de los intervinientes o de terceros o que no estén expresamente prohibidos para el caso.

Debido a esta particular circunstancia de política legislativa, afirmamos que la presencia de algún medio probatorio, que carece de regulación legal, no puede ser descartado, si resulta pertinente, para

comprobar el objeto de la prueba. De ahí que la declaración de testigos bajo reserva de identidad3 y la inclusión de agentes encubiertos no sea descartable. Es importante destacar, que hasta el momento el único ordenamiento que prevé estas situaciones, impone distinguir entre dicho testimonio como medio y como fuente de prueba; y se concluye, que como medio de prueba, por sí sólo no posee entidad suficiente como para llegar a una condena, pero como fuente se los considera computables porque sin lugar a dudas, la previsión de la ley a que hacíamos alución en el párrafo anterior, torna lícita su incorporación.

Para algunos autores la libertad probatoria implica libertad de medios y de objeto de prueba, salvo, claro está, las expresamente prohibidas por la ley ritual o de fondo, y también las violatorias del orden jurídico establecido, el cual contiene la garantías procesales receptadas tanto en la constitución como en los tratados internacionales.

El principio puede expresarse como una regla general: “Todo se puede probar y por cualquier medio, salvo las taxativas prohibiciones o limitaciones que establezca la ley, que además siempre son excepcionales4.” Es. Decir, que se deja toda la libertad al juez para admitir todas las

pruebas que estime útiles para el esclarecimiento de la verdad real, y por ello surge del artículo 340º del Código Procesal Penal de Mendoza y del artículo 193º del Código Procesal Penal de la Nación, cuando ordena al Juez de Instrucción la “la investigación de los hechos que aparezcan cometidos…”. De todo esto podemos inferir que el fin inmediato es la averiguación de la verdad real, de tal manera que se le pusieran obstáculos para alcanzarla, se frustraría el fin del proceso y el castigo al verdadero culpable, la absolución del inocente5. Confirmando la regla con argumentos legales, contamos con el artículo 194º del Código Procesal Penal de la Nación que versa: “La instrucción formal tendrá por objeto: comprobar si existe un hecho delictuoso, mediante todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad”, pudiéndose afirmar entonces que el Código establece legislativamente la libertad probatoria. Opina Dosi, que este es un principio de carácter general y orientador que incluye tanto a los medios expresamente previstos por ley, como los que el juez estime conveniente utilizar “legibus solutus”.


.NUEVOS MEDIOS DE PRUEBA.


Llegando al tema que nos compete con motivo de la presente reforma procesal, y de la correlativa inclusión por la misma de estos nuevos y a veces llamados extraordinarios medios de prueba, es de suma importancia tener en claro, que si bien existen sobrados argumentos que permiten con

buen criterio hacer uso de estos medios sin caer en una vorágine de delitos cometidos por el mismo Estado, es de suma importancia hacer referencia a las posturas que defienden con gran rigorismo formal y material que aparecen sustentados en teorías como la del fruto del árbol envenenado, la que básicamente hace alusión a la prueba ilícita, o sea, la que es obtenida como fruto de un delito, que por supuesto, aumenta su gravedad en caso de tratarse de la violación del sistema garantista que el mismo Estado se compromete respetar en la carta magna, la cual ha hecho surgir una profusa

jurisprudencia de la Corte Suprema6 y se encuentra además bien explicadas en obras como la de Francisco J. D’Albora.

Por nuestra parte pensamos que no surge de la ley la necesidad de haber agotado todas las medidas de prueba para ordenar la utilización de agentes encubiertos o de testigos anónimos y otros medios probatorios no enumerados hasta el momento. Por el contrario, dicha decisión es una medida que debe surgir de la propia discrecionalidad del magistrado instructor, que con el debido equilibrio y respecto por las garantías procesales puede arbitrar los medios que la misma ley le otorga para llegar a la verdad real. Por otra parte, el empleo de agentes encubiertos no es por sí mismo inconstitucional, salvo que el infiltrado hubiese producido el crimen persuadiendo a inocentes

a cometerlo7. “ Si algo ha caracterizado al agente encubierto es su compatibilidad con garantías y derechos individuales consustanciales con el estado de derecho…8”.


