Anteproyecto de Código Procesal para la Provincia de Neuquén (Primera parte) PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por José Daniel Cesano   

 

DOCUMENTO PRELIMINAR

 

Anteproyecto de Código Procesal para la Provincia de Neuquén

 

 

JOSÉ DANIEL CESANO

ÍNDICE

Nota de elevación

Introducción

Anteproyecto de Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén

 

 

 

Neuquén, 17 de octubre de 2005.

 

Sr. Presidente

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén

Dr. Roberto O. Fernández

S/D

 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente y, por su intermedio a los Sres. integrantes de la Comisión para la revisión y reelaboración del Proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén, designada por acuerdo n° 3759 (punto XIII, inc. 3°) del Tribunal Superior de justicia de la Provincia, con la finalidad de elevarle, dentro de los plazos que me fueran conferidos, el documento preliminar relativo al Anteproyecto de Código Procesal Penal de la Provincia.

Como su título lo anticipa, el objeto del presente documento no es otro que presentar a la Comisión, un esquema preparatorio para la futura reforma de nuestra ley de enjuiciamiento provincial. Se trata de un esbozo necesariamente preliminar por dos motivos: a) en primer término, por cuanto será la Comisión que Ud. preside la que, en definitiva, lo admitirá o no y, en caso de que ocurriese lo primero, la que efectuará el análisis, la crítica y las enmiendas que correspondan con relación al texto que se propone y b) por otra parte, dado que, frente a la inminente reforma constitucional Provincial y siendo el Derecho

Procesal Penal una suerte de Derecho Constitucional reformulado, las normas proyectadas deberán ser, nuevamente, examinadas, a partir de la sanción de la futura Ley Fundamental.

Dentro de los límites temporales con los que he contado, discutí algunos de los capítulos del documento con otros colegas. Agradezco, pues, las opiniones brindadas por los Sres. Profesores Doctores Gustavo A. Arocena (Córdoba), Fabián I. Balcarce (Córdoba) y Carlos Parma (Mendoza); cuyas sugerencias, sin duda, han enriquecido el texto presentado. Asimismo quiero dejar constancia de que un miembro de la Comisión, el Dr. Alfredo Velasco Copello, en varias ocasiones, me manifestó su predisposición para colaborar en la tarea que me fuera encomendada. No obstante mi expreso agradecimiento hacia su

gesto, he preferido realizar el documento, siguiendo los lineamientos fijados en las reuniones preliminares de la Comisión, pero bajo una única concepción. Ello por cuanto, creo conveniente que toda la labor crítica – y sin duda enriquecedora – se realice a partir de un esquema concebido como unidad; en el caso, por cierto, de que el presente trabajo sea admitido a tales efectos. Por último me permito dos reflexiones finales: la primera es que, en caso de que este documento se admita para su discusión, una vez realizada (dentro de la

Comisión) la labor crítica, las enmiendas y mejoras que correspondan, sugiero que el producto que de esto resulte sea sometido a un amplio proceso de discusión; no sólo entre los operadores inmediatos (funcionarios y magistrados judiciales, colegios de Abogados y legisladores) sino, también, de distintas instituciones científicas. Tal discusión, en mi concepto, resulta útil por cuanto, como agudamente lo expresara Héctor Cámara (Cfr. “Los delitos societarios en el Proyecto de Código Penal”, Cuadernos de los Institutos, N° 64, p. 25), “antes de llegar a ser ley, toda obra prelegislativa debe ser (...) llevada al aire libre,

para que allí se depure en la pugna de las opiniones y de los intereses que ha de encauzar”.

A veces, en cualquier obra humana, prevalece, lamentablemente, un celo malsano: se intenta, antes que nada, que un texto se apruebe tal como originalmente ha sido proyectado por sus autores. Sobre esta base me permito compartir con la Comisión (quien será, en definitiva, la verdadera gestora del anteproyecto final, y del cual, este documento es sólo un aporte) esta segunda reflexión: las actitudes de resguardar, a ultranza, un texto proyectado deben ser férreamente criticadas. Ello por cuanto, como lo dijera Luis Moisset de Espanés

(en su carácter de miembro de la comisión de reforma para la unificación de la legislación privada) tales gestos “reflejan pequeñez y egoísmo, (...) pues lo que está en juego no es el ‘bronce’ en que se grabe el nombre de los ‘reformistas’, sino las leyes del país que, por el bien de todos, deberían ser las mejores ¡aunque no sea obra nuestra!” (“Sobre la reforma al Código Civil y los contratos de contenido predispuesto”, Foro de Córdoba, Año V, N° 21, 1994, Córdoba, p. 259).

Quedando a disposición del Sr. Presidente y de los miembros de la Comisión, lo saludo con el respeto y la consideración más distinguida. José Daniel Cesano

 

Introducción

 

I.- El documento que presentamos a consideración de la comisión, se encuentra estructurado sobre la base de cinco libros; a saber: 1) disposiciones generales, 2) Investigación penal preparatoria, 3) juicios, 4) impugnaciones y 5) ejecución. II.- Diversas son las innovaciones propuestas en lo que concierne al Libro Primero. Por cierto que, este proemio no persigue describir, pormenorizadamente, cada uno de ellas. Sólo pretendemos explicitar la razón de alguna de las modificaciones que, creemos, pueden generar una mayor cuota de debate. Veamos:

1) En lo que concierne a la estructura de los órganos jurisdiccionales actuantes, el esquema vigente en la provincia (ley 1.677, con las modificaciones de las leyes 2153 y 2500) ha sido objeto de diversas reformas. Sintéticamente expuestas: a) se prevé la actuación de la Cámara en lo Criminal como sala unipersonal o tribunal colegiado1; b) se establece la figura del juez de garantías, cuyas funciones esenciales consisten, centralmente, en ejercer un fuerte control jurisdiccional (puesto de manifiesto a través del extenso elenco legal de sus atribuciones) en la etapa de la investigación penal preparatoria e intermedia y, por fin c) se prevé la creación del juez de ejecución penal, como herramienta útil para construir un espacio de garantías para el respeto de la legalidad ejecutiva y como respuesta frente al claro mandato que exige un control jurisdiccional permanente durante esta etapa del proceso (artículo 3, ley 24.660).

2) En cuanto a los sujetos procesales, resulta relevante destacar:

A) Dentro de las atribuciones del fiscal, se ha dado consagración legislativa al principio de oportunidad. Al respecto, posiciones anteriores de quien ha redactado este documento exige formular dos ordenes de precisiones:

a) Dentro del marco de las acciones iniciables de oficio, el Código Penal argentino consagra el principio de legalidad (art. 71). Tal principio, manda a ejercer la acción penal de un modo obligatorio para los casos en que hubiere apariencia de delito. En otras palabras: existe el deber de ejercer la acción penal, por parte de los órganos estatales predispuestos para cumplir con esa función sin la posibilidad de que, éstos, se inspiren en criterios políticos o de utilidad. Dichos órganos, carecen de toda facultad discrecional para juzgar sobre la oportunidad y conveniencia de promover o proseguir (esto es: disponer

de) la acción penal: son “esclavos de la ley”, en el sentido de que tienen el deber de provocar o solicitar la actuación de aquélla2. Aceptada la vigencia del principio, queda como una cuestión necesaria de esclarecer, el interrogante siguiente: ¿Cuál es el valor que se vería satisfecho con la rigidez de un sistema como el descripto?

Para quienes sostienen, a la legalidad, como una única alternativa, sin ninguna concesión al de oportunidad, el valor invocado es el de la seguridad jurídica, como una forma de garantizar un eficaz control de la imparcialidad del Ministerio Público3. Esa seguridad – afirman sus defensores – y esa imparcialidad, estaría dada por la obligatoriedad siempre y en todos los casos, de la persecución del castigo penal, dejando en claro, por cierto, que la

afirmación gravita siempre dentro del contexto de las acciones ejercibles de oficio.

El argumento así esbozado, no carece de fundamento normativo. En efecto: el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) , unido al de la determinación legislativa de los hechos punibles (arts. 18 y 19 C.N.), recomendaría que fuera la ley (el legislador) y no la decisión particular de los órganos de persecución penal (Ministerio Público Fiscal), quien determine, en los casos concretos, cuando una persona debe ser sometida a pena o viceversa4.

El modelo que se acaba de delinear, significa – en el marco del Código Penal - la más absoluta consagración de la legalidad, sin ningún tipo de excepciones5.-

No obstante ello y merced a los resultados que arrojan las investigaciones empíricas, hoy, se conoce que las pretensiones de eficacia de un sistema como el descripto, quedan tan sólo en eso. En efecto, empíricamente, se sabe que el sistema penal se aplica a unos pocos hechos punibles; escasísimos, frente al panorama general de la inobservancia de las normas del derecho penal. Y ello ocurre, porque, para que un hecho, presuntamente delictivo, encuentre una respuesta jurisdiccional definitiva, es menester que ese hecho, haya sorteado un proceso de selección que, básicamente, comprende dos momentos significativos:

*Como paso lógico para que se produzca el ingreso de un hecho al sistema de enjuiciamiento penal, es necesario que éste llegue al conocimiento de los operadores de ese sistema. Y en este sentido, tiene razón Maier al afirmar que: “Las investigaciones empíricas han demostrado que la información externa, proveniente de las víctimas y los denunciantes, y la generada internamente por los órganos de persecución penal, a través de la observación propia dispuesta por la Policía, es pobre, con relación al número de delitos realmente cometidos, lo que produce la llamada ‘cifra negra’ (…) difícil de establecer y que tantos

problemas acarrea en el ámbito de la investigación empírica sobre la delincuencia (…)”6.-

*Pero y aún cuando se efectúe la denuncia o que el hecho llegue a conocimiento de los funcionarios policiales o de la fiscalía y la investigación se inicie de oficio, lo cierto es que, ingresado el hecho al sistema judicial, las investigaciones empíricas siguen demostrando que se opera un nuevo proceso de selección; proceso este que bien puede conducir a que, ese conflicto, tampoco alcance una solución jurisdiccional definitiva7. Esta situación ya había sido descripta, en forma preclara, por José I. Cafferata Nores, al referirse al

sistema de enjuiciamiento criminal en la Provincia de Córdoba (anterior a la reforma producida por la ley 8.123) : “Los datos estadísticos demuestran que los jueces penales de Córdoba, han intuido la necesidad de atemperar los efectos inútilmente perjudiciales del principio de legalidad, instrumentando en los hechos un sistema informal de selección de los casos realmente merecedores de juzgamiento y castigo, sin que haya podido demostrarse que la adopción de tal criterio ocasione especial sensación de inseguridad, o algún cataclismo delictivo. Por el contrario las estadísticas demuestran un índice delictivo

comparable sin desmedro con otros lugares en los que se tiende a respetar a todo trance, el principio de legalidad. Los tribunales cordobeses han asumido esta modalidad (informalmente) desde hace mucho tiempo en relación a las llamadas ‘causas sin preso’ (es decir, en las que el imputado ha sido excarcelado) aún sin disposiciones legales que la autoricen ( o quizás, en contra de ellas) amparándose en la imposibilidad material de investigarlas y fallarlas a todas, debido a las deficiencias de la infraestructura judicial necesaria para ello (desproporción del número de causas y de tribunales penales). Ocurre así que, luego de formulada la acusación el tribunal de juicio recibe el proceso ‘sin

preso’, y según distintos criterios los paraliza. Algunas veces por boca de funcionarios , y otras por boca de los abogados (particulares o defensores oficiales), el imputado es informado que si no comete un nuevo ilícito durante el término de prescripción del que fue acusado, no será juzgado y podrá beneficiarse con el sobreseimiento por extinción de la acción penal. Pero también se le advierte que, si incursiona nuevamente en el delito, los procesos se acumularán y será juzgado y eventualmente condenado por ambos”8. Por cierto que esta afirmación, lejos está de representar un dato parcial y circunscripto a una región concreta. Por el contrario, Gustavo Cosacov, en uno de los trabajos de mayor envergadura sobre el funcionamiento real del sistema de enjuiciamiento penal en nuestro país, ha demostrado acabadamente, y teniendo en cuenta los modelos procesales vigentes, al momento de efectuar esa investigación (escritural – oral), que el principio normativo de lega lidad de la acción de oficio, está muy distante de verse concretado en su funcionamiento y que operan en la realidad de ambos sistemas procesales, fuertes

discriminaciones, al punto de que, ningún sistema supera el quince por ciento (15%) de condenas, con relación a los casos ingresados9.-

Los datos que se acaban de reseñar resultan altamente preocupantes. Y esta preocupación se justifica, apenas se advierte que la selectividad “informal” que evidencia nuestro sistema “(…) se lleva a cabo en vigencia de una formulación extrema del principio de legalidad, como eje de la persecución penal, esto es, utilizando criterios que no están determinados centralmente por una autoridad responsable políticamente, sino que, antes bien, se imponen individualmente por los operadores reales del sistema o, en el mejor de los casos, por los

órganos conductores de los segmentos parciales que lo integran”10.- La crisis que evidencia el principio de legalidad nos habla a las claras de la necesidad de buscar otra alternativa que permita mejorar la eficacia de la Administración de Justicia Criminal, a través de la implementación de una cierta disponibilidad reglada de la acción penal, que posibilite una razonable selectividad en la persecución. Con lo dicho, queremos significar que, a nuestro modo de ver, ha llegado el momento de instrumentar, en nuestro sistema de enjuiciamiento penal, el principio de oportunidad. A través de este principio se pretende “racionalizar la selectividad intrínseca del sistema penal, dejando fuera de éste aquellos hechos en donde aparezca como innecesaria la aplicación del poder punitivo del Estado”11, para con ello, contribuir “(…) a la eficacia real del sistema, al posibilitar, mediante la exclusión de los hechos de menor entidad, el adecuado tratamiento de aquellos casos que indudablemente requieran la efectiva intervención de la justicia penal” 12.

b) Ahora bien, sentada la conveniencia de establecer la oportunidad, se hace necesario tomar una nueva decisión: o se considera que la instrumentación de estos criterios es atribución del Congreso de la Nación o, por el contrario, se admite la competencia provinicial en esta materia. Aquí ha sido, precisamente, en donde – por lo menos nosotros – nos hemos apartado de ciertas orientaciones. En tal sentido creemos que, constitucionalmente, es una atribución del poder legislativo nacional13. Empero, habiendo tomado la comisión en las reuniones preparatorias la decisión de legislarlo en el Código

Procesal local, el anteproyecto respeta tal lineamiento14. En tal sentido se ha optado por una oportunidad reglada (similar, en muchos de sus casos, al texto de la Ordenanza Procesal penal Alemana), cuyo implementación se realiza a pedido de la fiscalía, pero con autorización del juez de garantías. Por su parte, y para resguardar – en cierta forma – el derecho de la víctima, se prevé el instituto de la conversión de la acción penal pública en privada, para los delitos contra la propiedad que no superen (en su máximo en abstracto) los tres años de pena privativa de la libertad.

B) Cuando se toma la decisión política de introducir la figura del querellante (en los delitos de acción pública), metodológicamente resulta insoslayable plantearse si se le conferirá un mayor o menor grado de potestades autónomas con relación al ministerio público fiscal. De allí la distinción entre querellante adhesivo y conjunto. En nuestro caso hemos optado por una figura de querellante conjunto. Esto se advierte, en especial, en la extensión de sus poderes que, aún en los casos en donde el fiscal inste el sobreseimiento (etapa intermedia) o se abstenga de acusar en la discusión final, habilita al órgano jurisdiccional para que continúe con el proceso. De esta manera se sigue la línea esbozada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver el precedente “Santillán”. En suma, coincidimos con José Ignacio Cafferata Nores en cuanto a que, la constitucionalización de distintos instrumentos protectores de derechos humanos en la reforma de 199415, ha sido generador de un proceso,

todavía en evolución, “que va evidenciando una nueva ‘epistemología’ (...) sobre los derechos de la víctima” y, entre ellos, en especial, el que obliga al Estado a garantizar su tutela judicial efectiva 16. C) Puede llamar la atención que, dentro del Título IV, no hemos incluido normas relativas a las partes civiles (actor civil, civilmente demandado y citado

en garantía). La razón de esto se debe a que, entre las distintas opciones que se pueden adoptar para regular esta materia 17, hemos seguido la orientación que la resuelve a través de un procedimiento monitorio, posterior al dictado de la sentencia penal y que se tramita como un juicio especial. De esta manera coincidimos con los lineamientos del Código Procesal Penal de Chubut18 (ley 4566 – aún cuando en vacancia legislativa-).

3) Se ha priorizado un sistema de desformalización que tienda a la reducción

del expediente. Entre otros aspectos, esto se evidencia en la nueva redacción que se le diera al Capítulo IV, destinado a la documentación de los actos procesales. Asimismo, a través de la reducción que se dispone en cuanto a qué actos documentales deberán integrar el expediente judicial cuando se eleve al juicio.

4) Los plazos procesales han preocupado, asimismo, nuestra atención. En particular destacamos dos innovaciones: a) el vencimiento de los plazos (y en su caso, de las posibles prórrogas) genera el cese automático de las medidas de coerción dispuestas y b) se establecen normas muy enfáticas en lo que respecta a las consecuencias que acarrea al magistrado o funcionario el vencimiento reiterado de los mismos.

5) El subsistema normativo que se ocupa de las medidas de coerción personal, también evidencia modificaciones. Veamos: A) Previo a sintetizarlas, permítasenos exponer nuestra concepción al respecto (que es, precisamente, la que informa los textos proyectados).

a) El análisis de los pactos internacionales constitucionalizados han establecido una marcada limitación de las medidas de coerción en general y, particularmente, de la prisión preventiva. Si tuviésemos que sistematizar los presupuestos que actúan como marco acotante, podríamos sintetizarlos en los siguientes19:

*La prisión preventiva debe responder únicamente al resguardo de una finalidad procesal;

* La prisión preventiva debe ser excepcional;

* La posible imposición de esta medida cautelar debe estar limitada por el principio de proporcionalidad;

* La medida cautelar debe tener un plazo razonable de duración.-

b) Con relación al primer requisito, debe enfatizarse que, si no se quiere vulnerar seriamente el principio de inocencia, menester será tener muy en claro que no se puede otorgar fines materiales – sustantivos – a la privación de libertad procesal o cautelar. En consecuencia, no se puede recurrir a la detención preventiva para obtener alguna de las finalidades propias de la pena - como, por ejemplo, ocurriría sí a través de la imposición de esta medida de coerción pretendemos que el imputado no cometa un nuevo delito.

En suma: la detención preventiva, como medida cautelar, sólo puede tener fines procesales.-

Pareciera que, la afirmación recién efectuada, debiera darse por sentada. Sin embargo, hemos preferido formularla, poniendo particular acento en ella, por cuanto existen algunas opiniones de organismos supranacionales que, están abriendo la puerta a posibles interpretaciones ampliatorias de esta exclusiva finalidad procesal. Nos explicamos:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe N° 2/1997 sobre Argentina, entre las justificaciones para una prisión preventiva ha analizado el “riesgo de comisión de nuevos delitos” por parte del imputado. Más concretamente, en la parte pertinente, el documento expresa: “32.Cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin embargo, para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente

importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad.”20.

De hecho el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los precedentes “Matznetter” y “Herczegfalvy c. Austria”, sostuvo una tesis similar21.

Tan alarmante criterio, obviamente, debe ser reputado incorrecto. Es que, como muy bien lo puntualiza en un estudio reciente Javier Augusto De Luca, viene a significar, aunque solapadamente, una suerte de reedición de la doctrina de la “peligrosidad social”; doctrina que, abiertamente, repugna al artículo 19 de la C.N.22. De otro costado, el criterio traiciona, al insertar fines sustantivos propios de la pena (en el caso: la prevención especial), a una institución que, por su naturaleza, es de carácter procesal.

Ahora bien ¿cuales son las finalidades procesales que justifican a esta medida

de coerción?

Tradicionalmente, nuestra dogmática procesal, las han reducido a dos: a) todo comportamiento del imputado que represente un entorpecimiento probatorio y b)

toda circunstancia que ponga en peligro la eventual aplicación efectiva de la sanción punitiva prevista en el derecho sustantivo; por ejemplo, la posibilidad de fuga.

Por fin, se deduce también como una exigencia emanada de los pactos internacionales, la necesaria fundamentación, en el auto que dispone la medida, de la verificación de este peligro procesal23. O dicho en otros términos: la exigencia no se satisface sí, el órgano competente, al disponerla, no funda, adecuadamente, ese extremo. Las circunstancias objetivas y ciertas que, en cada caso, permitan afirmar la probable situación de riesgo procesal que genera la necesidad de la medida de coerción no debe quedar en la íntima

convicción del que la dispone sino que, el juicio lógico de donde se deduce ese peligro, debe materializarse en la resolución que la ordena. Quizá pueda sostenerse que, la lectura de los pactos constitucionalizados, al menos en forma directa, no contienen una previsión en tal sentido. Empero, un análisis más atento demostrará que, tales normas, sí existen. Así: el art. 7, n° 3 de la C.A.D.H., prohíbe las detenciones arbitrarias, es decir: las que carezcan de razones que las justifiquen; el n° 4 del mismo artículo (7) requiere que se informe a toda persona detenida de las razones de su detención.-

Por otra parte, el P.I.D.C.P., en su artículo 9, n° 1 y 2, contiene disposiciones similares.-

b) Un asegunda característica que debe respetarse en orden a las medidas de coerción (y, en especial, a la prisión preventiva) es su carácter excepcional. Tal exigencia está expresamente contemplada en el artículo 9, n° 3, del P.I.D.C.P. cuando dispone: “La prisión preventiva no debe ser regla general”; carácter este que también ha sido enfáticamente sostenido por la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos a través del informe N° 12/1996, referido a nuestro país.-

En efecto, allí el organismo internacional dijo que: “(...) la detención preventiva es una medida excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia. Se trata de una medida necesariamente excepcional en vista del derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías de debido proceso legal, incluido el derecho a la defensa.”24.-

Vinculado con este mismo recaudo, no menos explícito ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba cuando falló el precedente “Aguirre Domínguez”. Dijo allí la casación cordobesa: “El encarcelamiento – específicamente la prisión preventiva – no puede ser la regla general en relación a las personas que hayan de ser juzgadas (...) . Puesto que no es la regla, la ley (constitución y leyes infraconstitucionales), debe prever anticipadamente los casos y las formas en que la privación de la libertad antes de la sentencia será procedente”25.

Como una de las principales derivaciones del principio de excepcionalidad, se menciona, en especial, la necesidad de agotar toda posibilidad de asegurar los fines del proceso a través de medidas de coerción distintas a la privación de la libertad, que resulten menos lesivas a los derechos del imputado.

c) Vinculado con la exigencia anterior, y como un auténtico derivado de ella, se encuentra el denominado principio de proporcionalidad26. En virtud de este principio – que también fue expresamente reconocido por la casación cordobesa en “Aguirre Domínguez” - se trata de impedir que la situación del individuo, aún inocente, sea peor que la de la persona ya condenada; en otras palabras: de prohibir que la coerción meramente procesal resulte más gravosa que la propia pena. En consecuencia, no será justificado el encarcelamiento procesal cuando, en el caso concreto, no se espere la imposición de una pena privativa de libertad (porque el delito investigado, en su conminación abstracta, no la prevé); o, si está

conminado con una pena privativa de libertad, ésta no sería de cumplimiento efectivo (casos de condena de ejecución condicional). También, como corolario de este principio, el encarcelamie nto cautelar no puede ser mayor (es decir: más prolongado en el tiempo) que la pena eventualmente aplicable.- Este último caso, abre al interprete nuevas posibilidades frente a ciertos institutos previstos por la ley 24.660, como ocurre con la libertad asistida.

d) La cuarta exigencia general que enunciamos se refiere a que, para que la prisión preventiva pueda ser considerada legítima, es menester que tenga una duración razonable.-

En tal sentido, la C.A.D.H., en su art. 7, n° 5, es categórica al afirmar que: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Una norma similar encontramos en el artículo 9, inciso 3° del P.I.D.C.P.-

Esta garantía aún cuando según el criterio de cierta doctrina – como es el caso de Marcelo Solimine 27 - podría ser considerada operativa, terminó siendo reglamentada por ley; tarea que abordó el Congreso Nacional, mediante el dictado de la ley 24.390 y, con posterioridad, su reciente modificación a través de la 25.430 y, en algunos casos, los Códigos procesales Penales de algunos Estados Provinciales.

B) Sobre la base de estos principios hemos intentado construir la estructura de las medidas de coerción personal del texto que se presenta: a) limitando, celosamente, la finalidad procesal de las medidas cautelares y, evitando, cualquier presunción que se base para acreditar el peligro procesal en límites objetivos exclusivamente (monto de la pena en abstracto)28; b) estableciendo pautas indicadoras para el juez, con el objeto de orientarlo respecto a la verificación del entorpecimiento probatorio o del riego de fuga 29; c) previendo mecanismos que operan como alternativas a la prisión preventiva; d) respetando

el principio de proporcionalidad, no solamente como criterio general de interpretación de todo el sistema de medidas cautelares personales sino, además, con manifestaciones concretas que han extendido ciertas instituciones de la ley 24.660 a quienes se encuentran en prisión preventiva (por ejemplo: libertad asistida); e) se ha limitado el tiempo máximo de coerción, vencido el cual deberá cesar la medida y f) en orden a la prisión preventiva, se ha establecido el sistema de audiencias orales para su dictado, agilizándose así su

tramitación y priorizándose la inmediatez. 6) Se ha procurado simplificar el sistema de nulidades; alzaprimándose un modelo en donde el tema se regule a través de tres premisas: a) eliminación de la clasificación en nulidades absolutas y relativas y de las conminaciones

específicas; b) conexión del sistema de invalidez con quebrantamiento de formas que actúen como garantías consagradas por los textos de la Constitucional Nacional y local y c) amplitud en los criterios de saneamiento del vicio30.