.AGENTE ENCUBIERTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.


El modelo de proceso penal que legisla nuestra Constitución y también los Pactos Internacionales incorporados a la misma por la reciente reforma del año 1.994 en el artículo 75 inc. 22, el cual les otorga rango constitucional, determina que la convicción de culpabilidad necesaria para

condenar a un acusado de haber cometido un delito, únicamente puede provenir de la utilización de los medios probatorios que las leyes incluyen en el debido proceso y, además que los mismos, cuando se obtienen en violación de las garantías individuales reconocidas, carecen de validez para fundar un pronunciamiento jurisdiccional incriminador.

Frente al creciente aumento del crimen organizado (narcotráfico, tráfico de personas, extorsión a cambio de protección, corrupción, etc.) en nuestro país, que genera especial inquietud y reprobación social, como así también la falta de recursos técnicos y materiales por parte de los órganos

públicos encargados de la persecución penal, para hacerles frente, la legislación penal y procesal penal recurre a medios nuevos9 y extraordinarios de prueba, lo mismo que en otros países10, con la finalidad de combatir y derrotar a un enemigo (crimen organizado).

La Ley 23.737 según la Ley 24.424 (que incorpora los arts. 31bis, ter, cuater, quinquies y sexies) establece: “…el Juez por resolución fundada podrá disponer que agentes de la fuerzas de seguridad en actividad actuando en forma encubierta: a) se introduzcan como integrantes de organizaciones

delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los delitos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero…No será punible el agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiere visto compelido a incurrir en un delito,

siempre que este no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de un persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro…”.

Es decir, el agente encubierto ha sido regulado como un funcionario público que fingiendo no serlo, se infiltra por disposición judicial en una organización delictiva con el propósito de proporcionar “desde adentro” de ella, información que permita el enjuiciamiento de sus integrantes y como

consecuencia, el desbaratamiento de esa asociación ilícita11. Hay quienes sostienen que la información que obtengan los agentes encubiertos de la organización delictiva, difícilmente pueda ser utilizada como fuente convictiva de una sentencia condenatoria a los integrantes de

una organización, pues aquella será obtenida por ellos en base a un engaño de los integrantes de la organización, ya que de otra manera estos ningún dato le hubieran proporcionado revelado a los agentes encubiertos, máxime si hubieran conocido la posibilidad de su delación, y ese engaño generador de la fuente de convicción afecta decididamente la garantía constitucional y pactista de la prohibición de declarar contra sí mismo12. En posición ecléctica y considerando otro sector doctrinario que tal postura peca de excesivo rigorismo, se sostiene que dentro de ciertos límites de actuación de tales agentes, su inserción puede ser conducente a la salvaguarda de cadenas delictivas de difícil aprehensión, además hay que tener en cuenta, que en última instancia, no sólo el testimonio de los agentes encubiertos debe ser la base de convicción del Juez para la toma de una determinación, sino que está sólo será un medio más, a los que se sumarán los ya recabados

o a recabar con posterioridad en el curso de la investigación. Desde el punto de vista estrictamente legal e institucional, podemos afirmar que la exigencia de fundamentación de la resolución que ordena la utilización de agentes encubiertos (artículo 31 bis; Ley 23.737) tiene por finalidad evitar que dicha medida de prueba pueda resultar arbitraria, lo cual no acontece si la decisión judicial se funda en elementos incorporados con anterioridad a su dictado que, de un modo razonado, permiten arribar a la decisión jurídica adoptada.