7) Con respecto a la prueba se ha procurado: a) consagrar el sistema de exclusiones probatorias; b) legislar expresamente respecto a algunos institutos que han generado amplio debate jurisprudencial, tomando postura respecto de los mismos (por ejemplo: se autoriza la extracción coactiva de sangre o cabellos31; se exige orden para el registro de automotores, etc.); c) con respecto a la prueba testimonial, se ha tenido en cuenta su nueva regulación

constitucional32. Por tal motivo, por una parte, se ha rodeado de las garantías propias del adelanto de prueba a aquellas situaciones que, evidenciadas en la etapa de investigación penal preparatoria, pueden hacer presumir que el deponente no podrá concurrir al debate (por ejemplo: distancia, problemas de salud, etc.) y, de otra, se han eliminado las previsiones de tratamiento especial; d) por fin, con el objeto de evitar la victimización secundaria de personas que han sido objeto de delitos contra la integridad sexual, se ha buscado un equilibrio entre tal valor – ampliamente alzaprimado por documentos de la

Organización de Naciones Unidas33- y el respeto al ejercicio de derecho de defensa, previéndose normas específicas tanto en el capítulo referido a la prueba testimonial como pericial; f) se ha consagrado un concepto amplio de comunicaciones, abarcándose, ahora, no sólo a las intervenciones telefónicas sino, además, a las que derivan de los nuevos avances tecnológicos (e- mail) y g) la complejidad que asumen ciertas formas de criminalidad ha hecho que incluyamos reglas relativas al secuestro de archivos almacenados en sistemas informáticos y peritajes interdisciplinarios, a través de instituciones científicas.

III.- Los Libros Segundo y Tercero regulan, respectivamente, la investigación penal preparatoria y el juicio.

Sin duda que aquí se han proyectado uno de los aspectos más significativos de la reforma. En efecto, con la finalidad de acentuar, marcadamente, el modelo acusatorio, se ha postulado, por una parte, el abandono de la instrucción jurisdiccional y su sustitución por la investigación penal preparatoria a cargo de los fiscales y, de otra, la recuperación del papel central del juicio. La regulación proyectada se caracteriza:

1) La investigación penal preparatoria será practicada por el fiscal. A tal efecto se le acuerda al fiscal: a) atribuciones probatorias, algunas de las cuales puede practicar (o hacer practicar por la policía) directamente y, otras, dependiendo siempre de su iniciativa, solicitar autorización para realizarlas, al juez de garantías; b) atribuciones coercitivas, salvo en el caso de la prisión preventiva que es dictada por el juez de garantías, a pedido del fiscal34 y c) un término concreto para la finalización de la investigación y la emisión de sus

conclusiones.

2) Se ha conferido al juez de garantías el control de la investigación; dependiendo de él, además, la realización de los anticipos de prueba que puedan ser utilizados en el debate.

3) Dentro de las innovaciones que deben enfatizarse en cuanto al título referido a la situación del imputado, destacamos, en especial, la desaparición de la indagatoria como un acto obligatorio. Por cierto que, desde la perspectiva de la teoría procesal, desde hace décadas que este acto es definido como un medio de defensa material. Empero, en la práctica – como bien lo señala Cafferata Nores – “es frecuente observar que se intenta lograr por esta vía, la confesión del imputado, o por lo menos, contradicciones o incoherencias que desvirtúen la defensa material que esté efectuando.”35. De allí que, en el texto proyectado ( y siguiendo las orientaciones de distintos documentos [por ejemplo: Código procesal Penal de Santa Fe, Anteproyecto de Código Procesal Penal de la

Nación, etc.]), el acto se realizará únicamente cuando el imputado así lo requiera.

4) Asimismo, como forma anticipada de la finalización del proceso en la etapa de investigación penal preparatoria (o intermedia) se legisla el sobreseimiento. En tal sentido, la novedad más significativa ha sido la de dar cabida, como nuevo motivo del dictado de esta medida, al sobreseimiento por la duda insuperable.

5) Se ha pretendido agilizar la etapa intermedia. Ello intenta lograrse cuando, en caso de oposición al requerimiento fiscal de citación a juicio, el incidente se resuelve a través de una audiencia oral. Asimismo, y durante esta etapa, formulado el requerimiento, es factible que el litigio finalice a través de un procedimiento abreviado, en donde el propio juez de garantías puede dictar sentencia.

6) Dijimos que, uno de los aspectos que se ha intentado plasmar en las normas proyectadas es el de que se devuelve la centralidad del juicio. En rigor, tal aspiración ya estaba presente en el germen de los sistemas mixtos. Lo que ocurre es que, como en muchas oportunidades, una mutación de la práctica condujo a la frustración inicial de este concepto. Se ha dicho, en tal sentido, con gran agudeza, que “este propósito no se logró acabadamente, pues la

instrucción jurisdiccional operó como un verdadero ‘caballo de Troya’ del viejo sistema, y amparada por una mentalidad hija de muchos años de rutinaria práctica, se resistió a adaptarse a su nuevo papel. El juicio quedó reducido, en muchos casos, a un ejercicio de comprobación acerca de la eficacia de las pruebas (que no debían ser definitivas) en orden a la certeza necesaria para condenar: ‘Los jueces de instrucción se han convertido en verdaderos tribunales de sentencia’”36.

Por el contrario, la investigación proyectada en el documento que se presenta, será verdaderamente preparatoria, facilitando que el juicio plenario vuelva a ser, como corresponde por sus conocidas ventajas y virtudes, la estrella de primera magnitud en el proceso penal. En lo que concierne al juicio común, las principales innovaciones intentadas

pueden sintetizarse de la siguiente manera:

A) Se eliminan todas las facultades autónomas de investigación del Tribunal de

Juicio.

B)En cuanto al trámite, se destaca:

a) Introducción de una audiencia preliminar con la finalidad de que las partes y el tribunal puedan consensuar la cantidad de prueba o dirimir aspectos tales como el juzgamiento en sala unipersonal o colegio, la unión o separación de juicios, etc.

b) En el debate, varias son las modificaciones: b.1) se prevé la cesura; b.2) se impide (en el juicio común) que el imputado pueda ser condenado cuando, el fiscal, en la discusión final emite un pronunciamiento desincriminatorio (con excepción de que haya parte querellante y ésta solicite pena); b.3) si bien no se estableció carácter vinculante (en cuanto a los valores máximos) a la pena solicitada por la fiscalía, sí se prevé que, las circunstancias de calificación sólo podrán ser tenidas en cuenta en la deliberación cuando hayan sido introducidas por la parte acusadora37 y b.4) se ha previsto una nueva regulación para el

problema del “hecho diverso”; contemplando la solución propiciada por el Código Procesal penal de la Provincia de Catamarca. IV.- El libro IV se refiere a las impugnaciones. Dentro de las innovaciones del texto propuesto destacamos las siguientes:

1) Se modifica el juicio de admisibilidad, dejándose a cargo del tribunal a-quo el control de tres recaudos (impugnabilidad objetiva, impugnabilidad subjetiva, temporaneidad). Asimismo, y siguiendo la fórmula legislativa del Código Procesal Penal de Córdoba, se habilita al a-quem para realizar el rechazo in limine de la impugnación “cuando fuese evidente que (el recurso) es sustancialmente improcedente”. La consolidada doctrina (autoral y jurisprudencial) desenvuelta sobre el texto modelo, nos convence de las

bondades de la propuesta: “[e]l rechazo del recurso por este motivo supone que el tribunal ad quem lo ha considerado formalmente admisible, ha entrado a la consideración de la sustancia de los agravios del recurrente y, luego de hacerlo, estima que éstos son manifiestamente improcedentes, razón por la que, sin sustanciarlo del modo previsto en el código (para cada clase de recursos), lo rechaza”38. De esta manera se simplifica el trámite y se gana en agilidad.

2) También se han postulado algunas innovaciones en lo que respecta al recurso de casación.

A) Sin duda una de las cuestiones más importantes en orden a la incidencia de los Pactos Constitucionalizados sobre el sistema penal, está dada por la exigencia de doble instancia (también conocido como principio del “doble conforme”)39. Los acuerdos internacionales establecen la doble instancia como garantía del acusado; y lo hacen en sendos artículos contenidos tanto en la Convención Americana como en el Pacto Internacional. La C.A.D.H. establece, como garantía judicial mínima, la del “derecho de recurrir del fallo ante el juez

o tribunal superior” (art. 8, n° 2, letra “h”). Por su parte, el P.I.D.C.P. en su artículo 14, n° 5, prevé que “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se la haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley”. Por de pronto, la estructura lingüística de esta garantía nos está poniendo en resguardo sobre algo muy importante; cual es: que se trata de una garantía que opera a favor del imputado. Dicho en otros términos: se trata del derecho de la

persona declarada culpable a través de la sentencia, en un proceso penal, a recurrir el fallo condenatorio y la pena impuesta ante un tribunal superior. A esta hipótesis, sin duda la más frecuente, Julio B. J. Maier agrega la de quién habiendo sido absuelto por incapacidad de culpabilidad es sometido a una medida de seguridad y corrección40.

Como primera consecuencia de estas normas, se desprende la inconstitucionalidad de aquellas previsiones contenidas en los códigos adjetivos que, por razones de política procesal, limitaban el recurso de casación respecto del imputado, en caso de condenas menores o leves (por ejemplo: en el ámbito de la legislación nacional, el viejo art. 459 del C.P.P. )41. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una reacción bastante rápida, declaró la invalidez constitucional de aquellos límites a partir del precedente “Giroldi” 42.

Obviamente, el texto proyectado no admite ninguna limitación en esta dirección.

B) Es claro, sin embargo, y como una segunda consecuencia de nuestro razonamiento inicial (esto es: que se trata de una garantía a favor del imputado) que, estos Pactos Internacionales, en modo alguno están invalidando los límites para recurrir que, las legislaciones procesales han impuesto respecto del ministerio público fiscal. Y esto es tan así que, la misma Corte Suprema, en un muy buen fallo, se ha encargado de rechazar un recurso extraordinario deducido al amparo de estas normas. Esto ocurrió en el precedente “Arce”. La Corte dijo allí: “Que el recurrente tacha de inconstitucional el artículo 458 del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto no le concede al Ministerio Público el

derecho de recurrir por vía de casación. Al analizar esta argumentación, es preciso señalar que el derecho a la doble instancia no reviste jerarquía constitucional. En este sentido, existe reiterada jurisprudencia de esta Corte que afirma que el adecuado respeto a la garantía del debido proceso sólo exige que el litigante sea oído con las formalidades legales y no depende del número de instancias que las leyes procesales reglamentando esta garantía constitucional establezcan según la naturaleza de las causas (...). Esta regla ha quedado

limitada por la reforma constitucional de 1994, que consagra expresamente el derecho del inculpado de ‘recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior’ (...). Por consiguiente, es voluntad del constituyente rodear a este sujeto de mayores garantías sin que sea posible concluir que esta diferencia vulnere la Carta Magna, pues es una norma con jerarquía constitucional la que dispone tal tratamiento”43.

Por cierto que, el problema es mucho más complejo que el planteo anterior por cuanto, un sector de nuestra doctrina procesal más avanzada, sostiene la necesidad de erradicar la posibilidad recursiva del fiscal, cuando el proceso ha terminado en una sentencia absolutoria. Más allá del arduo debate que esto significa, hemos tenido que tomar una decisión en esta materia. La misma puede sintetizarse así: el fiscal tiene recurso frente a la sentencia absolutoria pero únicamente a través del motivo casatorio de quebrantamiento de formas procesales. Ello se debe a que, de admitir un recurso basado en un vicio in iudicando, la garantía de la doble instancia quedaría mortalmente

conculcada44 45; lo que no sucede, en este caso, dada la consecuencia del acogimiento de esta vía (nulidad y reenvío) .

C) Ahora bien, si lo dicho hasta aquí puede parecer claro, los problemas mayores surgirán cuando analicemos el siguiente aspecto: la doble instancia a favor del acusado, es una garantía que puede tensionar, en forma muy abierta y marcada, el sistema del juicio oral que se ha difundido en todo el país, porque la naturaleza de la prueba oralizada la hace irreproductible e imposible la revisión por la vía de un recurso ordinario46. Sólo cabe un recurso extraordinario (el de casación) y con carácter un tanto más excepcional, por la esencia de sus motivos, el de revisión e inconstitucionalidad.

En suma: la consagración de la doble instancia en los pactos nos pone en una muy compleja y difícil situación frente al carácter de la casación, como recurso extraordinario que es.

¿Y por qué sostenemos esto? Simplemente porque uno de los axiomas que se sostienen en el ámbito de este recurso es el que niega la competencia del tribunal casatorio cuando lo que se plantea, a través de este medio de impugnación son cuestiones de hecho o

de prueba47.

No es, desde luego, éste un tema cuya preocupación resulte exclusiva de nuestro país. De hecho ya existen pronunciamientos de organismos supranacionales que, en forma expresa han abordado esta problemática48 y, en el ámbito local, un reciente precedente de nuestro máximo Tribunal Federal se ha pronunciado a favor de una mayor flexibilización de la casación49. Frente a esta necesidad, el documento de trabajo, tomando como fuente la

ley de enjuiciamiento penal de España, permite la revisión (en casación) de las cuestiones probatorias que no dependan de la inmediatez. D) Por fin, hemos simplificado el trámite de este recurso, admitiendo únicamente, el procedimiento de ampliación (y refutación) de argumentos, a través del mecanismo de la audiencia oral; la que debe solicitarse en el mismo acto de interposición.

3) La acción de revisión, también ha sido objeto de modificaciones. Entre las más importantes, se destacan: a) se elimina, esta vía, como medio de aplicación de la ley penal más benigna. En caso de sucesión de leyes que favorezcan al condenado, será el mismo órgano jurisdiccional de mérito el encargado de su instrumentación50 y b) se incorpora, como nuevo motivo de revisión, la doctrina jurisprudencial más benigna emanada del Tribunal Superior y de la Corte Federal.

V.- El último libro se refiere a la ejecución. Dentro de esta etapa, las innovaciones mayores se refieren a la ejecución penal y, en particular, a la de las penas privativas de la libertad.

1)La ley 24.660, receptando las claras directivas emanadas de garantías políticas superiores (art. 18, C.N.), ha consagrado en su artículo 2° el principio de legalidad ejecutiva. Es evidente que, para que ese principio pueda concretarse en la realidad, no basta su correcta previsión normativa. Es necesario, además, que se diseñen mecanismos de control como reaseguro de su efectiva vigencia; y, entre estos mecanismos, se destaca, principalmente, la

institucionalización de un control jurisdiccional de la ejecución de la pena de prisión51.

Todos conocemos que, históricamente, en los albores del penitenciarismo, la ejecución fue una actividad de carácter, esencialmente, administrativo. Por aquellas épocas, la actividad del tribunal sentenciador, se agotaba en hacer ingresar al penado en prisión y, de este modo, se daba razón a aquella gráfica afirmación de que “la jurisdicción se despedía del reo en la puerta del penal”. La evolución cultural condujo a que se iniciara un proceso tendente a revertir este puro carácter administrativo de la ejecución, cobrando relevancia el control

jurisdiccional de las potestades de aquélla. Esta evolución se explica por diversas razones; entre las cuales, destaca, principalmente, la idea de que, el ingreso en prisión de cualquier persona no despoja a ésta de otros derechos que aquellos que se determinan en la sentencia condenatoria y los expresamente fijados en la ley. En suma: si se reconoce lo anterior se concluye en la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que, como

persona, conservan los internos.

Esta tendencia, por cierto, encuentra su correlato en las legislaciones de los distintos Estados que, desde hace décadas, y con alcances distintos, vienen diseñando diversos mecanismos de control jurisdiccional de la ejecución. Bachs i Estany52, ha distinguido, en un estudio iuscomparativo, tres modelos de control: los impropios o indirectos, caracterizados por cuanto la intervención del juez o tribunal (especializado o no) se diseña únicamente en vía de recurso con carácter meramente de justicia revisora de última instancia; los propios o directos, caracterizados por la intervención de un órgano específico de ejecución penal, que se desprende del tribunal sentenciador, cumpliendo con su

cometido de tutela inmediata a lo largo de toda la etapa de ejecución y los mixtos en donde el control de la actividad penitenciaria se efectúa a través de dos órganos: uno, de carácter administrativo y, el otro, jurisdiccional.- Si nos limitamos a los sistemas propios o directos, un panorama acotado a la legislación continental europea, permite apreciar que, muchos países vienen creando, desde hace ya tiempo, tribunales específicos destinados a

garantizar la naturaleza jurisdiccional de esta etapa. Así, Italia fue pionera en esta materia, cuando en el Código Penal de 1930, introdujo la figura del iudice di sorveglianza; institución luego modificada y actualmente redefinida en sus competencias, a partir de la ley de ejecución de 1975 (con las modificaciones de la ley N° 663, del 10 de Octubre de 1986 [conocida como “Legge Gozzini”]) , con la distinción entre magistrado y tribunal de vigilancia. En Francia, desde 1958, se previó, en el Código de Procedimiento Criminal, el instituto del Juez de Aplicación de Penas. En Portugal se prevén los Tribunales de Ejecución; en Polonia, desde la década de los setenta, el Juez Penitenciario y, por fin, en

España, el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Nuestro país no está exento de esa tendencia. En efecto, la ley 24.660 dio un paso verdaderamente importante en este terreno si se la coteja con su predecesora inmediata. El artículo 121 del viejo decreto- ley no instrumentaba una efectiva jurisdiccionalidad de la ejecución, sino un mero control formal. Los nuevos artículos 3 y 4, por el contrario, se orientan, decididamente, hacia la idea de un real control jurisdiccional permanente. Y, por otra parte, con agrado podemos ver como, dentro de nuestro federalismo procesal, se avanza, decididamente, hacia la implementación de órganos jurisdiccionales especializados con competencia exclusiva en la etapa ejecutiva 53. Avizorando esta situación, el ocumento de trabajo propone instituir la creación de una magistratura especializada: el juez de ejecución penal.

Nuestra iniciativa puede describirse a través de los siguientes rasgos: A) Se establece un equipo interdisciplinario con el objeto de controlar los dictámenes del Gabinete Técnico Criminológico Provincial.

B) Se garantiza el derecho de defensa durante esta etapa. En particular, se exige a la autoridad administrativa la notificación al asistente técnico del penado de todo procedimiento disciplinario iniciado.

C) Se regula el trámite de la libertad asistida; el que se equipara al de la libertad condicional.

2) Por fin, y en lo que respecta a las otras sanciones, se ha perfeccionado la cláusula vinculada con la ejecución de la pena de multa.

 

1 Esta innovación, fue tomada de la experiencia llevada a cabo por los sistemas procesales de la Provincia de Córdoba y Mendoza. En el caso de Córdoba, el Poder Ejecutivo Provincial, al elevar el respectivo proyecto, hizo referencia a que la jurisdicción unipersonal constituía una herramienta para potenciar la eficacia de la función judicial en lo penal ( Cfr. Ley 8.658). Por su parte, la doctrina procesal mediterránea, al analizar el mérito de esta innovación ha sostenido que: “(...) la jurisdicción colegiada en delitos dolosos con pena privativa de libertad superior a tres años, en casos no complejos (...), implica desde la óptica organizacional de la administración de justicia, destinar el recurso más caro y complicado en su funcionamiento, al juzgamiento de casos que podrían ser resueltos en menor tiempo y costo por medio del ejercicio unipersonal de la jurisdicción” (Cfr. José I. Cafferata Nores – Aída Tarditti [con la colaboración de Gustavo A. Arocena], “Código Procesal penal de la Provincia de Córdoba. Comentado”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, T° I, p.177).

2 En el contexto de los sistemas jurídicos extranjeros, existen algunos países que han optado por establecer sistemas en donde la legalidad aparece como el modelo prevaleciente. Tal es el caso de Italia y España. Respecto de Italia, puede decirse que este modelo legislativo responde a un estricto respeto por la legalidad, entendida como un “automatismo” de parte del Ministerio Público quién, teniendo el monopolio de la acción penal pública, debe ejercerla. Sin embargo, como lo apunta Franco Cordero (Cfr. “Procedimiento Penal”, T°

I, Ed. Temis, Bogotá, 2000, pág. 351 y ss): “De cuando en cuando, los sistemas inclinados a la inflación penal llevan a cabo una desregulación o cambio de reglamentación; hechos que ya constituían delito pierden el estigma, con posibles residuos de ilicitud aquiliana o administrativa. El expediente intermedio consiste en subordinar el proceso a condiciones. Por ejemplo, en la ley 689 del 24 de Noviembre de 1981, que ‘contiene modificaciones al sistema penal’ , figura el capítulo IV titulado la ‘extensión de la perseguibilidad mediante querella’” (El énfasis nos pertenece). De esta manera, delitos que antes eran perseguibles de oficio (y , por consiguiente, quedaban atrapados, en el “automatismo” del ejercicio de la acción), ahora, para ser perseguibles, exigen la querella (obsérvese, empero, que no se trata de la adopción de principios de oportunidad o de casos de disponibilidad, sino, de una situación muy semejante a nuestros delitos de acción privada o dependientes de instancia privada) . También en el caso de España, puede afirmarse que hasta la reforma del Código Penal operada en 1995, regía, con absoluta soberanía y sin excepciones, el principio de legalidad. En tal sentido, Vicente Gimeno Sendra – Víctor Moreno Catena – Valentín Cortés Domínguez (Cfr. “Derecho Procesal Penal”, 2da. edición, Ed. Colex, Madrid, 1997, pág. 166), afirman que: “(...) el ejercicio de la acción penal se rige por un criterio estricto de sujeción a la ley, sin que pueda atender a criterios de oportunidad en su actuación dentro del proceso penal, de forma tal que desde el momento en que resulte la comisión de un hecho delictivo (típico, antijurídico, culpable y punible) perseguible de oficio, el M.F. (art. 105 LECrim) viene obligado a ejercitar la acusación con independencia de cualquier consideración de política criminal o de las circunstancias personales del imputado” . Sin embargo, una pequeña concesión a ciertos criterios de disponibilidad, se introduce en la reforma al Código Penal de 1995, al preverse en el artículo 171. 3 , acotado al delito de chantaje, lo siguiente: “Si el hecho descripto en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, para facilitar el

castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito con cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere sancionado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados”.

3 Cfr. Karl Heinz Gössel, “Reflexiones sobre la situación del Ministerio Público en el procedimiento penal de un Estado de Derecho y sobre sus relaciones con la policía”, Doctrina Penal, año 4, 1981, N° 16, pág. 637 y 641.-

4 Cfr. Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal Argentino. Fundamentos”, T° 1.b, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1989, pág. 551.-

5 Pese a lo dicho, debe reconocerse que, el sistema descripto, se ha visto atemperado, particularmente, a través de dos institutos de, relativamente, reciente incorporación: por un lado, la probation (introducida por la ley 24.316) y por otro , con la consideración de la situación del agente encubierto por parte del artículo 31 bis de

la ley 24.424.

6 Cfr. Maier, op. cit., Vol 1.b, pág. 552. Respecto a los problemas que plantea la “cifra negra”, en la

investigación criminológica, Cfr. Heinz Zipf, “Introducción a la Política Criminal”, Ed. Revista de Derecho Privado, Jaén, 1979, pág. 112 y ss.-

7 Cfr. Jorge De la Rúa, “Disponibilidad de la acción penal”, en “Tribuno” – publicación bimestral del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba – Año II, N° 9, sección doctrina, pág. 241, califica, gráficamente, a este proceso de selección informal como “una forma indirecta o ‘negra’ de disponibilidad (…)”.-

8 Cfr. José I. Cafferata Nores, “Legalidad y oportunidad.: criterios y formas de selección”, en: “Hacia una nueva Justicia Penal”, Consejo para la Consolidación de la Democracia, 1989, T° 1, pág. 26 y ss.-

9 Cfr. Gustavo Cosacov, “El mito de la no impunidad”, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, pág. 63: “En la tabla I [pág. 64] se presenta la relación entre número de delitos (cifra ‘aparente’) y frecuencia de sentencias de condena discriminando los grupos según el sistema procesal con que operan los respectivos tribunales. Podemos apreciar que ningún sistema supera el quince por ciento de condenas en relación con la cifra ‘aparente’”.- 10 Cfr. Maier, op. y loc. cit., pág. 554.-

11 Cfr. Fabricio Guariglia, “Facultades discrecionales del Ministerio Público e investigación preparatoria: El principio de oportunidad” en: A.A. V.V. , “ El Ministerio Público en el Proceso Penal”, Ed. Ad – Hoc, Bs As., 1993, pág. 88.-

12 Cfr. Guariglia, op. y loc. cit. en nota anterior.-

13 Cfr. José Daniel Cesano, “Evitando y humanizando el castigo”, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2003, p. 37

14 Tal decisión, pese a no comp artirla, justo es decirlo, tiene gran predicamento en nuestro medio. Así, distintos documentos legislativos la han admitido (Mendoza, Buenos Aires) e, incluso, recientemente

(19/9/2005), un planteo de inconstitucionalidad - vinculado con estas atribuciones legislativas - ha sido

rechazado (aunque en votación dividida) por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza in re “Fiscal ontra

Sosa Morán, Juan Rafael y otros por daño agravado s/casación” (causa N° 83.449).

15 Al respecto, Cfr. Juan Carlos Vega – Marisa Adriana Graham (Directores), “Jerarquía constitucional de los tratados internacionales”, Ed. Astrea, Bs. As., 1996, pp. 27 y ss.