La infiltración por parte del Estado de agentes encubiertos en el entorno de una persona, con el fin de recabar información de cargo, conlleva para un sector de la doctrina como ya hemos citado, una afectación inmediata a su derecho a la intimidad y al dominio sobre datos sensibles vinculados a

la propia persona. Discutir esta postura o su recurrente sería entrar en el campo de la axiología jurídica, o más profundamente en el ámbito de la política legislativa, que llevó en un primer momento a permitir el uso de agentes encubiertos en el artículo 31bis de la Ley de Estupefacientes

23.737, y que luego fue adoptado por algunas legislaciones provinciales de rito, a las que se suma la de Mendoza que ha incluido en su artículo 29º la actuación encubierta, cuyo extenso texto conviene analizar detenidamente más adelante.

De los caracteres generales, nos ocuparemos ahora de hacer referencia al concepto de provocación y de su distinción con los de observar o acompañar una actividad ilícita, que sin lugar a dudas son los que el legislador buscó al reglamentar esta institución, otorgando al agente encubierto estas facultades debidamente especificadas por el Juez y por el Ministerio Público, las cuales deben constar en un expediente confidencial y de carácter estrictamente reservado creado al efecto, en donde además se deben agregar todas las actuaciones e informes que se lleven a cabo,

conforme al desarrollo gradual de la investigación. Lejos está de la observación y el acompañamiento de la actividad, lo que comunmente se denomina provocación que sin duda está en el campo de la ilicitud y de la violación de garantías en el proceso penal, receptadas en el artículo 18º de la Constitución Nacional. A este respecto sostiene Montero (h), en su ponencia al XX Congreso Nacional de Derecho Procesal Penal, que la citada distinción se torna confusa en la realidad de los hechos, debido a que difícilmente alguien pueda fingirse parte de una organización delictiva o tener acceso fluido a ella, y mucho más, ascender posiciones y llegar hasta

las máximas instancias del poder, sin hacer el “Cursus Honorum” del delito. Debido a esto se crea una disyuntiva de aceptar o no que el Estado delinca para combatir el delito; surgiendo varias perspectivas para observar esta proposición; por un lado el sentido común podría advertir un absurdo lógico y desde el punto de vista jurídico podría plantearse como ya se expresó con

anterioridad, un conflicto axiológico en torno a la gravedad de uno u otro delito (el del Estado o el de la organización delictiva), entre otros enfoques posibles13.

Con respecto al alcance, en el derecho comparado observamos en general la postura de tomar a estos nuevos medios de prueba como de utilización en caso de necesidad insoslayable para la lucha contra el crimen organizado, o sea excepcionalmente, cuando los medios investigativos comunes no resultasen suficientes y adecuados para conseguir buenos resultados, lo que justificaría desde el punto de vista de la valoración ante la hipotética comisión de un delito por parte del Estado, este tipo de actuaciones en pro de la extinción de situaciones que ponen en peligro o que más concretamente son un germen de destrucción de la sociedad. Hay quienes creen que el límite

a la utilización debe estar dado por la no expansión del uso de la figura a hipótesis delictivas comunes, otros van un poco más allá y ponen límites en relación a la cuantía de la pena que a cada delito en particular se impone según la escala penal adoptada y según las circunstancias de tiempo, lugar y circunstancias de hecho en general.

Pese a las referencias limitativas expresadas, en criterio que podría darse a llamar amplio, la Cámara de Casación ha sentado un precedente de suma importancia en la materia, interpretando que no es preciso que el Juez haya agotado todas las medidas de investigación alternativas antes de

proceder a la utilización de agentes encubiertos, sino que debe evaluar en el caso concreto si no cuenta con otras medidas que aseguren el éxito de la instrucción14. Además cabe agregar que el artículo 31 bis de la Ley de Estupefacientes, claramente indica en su primer párrafo cuales son los fines que deben perseguirse en la investigación al utilizar agentes encubiertos, y señala a posteriori dos modos en que pueden conseguirse tales fines: a) relativo a la existencia de una organización en la que se debe infiltrar el preventor y b) posibilita la participación del agente en la realización de

los hechos reprimidos por dicha ley15. Pese a la tendencia de nuestros tribunales, para muchos considerada preocupante, algunos autores aceptan los llamados medios extraordinarios de prueba, con el ya mencionado carácter excepcional, cuando los mismos resulten indispensables para superar

dificultades insalvables por los medios ordinarios en la investigación de graves delitos, y siempre que su actuación y el valor de su información se enmarquen en una rígida legalidad, respetuosa de los derechos fundamentales de los ciudadanos16.