16 Ampliamente, Cfr. “Derecho a la justicia del querellante y posición desincriminatoria del ministerio fiscal”, en AA. VV., “En torno al querellante particular”, Ed. Advocatus, Córdoba, 2003, pp. 11 y ss.

17 La posibilidad de que el damnificado ejerza su reclamo en sede penal quedará subordinada a que las leyes locales de procedimiento penal admitan el ejercicio en sede penal de la acción civil emergente de un delito del derecho criminal. Y en este sentido la diversidad de ordenamientos procesales que rigen en nuestro país en virtud de la forma de Estado adoptada por la Constitución Nacional (art. 1) y la división de competencias legislativas entre Nación y Provincias (arts. 122 y 75 inc.12, a contrario sensu, C.N) permite observar la existencia de distintos modelos procesales en orden a esta posibilidad (de que en sede penal se resuelvan ambas acciones). En forma esquemática observamos el siguiente panorama:

A) Por una parte, existen algunos Códigos que no permiten el ejercicio en sede penal de la acción civil resarcitoria ( La Pampa, texto ordenado de la ley 332, por decreto Nº 713 del 11-4-1995; Río Negro, a partir de la ley 3216); B) Sin

embargo, la mayoría de los ordenamientos adjetivos locales, sí lo posibilitan, aunque con ciertos matices diferenciales: a) existen algunos Códigos que permiten la constitución de actor civil sin limitaciones en lo que respecta al tipo de delito que ha sido generador del daño (Nación, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén, Tucumán); b) Otros textos, en cambio, realizan ciertas limitaciones, sea en orden a la naturaleza del delito (Córdoba, Mendoza) o a los montos reclamados (Anteproyecto Neuquén); c) Por fin, a partir de la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Chubut, esta posibilidad de ejercer la acción civil en sede penal tendrá otra forma de manifestación a través del denominado “procedimiento monitorio para la reparación del daño”

18 Al respecto, se puede leer en la exposición de motivos de dicho documento legislativo: “(...) se ha adoptado una solución práctica para el problema de la reparación conforme a la ley civil, con el doble fin de evitar la complejidad excesiva que, para el proceso penal de conocimiento, comporta la acción civil y de procurar una solución rápida que dé respuesta inmediata a la condena para la víctima de un hecho punible. Se instrumentó un procedimiento monitorio (cuasi- ejecutivo, art. 193 y s.s.), que procede con posterioridad a una condena penal, a fin de que el tribunal que decidió la condena fije liminarmente la reparación que estime correcta, sin perjuicio del desarrollo de un procedimiento civil posterior, ante los tribunales competentes, ya para que el ofendido pretenda una reparación distinta o mayor a la atribuida por el tribunal penal, ya para que el obligado pretenda que no debe la reparación, o que debe una reparación distinta o inferior a la dispuesta por el tribunal penal y, eventualmente repita de quien percibió la reparación” (para el texto de la ley y la exposición de motivos, Cfr., “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, año VI, Nº 10-A Pág. 606/607 y 691/693.

19 Cfr. Bovino, “El encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos humanos”, trabajo incluido en su libro Problemas de Derecho procesal penal contemporánea, Ediciones del Puerto, Bs. As., 1998, p. 136 y sgs; Cafferata Nores, “Proceso Penal y derechos humanos”, Ediciones del Puerto, Bs. As., 2000, p. 185 y ss.

20 Para el texto integro del informe, Cfr. el sitio web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ubicación del sitio: http://wwwcidhorg/annualrep/97span/argentina11.205.htm ). También, podrá consultarse, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (con la colaboración del Centro de Estudios Legales y Sociales), “Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ámbito interno y el debido proceso y el razonamiento judicial en la Protección de los Derechos Humanos”, Bs. As., 1998, pág. 101 a 114.-

21 Cfr., sobre esta orientación, Rolando Galdino, “La prisión preventiva en el derecho internacional de

derechos humanos”, Revista Investigaciones, Secretaría de Investigaciones de Derecho Comparado de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, n° 3 (1999), pág. 699 a 702.-

22 Cfr. De Luca, “La ley 24.390 y sus modificaciones por la ley 25.430 (cese de prisión preventiva y

derogación del ‘dos por uno’)”, en “¿Más derecho?, Diciembre de 2001 – N° 2, Fabián J. Di Plácido Editor, pág. 251.-

23 Junto con esta fundamentación (del peligro procesal), obviamente, también deberá hacerse mención (en el auto que dispone la medida), en forma simultánea, de la existencia de las pruebas de cargo en contra del imputado respecto del hecho cuya comisión se le atribuye. En este sentido, Cfr. Cafferata Nores, “Proceso Penal y Derechos Humanos”, op. cit., pág. 192.-

24 Para el texto íntegro del informe, Cfr. sitio web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(ubicación concreta: http://www.cidh.org/annualrep/95span/cap.III.argentina11.245.htm ). Un

comentario de dicho informe puede consultarse en Bovino, “La limitación temporal del encarcelamiento

preventivo en la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, en “Problemas del Derecho Procesal Penal (...)”, op. cit., pág. 169 y sgs.-

25 Para el texto del fallo, Cfr. Adriana T. Mandelli, “Doctrina Judicial. Jurisprudencia de la Sala Penal del

Tribunal Superior de Justicia de Córdoba 1994 – 1999”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2000, pág.415 y sgs.-

26 Para uno de los estudios más profundos sobre este principio, cfr. Nicolás González – Cuellar Serrano,

“Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el proceso penal”, Ed. Colex, Madrid, 1990.-

27 Cfr. su exhaustivo trabajo “Limitación temporal del encarcelamiento preventivo y su cómputo a los fines del art. 24 del Código Penal”, Ed. Depalma, Bs. As., 1996, pág. 7 y 8.-

28 En tal sentido, hemos expresado que: “aún cuando las escalas en abstracto permitiesen pronosticar que la imposición de la eventual condena no lo será en forma de ejecución condicional, la presunción a priori y absoluta que realiza el legislador no puede conducir, inexorablemente, al dictado de la medida cautelar. Desde una lectura constitucional, según la cual la prisión preventiva jamás podrá cumplir una finalidad punitiva (de corte sustancial), se impone, en todos los casos, que se pruebe, adecuadamente, que más allá de esta circunstancia (escala penal en abstracto) se hayan dado los presupuestos procesales que legitiman el dictado de la misma (esto es: entorpecimiento de la investigación o riesgo de fuga).” (Cfr. José Daniel Cesano, “Una cuota de racionalidad a lo irracional: a propósito de los límites de la restricción a la libertad individual durante el proceso penal”, La Ley Patagonia, Año 2, N° 4, Agosto de 2005, pp. 1133 y ss.).

29 ¿Qué otros factores podrán tenerse en cuenta para desechar o confirmar ese peligro?. José Ignacio Cafferta Nores (Cfr. “Proceso penal ...”, op. cit., p. 195), partiendo de la elaboración de organismos supranacionales, ha expresado que: “(...) esta ‘presunción [la de riesgo de fuga] no puede basarse únicamente en esa consideración [esto es: gravedad de las escalas penales], pues hay otras consideraciones posibles. Éstas se refieren especialmente al carácter del interesado, a su moralidad, a su domicilio, profesión, recursos, lazos familiares y de cualquier naturaleza (...) que pueden confirmar que existe peligro de fuga o bien que no se justifica la detención provisional’. También hay que tener en cuenta ‘el interés del individuo que ha delinquido en rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad (...), para la cual deben sopesarse elementos tales como la conducta posterior del individuo frente a las consecuencias de su delito, el ánimo o celo reparatorio de los perjuicios ocasionados con el ilícito, el interés del inculpado de incorporar pautas de conducta socialmente aceptables, el entorno social y familiar de aquél y sus posibilidades de rehabilitación’(...)”.

30 Al respecto, por todos, Cfr. Alberto M. Binder, “El incumplimiento de las formas procesales. Elementos para una crítica a la teoría unitaria de las nulidades en el proceso penal”, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2000.

31 Por considerar, en tales casos, al imputado, como objeto de prueba. A favor de dicha tesis, entre otros, se han pronunciado Julio B. J. Maier y José I. Cafferata Nores (Cfr., al respecto, Cafferata Nores, “La prueba en el proceso penal”, Ed. Depalma, Bs. As., 1994, p. 17 y, en especial, nota n° 32).

32 Al respecto, Cfr. José Daniel Cesano, “Algunas influencias de los pactos internacionales

constitucionalizados en el proceso penal”, “Pensamiento penal y criminológico”, Año IV, N° 6, 2003, pp. 124 y ss.

33 Entre estos documentos internacionales resplandece el Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la declaración de Principios Básicos de justicia para Víctimas del delito y Abuso de Poder, elaborado por

expertos de múltiples naciones, como respuesta a la resolución de la Comisión de Prevención del delito y

Justicia Penal de las Naciones Unidas (1996). Para su texto, Cfr. Víctimas, derechos y justicia”, Oficina de derechos Humanos y justicia del poder judicial de la Provincia de Córdoba, Córdoba, 2001.

34 Distintos modelos legislativos siguen este sistema. Tal es el caso, por ejemplo, de Córdoba. No se nos

escapa la posible objeción que, desde una perspectiva constitucional, puede hacerse de esta atribución.

Empero – y sin perjuicio de que esto pueda variar en futuras enmiendas constitucionales locales – lo cierto es que la autoridad competente de la Constitución Nacional, a cuyo orden supedita el sistema normativo la limitación de la libertad de locomoción del individuo mediante el dictado de medidas de coerción personal, bien puede ser, en un sistema de investigación penal preparatoria, el fiscal, al obrar en la órbita de su “competencia”. El principio acusatorio no se vería afectado desde que, se mantiene incólume la división de los roles requirente, y de decisión y de control de garantías constitucionales, que exige ese principio, al ponerse a cargo del fiscal la investigación y del juez las últimas tareas aludidas. Cfr., al respecto, Gustavo A.

Arocena, “Atribuciones coercitivas del fiscal de instrucción”, en Cafferata Nores – Arocena, “Temas de

derecho procesal penal (contemporáneos)”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2001, p. 167.

35 Cfr. “Introducción al derecho procesal penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1994, p. 127, nota n° 13.

36 José I. Cafferata Nores, “Introducción al nuevo Código procesal Penal de la Provincia de Córdoba”, Ed.

Lerner, Córdoba, 1992, p. 72.

37 Cfr. , a favor de esta solución, Gustavo E. L. Garibaldi – Anibal R. Bellagio – María del Cármen Castro, “El juicio criminal y la determinación de la pena bajo presupuestos del acusatorio”, Ed. Ad – Hoc, Bs. As.,2004, pp. 66 y ss.

38 Cfr. Cafferata Nores – Tarditti, “Código (...)”, op. cit., T° II, pp. 392/393.

39 La bibliografía sobre esta garantía es abundante. De lectura imprescindible es el trabajo de Julio B. J.

Maier, “El recurso contra la sentencia de condena ¿una garantía procesal?”; Cuadernos del Departamento de Derecho Penal y Criminología, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Nueva serie, N° 1, Ed. Lerner, 1995, pág. 141 y sgs. También, pueden encontrarse muy buenos análisis en: Maximiliano Hairabedián, “El derecho al recurso en los pactos internacionales”, Cuaderno del Departamento de Derecho Procesal – Nueva Serie - , Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, N° 3, 1998, pág. 151 y sgs.; Gloria Lucrecia Liberatore, “Derecho al recurso”, Revista de Derecho Penal, “Garantías Constitucionales y nulidades procesales I”, Ed. Rubinzal – Culzoni, 2001, pág. 339 y sgs. Y Mariano Borinsky – Horacio L. Días, “La garantía del recurso ante un tribunal superior (Un análisis histórico – comparado)”, Revista de Derecho Penal, “Garantías Constitucionales (...) I”, op. cit., pág. 449 y sgs.-

40 Cfr. Maier, “El recurso (...)” , op. cit., pág. 150.-

41 Dicha norma (declarada inconstitucional por la Corte a partir de “Giroldi”) disponía, por ejemplo : “ El

imputado o su defensor podrán recurrir: 1°) De la sentencia del juez en lo correccional que condene aquél a más de seis (6) meses de prisión, un (1) año de inhabilitación o cien mil (100.000) Australes de multa (...)”; con lo que, a contrario sensu, las condenas que no alcanzaran esas magnitudes quedaban fuera del control casatorio.-

42 Cfr. Fallos 318 (1), pág. 514.-

43 Cfr. Fallos 320 (3), pág. 2154 (la cita corresponde al considerando N° 8).

44 Piénsese en una sentencia absolutoria, la fiscalía ocurre en casación, invocando una inobservancia de una norma sustantiva, el Tribunal Superior hace lugar a la impugnación y condena. ¿Qué recurso le queda al condenado?. Ninguno, por cuanto, desde antiguo, es un principio inconcuso el de que, el recurso

extraordinario federal no satisface el debido resguardo de la garantía de la doble instancia.