.El agente encubierto en la ley 6.730.


La Ley Provincial 6.730 de reciente sanción y que ha comenzado a regir en parte desde el día 1º de enero de 2.000, ha legislado sobre la actuación encubierta en un extenso e interesante texto que conviene analizar a los efectos de compararla con la ya comentada norma de la Ley de Estupefacientes y además para poner de sobresalto las diferencias que surgen de sopesar

ambas preceptivas:


Artículo 29º .- Actuación Encubierta.


El Fiscal de Instrucción o el Juez de Instrucción en su caso, podrán, por resolución fundada, de manera permanente o durante una investigación, por un delito con pena mayor de tres años, autorizar que una persona, o agente de policía, actuando de manera encubierta a los efectos de comprobar la comisión de algún delito o impedir su consumación, o lograr la individualización o detención de los autores, cómplices o encubridores, o para obtener o asegurar los medios de prueba necesarios, se introduzca como integrante de alguna organización delictiva, o actúe

con personas que tengan entre sus fines la comisión de delitos y participe de la realización del algunos de los hechos previstos en el Código Penal y leyes especiales de este carácter. La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la que actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la debida seguridad.

La información que el agente encubierto baya logrando será puesta de inmediato en conocimiento del Juez. La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto. Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente encubierto, éste declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas de

protección necesarias. El agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no

implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro; al momento de resolver sobre su situación procesal, el Magistrado interviniente deberá analizar si el agente encubierto ha actuado o no

conforme al artículo 34 inciso 4) del Código Penal Argentino, en virtud de las instrucciónes recibidas al momento de su designación; y decidirá en consecuencia. Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, hará saber confidencialmente su carácter al

Magistrado interviniente, quien en forma reservada recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda. Si el caso correspondiere a previsiones del primer párrafo de este artículo, el Juez resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado.

Ningún agente de las fuerzas de seguridad podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto.

Cuando peligre la seguridad de la persona que haya actuado como agente encubierto por haberse develado su verdadera identidad, sin perjuicio de las medidas protectivas que para el mismo, y/o su familia, y/o bienes deberán disponerse, tendrá derecho a seguir percibiendo su remuneración bajo las formas que el Magistrado interviniente señale tendientes a la protección del agente.

Si se tratare de un particular, percibirá una retribución similar a la de un agente público, conforme al criterio anteriormente expuesto.-


.COMENTARIO.


El primer punto a tener en cuenta, es lo relativo a la designación del agente encubierto, la cual está a cargo, según indica el texto del precepto, sólo del Fiscal del Instrucción o del Juez que instruya en la causa, quedando de esta manera excluida tanto la policía tradicionalmente denominada como administrativa, como así también la recientemente incorporada policía judicial. Desde el punto de vista formal la norma requiere una resolución fundada, que normalmente debe producirse a través de decreto fundado o de auto. Su contenido deberá señalar las motivaciones que conllevan en su caso al Fiscal o al Juez a tomar tal decisión. La publicidad de esta documentación seguramente debe quedar en estricta reserva a fin de garantizar la eficacia del método empleado.