45 En un reciente decisorio, el Superior Tribunal de justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del voto del juez Maier, así lo ha dicho. En efecto, al fallar (5/8/2005) el precedente "Alberganti, Christian Adrián s/ art. 68 CC - apelación s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (n° 3910) se expresó que: “"(...) cuando los tribunales de apelación revocan fallos absolutorios o que no hacen lugar a la demanda, dictan ellos la primera resolución adversa para el demandado, esto es, reconocen por primera vez la obligación y condenan por primera vez. Se trata, entonces, de una decisión que, aunque dictada en una segunda instancia, si nos remitimos a la línea de organización jerárquica, es, para el demandado, una primera decisión de condena. Resulta excesivo exigirle a él que reitere [en este caso, vislumbre hipotéticamente] todas sus defensas, cuando ha obtenido un fallo favorable en la primera sentencia". En síntesis, jerárquicamente se trata de un Tribunal de segundo grado, que, sin embargo, dicta una sentencia de primer grado (primera condena). (...) Asimismo, en su recurso de inconstitucionalidad, el defensor sustentó el derecho de su defendido a recurrir la sentencia de condena dictada en segunda instancia. De modo adicional, el derecho a acceder a la mentada doble instancia en favor del ahora condenado reside en el carácter represivo del Derecho contravencional que torna aplicable, a nuestro juicio contravencional, todas las garantías propias del sistema penal. En este sentido, las normas citadas por el recurrente -que gozan de jerarquía constitucional; cf. arts. 18 y 75, inc. 22 de la CN, art. 8, inc. 2, h, CADH y art. 14, inc. 5 del PIDCP- exigen la revisión amplia de la condena dictada por un tribunal ubicado en el segundo grado de jurisdicción según la organización institucional jerárquica de la justicia local, frente a una condena de primera instancia, a pedido del propio condenado; empero, como sucede en este caso, esa misma regla de garantía supone que, si la condena aparece como resultado del recurso acusatorio contra la absolución del tribunal de primera instancia, ésa, por ser la primera condena es recurrible también para el condenado en busca de su revocación o modificación (en este caso, a través de su defensa por vía del único y último recurso aún subsistente según la ley, el recurso de inconstitucionalidad oportunamente interpuesto ante el tribunal de mérito sentenciante). Este razonamiento avala también el hecho de que, con respecto a este agravio, la sentencia de Cámara debe ser considerada definitiva, a contrario de aquello que sucederá con los otros agravios que, en realidad subsidiarios de éste,

pueden todavía ser eventualmente reparados por el tribunal revisor de mérito al que tiene derecho el

recurrente”.

46 Cfr. Jorge De la Rúa, “La reforma de 1994 y su influencia en las ciencias penales”, “Anales”,. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Año Académico 1997, p. 188.

47 Cfr. Fernando De la Rúa, “La casación penal”, Ed. Depalma, Bs. As., 1994, pág. 148 y sgs.-

48 Así, Corte Interamericana de Derechos Humanos, in re "Herrera Ulloa vs. Costa Rica".

49 Cfr. “Recurso de hecho deducido por la defensa de Matías Eugenio Casal en la causa ‘Casal, Matías

Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa —causa N° 1681’”, fallado el 20 de septiembre de 2005.

50 Lo que encuentra respaldo normativo en el carácter oficioso de la aplicación de la norma más benigna que surge del artículo 2°, 3° párrafo, del Código Penal.

51 Cfr. José Daniel Cesano, “Legalidad y control jurisdiccional. Construcción de garantías para lograr un

‘trato humano’ en prisión. Reflexiones a partir de la realidad carcelaria argentina”, “Boletín de derecho

comparado”, Nueva Serie, Año XXXVII, N° 111, Septiembre – Diciembre 2004, México, pp. 792 y ss.

52 Joseph Mª. Bachs i Estany, “El control judicial de la ejecución de penas en nuestro entorno cultural”, en

AA. VV., “Cárcel y derechos humanos. Un enfoque relativo a la defensa de los derechos fundamentales de los reclusos”, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1992, pág. 119 y ss.-

53 Al respecto, Cfr. José Daniel Cesano, “El control jurisdiccional de la ejecución penitenciaria”, Zeus,

Rosario, Año XXIX, 12 de diciembre de 2002, N° 7076, T° 90, pp. 2 y ss.

 

Anteproyecto de Código Procesal para la Provincia de Neuquén

 

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 235)

TITULO I

GARANTIAS FUNDAMENTALES, INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE LA LEY (artículos 1 al 7)

 

Artículo 1

 

ARTICULO 1.- Juez natural. Juicio previo. Principio de inocencia. Nom bis in idem. Inviolabilidad de la defensa. Favor rei. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho y designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según sus leyes reglamentarias; ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de este Código; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni

perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Es inviolable la defensa de las personas y de los derechos en el procedimiento. En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al imputado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en beneficio del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio.

 

Buenos Aires, 1

 

Artículo 2

 

ARTICULO 2.- Duración del proceso.Toda persona sometida a proceso tendrá derecho a ser juzgada en un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas. El retardo en dictar sentencia o las dilaciones indebidas, cuando sean reiteradas, constituyen falta grave.

Buenos Aires, 2

 

Artículo 3

 

ARTÍCULO 3.- Principios del proceso. En el proceso se observarán los principios de contradicción, inmediación, simplificación y celeridad. En el juicio, además, se respetarán los de oralidad, publicidad y contradicción. Anteproyecto Neuquén, 2

 

Artículo 4

 

ARTÍCULO 4. Separación de la función de investigar y juzgar. Los fiscales no podrán realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no podrán realizar actos de investigación o que impulsen la investigación penal. Anteproyecto Nación, 15

 

Artículo 5

 

ARTICULO 5. Interpretación. Toda disposición legal que coarte la libertad personal, restrinja los derechos de la persona, limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente.

Buenos Aires, 3

 

Artículo 6

 

ARTICULO 6. Validez temporal de la norma procesal. Las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean más favorables para el imputado.

Anteproyecto Neuquén, 21

 

Artículo 7

 

ARTICULO 7. Normas prácticas. El Tribunal Superior de Justicia dictará las normas prácticas que sean necesarias para aplicar este Código, sin alterarlo. Buenos Aires, 5

 

TITULO II

 

ACCIONES QUE NACEN DEL DELITO (artículos 8 al 16)

Capítulo I

Acción penal (artículos 8 al 13)

 

Artículo 8

 

ARTICULO 8. Acción pública. La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio Público Fiscal. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley. Buenos Aires, 6 Artículo 9

 

ARTICULO 9. Acción dependiente de instancia privada. La acción penal dependiente de instancia privada no se podrá ejercer si las personas autorizadas por el Código Penal no formularen denuncia ante autoridad competente. La instancia privada se extiende de derecho a todos los partícipes del delito. Si se hubiere actuado de oficio, se requerirá a la víctima o a su tutor, guardador o representante legal, manifieste si instará la acción.

Buenos Aires, 7

 

Artículo 10

 

ARTICULO 10. Acción privada. La acción privada se ejercerá por querella, en la forma que establece este Código. Buenos Aires, 8

 

Artículo 11

REFORMA CÓDIG

ARTÍCULO 11. Obstáculo al ejercicio de la acción penal. Si el ejercicio de la acción penal dependiere de un obstáculo por privilegio constitucional previo, se observará el procedimiento establecido en los artículos 261 a 264 de este Código.

Buenos Aires, 9

 

Artículo 12

 

ARTICULO 12. Regla de no prejudicialidad. Los Jueces o Tribunales deberán resolver, conforme a las leyes que las rijan, todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales. Buenos Aires, 10

 

Artículo 13

 

ARTICULO 13. Cuestiones prejudiciales. Cuando la existencia del delito dependa de una cuestión prejudicial establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá, aun de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre aquella sentencia firme. Si la cuestión prejudicial apareciere introducida con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, el órgano jurisdiccional ordenará que éste continúe. Resuelta la suspensión del proceso,

se ordenará la libertad del imputado, sin perjuicio de realizarse los actos urgentes de la Investigación Penal Preparatoria. Buenos Aires, 11

Capítulo II

Acción civil (artículos 14 al 16 )

Artículo 14

ARTICULO 14.- Ejercicio. La acción civil para la restitución de la cosa obtenida por el delito y la pretensión resarcitoria podrá ser ejercida sólo por el damnificado o por sus herederos en los límites de su cuota hereditaria, o por los representantes legales o mandatarios, contra los imputados y, en su caso, contra el tercero civilmente responsable.

Buenos Aires, 12 – parcial –

 

Artículo 15

 

ARTICULO 15.- Casos especiales. La acción civil será ejercida por la Fiscalía de Estado cuando la Provincia resultare damnificada por el delito. Podrá ser ejercida por el Defensor Oficial civil cuando el titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus derechos, no tenga quién lo represente o acredite beneficio de litigar sin gastos y expresamente delegue su ejercicio.

Buenos Aires, 13 – parcial -

 

Artículo 16

 

ARTICULO 16.- Modo de ejercicio de la acción civil resarcitoria. La acción civil en sede penal se ejercerá de acuerdo al procedimiento monitorio para la reparación del daño.

TITULO III

EL JUEZ (artículos 17 al 57)

Capítulo I

Jurisdicción (artículos 17 al 20 )

Artículo 17

ARTICULO 17. Naturaleza y extensión. La jurisdicción penal se ejercerá sólo por los Jueces o Tribunales que la Constitución de la Provincia y la ley instituyen, y se extenderá al conocimiento de los hechos delictuosos cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar.

Buenos Aires, 15 – parcial - ; Córdoba, 28 – parcial - ; Mendoza, 37 – parcial -; Tucumán, 28 – parcial –

 

Artículo 18

 

ARTICULO 18. Jurisdicciones especiales. Prioridad de juzgamiento. Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden del juzgamiento se regirá por la ley nacional. Del mismo modo se procederá en el caso de delitos conexos. No obstante, el proceso de jurisdicción provincial podrá sustanciarse simultáneamente con el otro, siempre que no se obstaculice el ejercicio de las

respectivas jurisdicciones o la defensa del imputado. Buenos Aires, 16; Córdoba, 29 – parcial - ; Mendoza, 38 – parcial -; Tucumán, 29 – parcial -

 

Artículo 19

 

ARTICULO 19. Jurisdicciones comunes. Prioridad del juzgamiento. Si a una persona se le imputare la comisión de un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción de otra Provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será Juzgado primero en la Provincia de Neuquén, si el delito fuere de mayor gravedad, o siendo ésta igual, aquél se hubiere cometido anteriormente. Del mismo modo se procederá con los delitos conexos. No obstante, si el Tribunal lo estimara conveniente, podrá suspender el trámite del proceso o

diferir su decisión hasta después que se pronuncie la otra jurisdicción. Buenos Aires, 17 – parcial –

 

Artículo 20

 

ARTICULO 20.- Unificación de penas. Cuando una persona hubiere sido condenada en diversas jurisdicciones y correspondiere unificar las penas (C.P. 58), el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia, según hubiera impuesto la pena mayor o menor. El condenado cumplirá la pena en la provincia cuando en ésta se disponga la unificación, salvo que la ley determine lo contrario.

Córdoba, 32

Capítulo II

Competencia (artículos 21 al 36 )

Sección Primera

Organismos. Competencia material (artículos 19 al 25)

 

Artículo 21

 

ARTICULO 21. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. El Tribunal

Superior de Justicia conocerá:

1) En el recurso de casación.

2) En el recurso de inconstitucionalidad.

3) En el recurso de revisión. -

4) En la queja por denegación de recursos en que fuera competente.

5) En la queja por denegación o retardo de justicia en todos aquellos casos

en que no tenga competencia la Cámara de Garantías.-

6) En las cuestiones de competencia entre tribunales que no reconozcan un

órgano jerárquico común que deba resolverlos.

Córdoba, 33 – parcial -

 

Artículo 22

ARTICULO 22. Cámara de Garantías. La Cámara de Garantías conocerá:

1) En el recurso de apelación;

2) En las cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales jerárquicamente inferiores;

3) En la queja por recurso de apelación denegado;

4) En la queja por denegación o retardo de justicia interpuesta con relación a la actuación de los Jueces de Garantías.

Buenos Aires, 21 – parcial -

 

Artículo 23

 

ARTICULO 23.- Cámara en lo criminal. La Cámara en lo Criminal juzga a través de sus Salas Unipersonales o como Tribunal Colegiado – de conformidad a lo previsto por los artículos 24 y 25 - en única instancia, de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal.

Asimismo, como Tribunal colegiado, conocerá de la queja por denegación o retardo de justicia interpuesta con relación a la actuación de sus salas unipersonales.

Córdoba, 34

 

Artículo 24

 

ARTÍCULO 24.- Salas Unipersonales. A los fines del ejercicio de la competencia prevista por el artículo 23, la Cámara en lo Criminal se dividirá en tres (3) Salas Unipersonales, las que procederán de acuerdo con las normas del juicio común; asumiendo la jurisdicción, respectivamente cada uno de los vocales, en ejercicio de las atribuciones propias del presidente y del tribunal encargado de aquél.