Una diferencia notoria surge de la ponderación de la presente norma con sus fuentes, así como también del estudio ya expuesto del artículo 31bis de la Ley 23.737, esta dada por el lapso en que se torna necesaria la participación en la investigación del agente encubierto, el artículo 29º

hace expresa referencia a la permanencia, lo que deja entrever cierta discrecionalidad del disponente de la medida en relación a cual es el tiempo que poseen la o las personas o funcionarios designados para el desempeño de la función. Las posibilidades son la permanencia, que supone determinada

actividad a controlar, más que una organización, aunque podamos estar frente a ella17; o bien la designación a los efectos de una invetigación en curso, único supuesto que prevé la referida Ley Nacional. En referencia al límite, no cabe dudas, que prima facie parece muy reducido, lo que permitiría que el arbitrio de los jueces lleve a la designación indiscriminada de agentes encubiertos, y lo que es peor para casos de poca relevancia, y de esta forma se tome como una medida que con

mayor relajo para la actividad del tribunal, ahorre la costosa carga de la investigación tradicional. Pero lo cierto es que al parecer la comisión que redactó el anteproyecto, sustentó este controvertido punto en la posibilidad de incluir participaciones delictivas, tales como el encubrimiento

calificado y participaciones secundarias, que con un límite superior, hubieran quedado fuera de las posibilidades investigativas, teniendo en cuenta además las disminuciones de pena. Pese a lo expuesto creemos que el sentido del Magistrado o del Ministerio Público en su caso, a la hora de

tomar una determinación, debe ponderar la relevancia del delito y manejarse con buen criterio.

Otro apartamiento del modelo lo constituye la ampliación de los sujetos que cuentan con la legitimación para participar en una investigación en carácter de agente encubierto. Los modelos anteriores a la presente reforma, sólo incluyen a la policía o fuerzas de seguridad, la innovación viene dada por la referencia en el presente artículo a una persona, lo que amplía considerablemente el campo, pues puede tratarse simplemente de un tercero o de alguien que ya se encuentre en la actividad, quien sin duda tendrá menos obstáculos a la hora de lograr la infiltración (caso de organización delictiva) o simplemente para participar de la actividad en calidad de observador. En cuanto a los fines, consideramos que la norma es muy clara en su redacción, marcando claramente cuatro objetivos muy bien diferenciados, de lo que podemos concluir que los tres primeros son oportunos, no así el último, debido a que su generalidad engloba a los primeros tres supuestos,

por lo que es evidentemente innecesario. En detalle son: a) comprobar la comisión de algún delito, b) impedir su consumación, c) lograr la individualización o detención de los autores, cómplices o encubridores y, d) obtener o asegurar los medios de prueba necesarios. Hay dos aspectos, como son: a) la introducción en una organización y, b) la actuación con personas que tengan entre sus fines la comisión de delitos, que también merecen tratamiento. Con respecto al primero, estamos

en posibilidad de decir que es la situación legislada en la Ley 23.737, pero en referencia al segundo, nos encontramos nuevamente con una innovación en cuanto al espectro de actuación, el cual es más amplio, ya que permite la actuación lo que redunda en la reducción de los riesgos que deberá sufrir

el agente encubierto durante el curso de la investigación. Respecto de la información, el artículo ordena que sea puesta de inmediato a conocimiento del Juez, lo que es lógico debido a que de esta

forma se evitan manejos distorcivos de la información lo que por ende pueden concluir en lo que ocasionalmente sucede cuando es la policía la que maneja este tipo de datos en forma incontrolada y con cierto grado de clandestinidad. En opinión de la comisión redactora, es una forma de

legalizar y judicializar toda la información de carácter confidencial respecto del hecho que se investiga18. El agente encubierto de nuestra nueva normativa, podrá estar en juicio en carácter de testigo, por lo que se permitirá la interrogación por parte de la defensa del o los imputados en la causa; de esta manera, la información deja de estar sólo en manos del Fiscal o del Juez, redundando en la posibilidad de obviar cualquier tipo de violación de la garantía de defensa en juicio. La justificación de la actuación del agente encubierto, será encuadrada en el caso concreto en atinencia a lo que indica la ley penal de fondo en el artículo 34º inc. 4º, salvo, claro está, que la justificación

resulte de alguna disposición en particular. Será el Magistrado quien con gran responsabilidad debido al peso que la misma norma le impone el que deberá juzgar la actuación del agente encubierto, y calificará si hubo o no exceso, si en el caso se respetan las garantías y en definitiva en todo lo atinente a la marcha del proceso. Otro de los límites de actuación esta dado por la referencia a la puesta en peligro de la vida o la integridad física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otros.