Córdoba 34 bis –parcial -

 

Artículo 25

 

ARTÍCULO 25.- Excepción: Jurisdicción en colegio. No obstante lo previsto en el artículo anterior, la jurisdicción será ejercida en forma colegiada cuando, en la oportunidad prevista por el artículo 291:

1) A criterio del tribunal se tratare de una causa compleja;

2) Si las partes se opusieren al ejercicio unipersonal de la jurisdicción

Córdoba, 34 ter – parcial –

 

Artículo 25

 

ARTICULO 25. Juez de Garantías. El Juez de Garantías conocerá:

1) En las cuestiones derivadas de las presentaciones del querellante y de la victima.

2) En la imposición, cesación y control de la prisión preventiva.

3) En la cesación y control de las demás medidas de coerción personal que establezca este Código y cuya imposición no dependan de él.

4) En la realización de los actos o procedimientos que tuvieren por finalidad el adelanto extraordinario de prueba.

5) En las peticiones de nulidad.

6) En la oposición de elevación a juicio o en la resolución de excepciones que se plantearen en los términos previstos por el artículo 287.

7) Recibirá la declaración del imputado en caso de que éste solicite ejercer ese derecho.

8) En el control del cumplimiento de los plazos de la investigación penal preparatoria.

9) Juzgará en única instancia en el procedimiento abreviado fundado en caso de flagrancia.

10) En todas las cuestiones relativas al trato de las personas privadas de libertad a título cautelar.

11) En el trámite y resolución de la suspensión del proceso a prueba; si se plantease durante la investigación penal preparatoria o durante la etapa intermedia.

12) Autoriza al fiscal la aplicación de criterios de oportunidad.

13) En la oposición que, la víctima, hiciese respecto del archivo dispuesto por el fiscal.

14) En todo otro supuesto previsto en este Código.

Buenos Aires, 23 – parcial -

 

Artículo 26

 

ARTICULO 26. Juez en lo Correccional. El Juez en lo Correccional conocerá: 1) En los delitos que no tengan previstas penas privativas de libertad; 2) En los delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo no exceda de tres años;

3) En carácter de alzada respecto de faltas o contravenciones provinciales, según lo dispongan las leyes pertinentes; y

4) En la queja por denegación de los recursos en ellas previstos.

Buenos Aires, 24 – parcial -

 

Artículo 27

 

ARTICULO 27.- Juez de Ejecución. Los jueces de ejecución penal tendrán a su cargo:

1) Controlar que se respeten las garantías constitucionales en el trato otorgado a los condenados y a las personas inimputables, mayores de edad, sometidos a una medida de seguridad;

2) Resolver las peticiones que presenten los condenados a penas privativas de la libertad, con motivo de los derechos a: salidas transitorias, semilibertad, libertad asistida, prisión domiciliaria, semidetención, prisión discontinua y libertad condicional;

3) Conocer en las impugnaciones de todas las sanciones disciplinarias impuestas durante la ejecución de la condena;

4) Conocer en todos los demás incidentes que se susciten durante la etapa de ejecución de una sentencia condenatoria, con excepción de los siguientes:

a) Los relacionados con el cómputo de las penas;

b) La revocación de las condenas de ejecución condicional o de la libertad condicional por la comisión de un nuevo delito;

c) La unificación de condenas y pena; y

d) La modificación de la sentencia o de la pena impuesta por haber entrado en vigencia una ley penal más benigna.

En todos estos casos, será competente para resolver la cuestión incidental suscitada, en las hipótesis previstas en las letras “a”, “b” y “d” el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia condenatoria; en la le tra “c”, el Juez o Tribunal que corresponda según las reglas del artículo 58 del Código Penal.

5) Supervisar, a través del Patronato, el cumplimiento de las condiciones compromisorias de la libertad condicional y de las reglas de conducta establecidas en los casos de condenas de ejecución condicional y de la suspensión del proceso a prueba

6) Intervenir en el trámite relativo a la transferencia internacional de la ejecución de conformidad a lo establecido por el artículo 221 de la Ley 24.660 y en la Parte IV (cumplimientos de condenas) de la ley 24.767.-

Anteproyecto de ley de creación de los juzgados de ejecución penal de Neuquén (en adelante: ACJEPN), 3; Córdoba, 35 bis – parcial -

Sección Segunda

Determinación de la competencia por la materia (artíc ulos 28 al 30)

 

Artículo 28

 

ARTICULO 28. Determinación. Para determinar la competencia por razón de la materia se tendrá en cuenta la pena establecida para el delito consumado y las circunstancias agravantes de la calificación, no así la acumulación de penas por concurso de delitos de la misma competencia. Siempre que sea probable la aplicación del artículo 52 del Código Penal, será competente el Tribunal Criminal respectivo. Cuando la ley sancione el delito con varias clases de pena, se tendrá en cuenta la más grave.

Buenos Aires, 26

 

Artículo 29

 

ARTICULO 29.- Declaración de incompetencia. La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aún de oficio, en cualquier estado del procedimiento. El órgano correspondiente que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere. Fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepción, el Tribunal juzgará los delitos de competencia inferior.

Buenos Aires, 27

 

Artículo 30

 

ARTICULO 30. Actos realizados por un órgano de competencia superior. Cuando un órgano de competencia superior haya actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior, los actos realizados por aquél conservarán su validez.

Buenos Aires, 28 –parcial -

Sección Tercera

Competencia territorial (artículos 31 al 33 )

 

Artículo 31

 

ARTICULO 31.- Reglas generales. Serán competentes el Juez o Tribunal e intervendrá el Fiscal del lugar en que el hecho se hubiera cometido. En caso de tentativa, el del lugar en donde se cumplió el último acto de ejecución; en el caso de delito continuado o permanente, el de aquél donde comenzó a ejecutarse.

Buenos Aires, 29 – parcial - ; Córdoba, 43; Mendoza, 54; Tucumán, 43

 

Artículo 32

 

ARTICULO 32.- Remisión de la causa. El órgano que declare su incompetencia territorial, deberá remitir la causa al que considere competente y pondrá a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de la investigación.

Buenos Aires, 30

 

Artículo 33

 

ARTICULO 33. Efectos. Conservarán su validez, pese a la declaración de incompetencia territorial los actos cumplidos por el fiscal y por el juez de garantías y que se hubiesen realizado de acuerdo a las reglas de este Código, durante la investigación penal preparatoria.

Buenos Aires, 31

Sección Cuarta

Competencia por conexión (artículos 34 al 36 )

 

Artículo 34

 

ARTICULO 34.- Casos. Las causas serán conexas en los siguientes casos: 1) Si los delitos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o aunque lo fueren en distinto tiempo o lugar, cuando hubiere mediado acuerdo entre ellas.-

2) Si un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al autor o a otra persona su provecho o impunidad.-

3) Si a una persona se le imputan varios delitos.

Buenos Aires, 32

 

Artículo 35

 

ARTICULO 35. Reglas de conexión. Cuando se sustancien causas conexas por delitos de acción pública y jurisdicción provincial, se acumularán y será órgano competente:

1) Aquél a quien corresponde conocer en el delito más grave.

2) Si los delitos tuvieran la misma pena, el competente para juzgar el primeramente cometido.

3) Si los delitos fueran simultáneos o no constare cuál se cometió primero, el que haya prevenido.

El órgano judicial que deba resolver las cuestiones de competencia tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia.

La acumulación de causas no obstará a que se puedan tramitar por separado, salvo que ello fuera inconveniente para la investigación.

Buenos Aires, 33 – parcial -

 

Artículo 36

 

ARTICULO 36. Excepción a las reglas de conexión. No procederá la acumulación de causas cuando este procedimiento determine un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos los procesos deberá intervenir un solo órgano, de acuerdo con las reglas del artículo anterior.

No serán aplicables las reglas de conexión de los artículos 34 y 35, para los supuestos en que, a la causa, se la haya impreso el trámite de un procedimiento abreviado.

Buenos Aires, 34 – parcial -

 

Capítulo III

 

Cuestiones de Jurisdicción y Competencia (artículos 37 al 48)

 

Sección Primera

 

Procedimiento (artículos 37 al 45)

 

Artículo 37

 

ARTICULO 37. Tribunal Competente. Los conflictos de jurisdicción y competencia serán resueltos por: 1) El Tribunal Superior de Justicia, cuando se plantearen entre Tribunales o Jueces que no reconozcan un órgano jerárquico común.

2) La Cámara de Garantías, cuando se plantearen entre jueces jerárquicamente inferiores.

Buenos Aires, 35 – parcial -

 

Artículo 38

 

ARTICULO 38.- Promoción. El Fiscal y las otras partes podrán promover cuestión de competencia por inhibitoria, ante el órgano que consideren competente o por declinatoria, ante quien estimaren incompetente.

Quien optare por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultánea o sucesivamente.

Al plantear la cuestión, quien la promueva deberá manifestar, bajo sanción de inadmisibilidad, que no ha empleado el otro medio y si resultare lo contrario será condenado en costas, aunque la cuestión sea resuelta a su favor o abandonada.

Si se hubieran empleado los dos medios y llegado a decisiones contradictorias, prevalecerá la que se hubiese dictado primero.

Buenos Aires, 36

 

Artículo 39

 

ARTICULO 39. Oportunidad. La cuestión de competencia podrá ser promovida en cualquier estado de la Investigación Penal Preparatoria y hasta antes de fijada la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 32, 33, 35 y 308.

Buenos Aires, 37

 

Artículo 40

 

ARTICULO 40. Trámite de la inhibitoria. Cuando se promueva la inhibitoria se observarán las siguientes reglas:

1) El órgano ante quien se proponga la resolverá dentro del tercer día, previa vista al Ministerio Público Fiscal por igual plazo. Cuando se deniegue será impugnable por apelación ante quien corresponda .

2) Cuando se resuelva librar oficio inhibitorio, con él se acompañarán las piezas necesarias para fundar la competencia.-

3) El órgano requerido, cuando reciba el oficio inhibitorio, resolverá previa vista por tres (3) días al Ministerio Público Fiscal y a las otras partes. Si hace lugar a la inhibitoria, su resolución será impugnable por recurso de apelación, elevándose ante el Tribunal competente conforme a lo previsto en el artículo

4) Si se negare la inhibición, el auto será comunicado al órgano que la hubiere propuesto en la forma prevista en el inciso 3) y se le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes al órgano que deba resolver el conflicto.-

5) Recibida la comunicació n, el órgano que hubiese propuesto la inhibitoria, resolverá en el plazo de tres (3) días y sin más trámite, si sostiene o no su competencia; en el primer caso, remitirá los antecedentes al órgano que deba resolver el conflicto, conforme a lo previsto en el artículo 37 y se lo comunicará al que fuese requerido, para que haga lo mismo con el expediente; en el segundo caso, se lo comunicará al considerado competente, remitiéndole lo actuado.

6) El conflicto será resuelto dentro de tres (3) días, previa vista por igual plazo al Ministerio Público Fiscal, remitiéndosele de inmediato, en su caso, la causa al órgano competente.

Buenos Aires, 38

 

Artículo 41

 

ARTICULO 41. Trámite de la declinatoria. La declinatoria se substanciará en la forma establecida para las exc epciones de previo y especial pronunciamiento. Buenos Aires, 39

 

Artículo 42

 

ARTICULO 42. Efectos. Las cuestiones de competencia no suspenderán la Investigación Penal Preparatoria, que será continuada: 1) Con la intervención del órgano que primero conoció en la causa.

2) Si dos o más órganos hubieran tomado intervención en la causa en la misma fecha, por el requerido de inhibición.

Las cuestiones propuestas antes de la fijación de la audiencia para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente.

Buenos Aires, 40 – parcial -

40

 

Artículo 43

 

ARTICULO 43. Validez de los actos. Los actos de investigación penal preparatoria practicados regularmente, según las previsiones legales, y hasta la decisión sobre la competencia serán válidos.

Buenos Aires, 41

 

Artículo 44

 

ARTICULO 44. Conflictos de actuación entre Fiscales. Los conflictos de actuación que se plantearen entre los representantes del Ministerio Público Fiscal serán resueltos por el Órgano inmediatamente superior común a ellos o por el que determine la ley orgánica de Ministerios Públicos.

Buenos Aires, 42 – parcial –

 

Artículo 45

 

ARTICULO 45. Otras cuestiones. Las cuestiones de competencia con tribunales nacionales, federales, militares o de otras provincias, serán resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia, con arreglo a la ley nacional o tratados interprovinciales que existieren.

Buenos Aires, 43 – parcial-

Sección Segunda

Extradición (artículos 46 al 48 )

 

Artículo 46

 

ARTICULO 46. Solicitud entre Jueces y Órganos Fiscales. La extradición de imputados o condenados que se encuentren en distinta jurisdicción, será solicitada por los órganos jurisdiccionales o requirentes que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por la ley o convenio de la materia.