El artículo concluye con la referencia a la libertad con que cuentan los agentes de la fuerza o los particulares para actuar o no como agentes encubiertos y al marco de seguridad que se arbitrará a los fines de salvaguardar la vida en integridad del protagonista y de su familia o bienes.-


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1 Cámara Civil y Comercial de Capital Federal. Sala V. c. 12.617, ‘’Britos, José D.’’, del 23 de julio de 1.980.-

2 Jauchen. La prueba en el proceso penal. Pág. 25 y ss.

3 Cfr. D’Albora, Francisco. Código Procesal Penal de la Nación, Comentado, Anotado, Abeledo Perrot, 1.999, pág. 381 y ss.

4 Velez Mariconde, Alfredo. En Abalos, Raul W. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Ed. Jurídicas Cuyo. 1.997, pág. 376 y ss.

5 Avalos, Raul W. Derecho Procesal Penal. Ed. Jurídicas Cuyo. 1.997, pág. 377 y ss.

6 Jurisprudencia Argentina. Día 13 de setiembre de 1.995. Síntesis Jurisprudencial sobre medios de prueba en el proceso penal. Corte Suprema.

7 Cámara Nacional de Casación. Sala IV, 11 de noviembre de 1.997 en Autos 96885 caratulados: ‘’Sanabria, Virgilio’’.

8 Ver comentario en contra de Fabricio Guariglia en Suplemento de Jurisprudencia Penal de La Ley del día 30 de marzo de 1.998, pág. 19 y ss.-

9 Lo de ‘’nuevo’’ resulta discutible, pues como precisión lo señala Angela Ledesma, en Medios de Prueba no legislados aceptados por la jurisprudencia, en

‘’Ponencia al XII Congreso Argentino de Derecho Procesal’’ Tomo I. ‘’ Todavía no se ha descubierto ningún medio de prueba después de los ya

legislados…’’. Los avances técnicos y científicos, se adecuan generalmente a alguno de los procedimientos probatorios existentes.

10 Cfr. Dencker Friedrich. Criminalidad Organizada y Procedimiento Penal. Nueva Doctrina Penal. T. 1.998-B-pág. 485.

11 Montero (h.), Jorge Raul. ob. cit. pág 5 y 6.

12 Montero (h.), Jorge Raul. ob. cit. pág 7 y ss.

13 Cfr. Torres, Carlos. El agente encubierto. Cuadernos del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Universidad Nacional de Córdoba, nueva serie Nº 2, año 1.998, pág. 269. En Montero (h.), Jorge Raul. ob. cit. pág. 3 y ss.

14 Cfr. Edwards, Carlos E. El arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1.996, pág. 69 y ss.

15 Argumentos vertidos por un miembro de la Cámara de Casación Penal en autos ``Sanabria, Virgilio s/Recurso de Casación’’. Dra. Capolupo de

Duradoña y Vedia. En igual sentido los doctores Hornos y Berraz de Vidal. En Suplemento de Jurisprudencia Penal de La Ley S.A.E. e I. Día 30 de marzo

de 1.998. pág. 30 y ss.

16 Cfr. Cafferata Nores, José I. ``La desnaturalización bélica del proceso penal y Los medios extraordinarios de investigación’’. Cuaderno Nº 2

Departamento de Derecho Procesal Penal y Práctica Profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Nº 2. Pág. 11.

17 Aguinaga, Juan Carlos. Reforma Procesal Penal: ``lo que está vigente’’. Morcos, 1.999, pág. 59.

18 Aguinaga, Juan Carlos. ob. cit., pág. 62