Buenos Aires, 44

 

Artículo 47

 

ARTICULO 47. Solicitud a Jueces u Órganos Fiscales Extranjeros. Si el imputado o condenado se encontrara en territorio extranjero, la extradición se tramitará por vía diplomática, con arreglo a los tratados existentes o a las disposiciones internas sobre cooperación penal internacional.

Buenos Aires, 45 – parcial -

 

Artículo 48

 

ARTICULO 48.- Diligenciamiento. Las solicitudes de extradición serán diligenciadas inmediatamente, previa vista por veinticuatro (24) horas al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

Buenos Aires, 46

Capítulo IV

Excusación y recusación (artículos 49 al 57)

 

Artículo 49

 

ARTICULO 49. Motivos de Excusación. El Juez deberá excusarse cuando exista alguno de los siguientes motivos:

1) Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia sobre puntos a decidir; si hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante, actor civil o querellante; si hubiera actuado como perito o conocido el hecho investigado como testigo.

2) Si como Juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3) Si fuere pariente, en los grados preindicados, de algún interesado, su defensor o mandatario.

4) Si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en el proceso.

5) Si fuere o hubiere sido tutor o curador o hubiere estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados.

6) Si él o sus parientes, dentro de los grados preindicados, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima.

7) Si él, su cónyuge, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de bancos oficiales o constituidos por sociedades anónimas.

8) Si antes de comenzar el proceso hubiese sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o denunciado acusado o demandado por ellos, salvo que circunstancias posteriores demostraren armonía entre ambos.

9) Si antes de comenzar el proceso, alguno de los interesados le hubiere promovido jurado de enjuiciamiento, y la denuncia fuere admitida.

10) Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso.-

11) Si tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados.

12) Si él, su cónyuge, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo hubieren recibido o recibieren bene ficios de importancia de alguno de los interesados; o si después de iniciado el proceso, reciban presentes o dádivas, aunque sean de poco valor.

13) Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad.-

Buenos Aires, 47 – parcial -

 

Artículo 50

 

ARTICULO 50. Interesados. A los fines del artículo anterior se considerarán interesados el imputado, la víctima, el actor civil, el querellante, el citado en garantía y el civilmente demandado, aunque no hubiese constitución en parte.

Buenos Aires, 48

 

Artículo 51

 

ARTICULO 51. Trámite de la excusación. El Juez que se excuse remitirá la causa con decreto fundado al que deba reemplazarlo, quién proseguirá su trámite, sin perjuicio de elevar los antecedentes del caso al órgano correspondiente, si estimare que la excusación no tiene fundamento, el que resolverá la incidencia sin más trámite.

Cuando el Juez que se excuse forme parte de un órgano judicial colegiado, éste resolverá sobre la excusación.

Buenos Aires, 49

 

Artículo 52

 

ARTICULO 52. Recusación. Forma. Las partes, sus defensores o mandatarios, podrán recusar al Juez sólo cuando exista uno de los motivos enumerados en el artículo 49.

La recusación deberá ser interpuesta, bajo sanción de inadmisibilidad, por escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba.

Buenos Aires, 50

 

Artículo 53

 

ARTICULO 53. Trámite. La recusación solo podrá ser interpuesta, bajo sanción de inadmisibilidad, en las siguientes oportunidades: 1) Durante la investigación penal preparatoria, antes de su clausura.

2) En el juicio, durante el plazo de citación.

3) Cuando se trate de recursos, en el primer escrito que se presente o al término del emplazamiento.

4) En el caso de ejercer la acción resarcitoria a través del procedimiento monitorio, al deducir la demanda o presentar su contestación.

En caso de causal sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de conocida aquélla o de ser ésta notificada, respectivamente.

Si se admitiere la recusación se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51. En caso contrario, se remitirá el escrito de recusación con su informe al órgano competente quien, previa audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las partes, resolverá el incidente dentro de las veinticuatro (24) horas.

Buenos Aires, 51 – parcial -

 

Artículo 54

 

ARTICULO 54. No intervención del juez recusado. Durante que dure la sustanciación del trámite previsto en la 2ª disposición del párrafo fina l del artículo anterior, el juez que no admitiese su recusación no podrá realizar ningún acto; excepto los jueces de garantías que podrán disponer, a pedido de parte, las medidas de prueba anticipada que, por su urgencia, resulten ineludibles.

 

Artículo 55

 

ARTICULO 55. Excusación y recusación de Secretarios y Auxiliares.

Secretarios y auxiliares deberán excusarse y podrán ser recusados por los motivos expresados en el artículo 49. El órgano ante el cual actúen comprobará en forma verbal el hecho y resolverá lo que correspondiere.

Buenos Aires, 53

 

Artículo 56

 

ARTICULO 56. Excusación y recusación de Fiscales. Los miembros del Ministerio Público Fiscal deberán excusarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los Jueces, con excepción de los previstos en la primera parte del inciso 8 y en el inciso 10 del artículo 49. La recusación y la excusación serán resueltas en juicio oral y sumario por el órgano ante el cual actúa el funcionario.

Buenos Aires, 54

 

Artículo 57

 

ARTICULO 57. Efectos. Producida la excusación o aceptada la recusación, el órgano correspondiente no podrá realizar en el proceso ningún acto.

Aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquellas, la intervención de los nuevos órganos será definitiva.

Buenos Aires, 55 –parcial -

 

TITULO IV

 

PARTES Y DEMAS INTERVINIENTES (artículos 58 al 86 )

 

Capitulo I

 

El Ministerio Público Fiscal (artículos 58 al 63)

 

Artículo 58

 

ARTICULO 58. Funciones, facultades y poderes. El Fiscal promoverá y ejercerá la acción pena l, en la forma establecida por la ley, practicando la investigación penal preparatoria.

En el ejercicio de su función tendrá las facultades generales que le otorgue la ley de organización respectiva y, adecuará sus actos a un criterio objetivo debiendo formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio, aún a favor del imputado.

Formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten a sí mismos. Procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás casos.

En la investigación penal preparatoria, tendrá libertad de criterio para realizarla; sin perjuicio de las facultades acordadas por la ley, al Fiscal del Tribunal Superior de Justicia y a los Fiscales de Cámara.-

En el ejercicio de sus funciones, dispondrá de los poderes acordados a los órganos judiciales por el artículo 90.

Buenos Aires, 56

 

Artículo 59

 

Artículo 59. Criterios de oportunidad. El fiscal podrá requerir autorización para prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, en los siguientes casos:

1) Cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en el hecho fuera insignificante y siempre que la pena máxima en abstracto del delito imputado no supere los tres (3) años de prisión.

2) En los delitos culposos cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena o desvirtúe su finalidad.

3) Cuando el imputado se halle afectado por una enfermedad incurable en estado terminal, según dictamen pericial, que ponga en riesgo directo su vida, en consideración a las circunstancias del caso.

4) Cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a las de los otros delitos imputados.

Anteproyecto de reforma al Código Penal (incorporación del principio de oportunidad); Buenos Aires, 56 bis (ley 13183); Ordenanza Procesal Penal Alemana, parágrafo 154.1.

 

Artículo 60

 

Artículo 60. Efectos de la aplicación de los criterios de oportunidad. Cuando el fiscal decida aplicar alguno de los criterios de oportunidad establecidos en el artículo anterior, así lo solicitará al juez de garantías. En los casos del inciso 1°, el órgano jurisdiccional citará a la víctima y al fiscal y los escuchará en audiencia. La no comparencia de la víctima se entenderá como consentimiento a la aplicación del criterio de oportunidad. En los casos

de delitos contra la propiedad, si la víctima no prestase su aquiescencia y el fiscal insistiese con la aplicación del criterio, el juez le hará saber a aquella que tiene derecho a solicitar la conversión de la acción pública en acción privada. El juez resolverá inmediatamente. En caso de conversión regirán las disposiciones contenidas en el Libro III, Título II, capítulo II de este código. Si se rechazará la aplicación del criterio de oportunidad, la resolución que lo

decida será irrecurrible. En caso de admitirse el criterio de oportunidad, la decisión que así lo resuelva producirá la extinción de la acción penal pública con relación al autor o

partícipe a cuyo favor se decida.

Anteproyecto Neuquén, 39 – parcial -

 

Artículo 61

 

ARTICULO 61.- Fiscal de Tribunal Superior.-

El Fiscal de Tribunal Superior ejercerá las funciones generales que le acuerda la ley.

Buenos Aires, 57 – parcial-

 

Artículo 62

 

ARTICULO 62. Fiscal de Cámara en lo Criminal. Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal de Cámara actuará durante el juicio ante el Tribunal respectivo. Podrá llamar al agente fiscal que haya intervenido en la investigación penal preparatoria cuando se trate de un asunto complejo y para que le suministre información o coadyuve con él, incluso durante el debate.

 

Artículo 63

 

ARTICULO 63.- Agente Fiscal.- El Agente Fiscal tendrá las siguientes facultades:

1) Dirigirá, practicará y hará practicar la investigación penal preparatoria actuando con la colaboración de la Policía, solicitando las medidas que considere necesarias, ante los Jueces o ante cualquier otra autoridad.

2) Oirá a quien afirmara su condición de víctima, así como a todas las personas que pudieran aportar elementos para el eficiente ejercicio de la acción penal.

3) Actuará en el juicio oral ante el órgano respectivo cuando le fuere requerido. 4) Vigilará la estricta observancia del orden legal en materia de competencia, en el cumplimiento de las reglas de procedimiento, en la ejecución de sentencias penales y en materia de leyes que regulan la restricción de la libertad personal.

5) Contestará las vistas o traslados que se le corrieren según las disposiciones legales.

6) Requerirá de los Jueces el activo despacho de los procedimientos penales enlos que intervinieren, deduciendo los reclamos pertinentes.

Buenos Aires, 59 – parcial -

 

Capítulo II

 

El imputado (artículos 64 al 68)

 

Artículo 64

 

ARTICULO 64. Calidad. Instancias. Se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito. Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra.

Cuando estuviere detenido, el imputado podrá formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, quien las comunicará inmediatamente al órgano interviniente. Desde el mismo momento de la detención o, no correspondiendo la detención por el delito, desde la primera diligencia practicada con el imputado, éste deberá ser anoticiado por la autoridad que intervenga que goza de las siguientes garantías mínimas:

1) Ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de los cargos que se le imputan.

2) A comunicarse libremente con un letrado de su elección, y que le asiste el derecho de ser asistido y comunicado con el Defensor Oficial.

3) Que no está obligado a declarar contra si mismo ni a confesarse culpable.

4) Los derechos que le asisten, de acuerdo a las reglas de este código (artículo 351), con relación al responsable civil del hecho por el que se lo imputa -si lo hubiere- y también respecto del asegurador.

Buenos Aires, 60 – parcial -

 

Artículo 65

 

ARTICULO 65. Identificación e individualización. La identificación se practicará por los datos personales del imputado, sus impresiones digitales y señas particulares, por medio de la oficina técnica respectiva. Cuando no sea posible porque se niegue a dar sus datos o lo haga falsamente, se procederá a su identificación por testigos, en la forma prescrita para los reconocimientos por los artículos 227 y 228 o por otros medios que se consideren adecuados. Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los

datos suministrados u obtenidos no alterarán el trámite de la causa, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de ella o durante la etapa de ejecución. Buenos Aires, 61

 

Artículo 66

 

ARTICULO 66. Incapacidad. Si se presumiere que el imputado, en el momento del hecho, padecía de alguna enfermedad mental que lo hiciera inimputable, podrá disponerse provisionalmente su internación en un establecimiento especial, si su estado lo tornare peligroso para sí o para terceros.

En tal caso, sus derechos y facultades serán ejercidos por el curador o si no lo hubiere, por el Defensor Oficial, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados.

Buenos Aires, 62

 

Artículo 67

 

ARTICULO 67. Incapacidad sobreviniente. Si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, se suspenderá la tramitación de la causa y, si su estado lo tornare peligroso para sí o para terceros, se ordenará su internación en un establecimiento adecuado, cuyo director informará trimestralmente sobre su situación al órgano interviniente. La suspensión del trámite del proceso impedirá la realización del juicio, sin

perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga aquél contra los demás imputados.

Si el imputado recobrase la capacidad mental, proseguirá la causa a su respecto.

Buenos Aires, 63

 

Artículo 68

 

ARTICULO 68. Examen mental obligatorio. El imputado será sometido a examen mental, siempre que el delito que se le atribuya tenga prevista pena privativa de libertad no menor de diez (10) años o cuando fuere sordomudo, o mayor de setenta años, o si fuera probable la aplicación de una medida de seguridad.

Buenos Aires, 64

 

Capítulo III

 

El querellante particular (artículos 69 al 73)

 

Artículo 69

 

ARTICULO 69. Querellante particular. La persona directamente ofendida penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, podrán intervenir en el proceso como querellante particular en la forma especial que este Código establece, y sin perjuicio de ejercer, con posterioridad, la acción civil resarcitoria a través del procedimiento monitorio.

 

Córdoba, 7 – parcial -

 

Artículo 70.

 

ARTÍCULO 70. Instancia y requisitos. Las personas mencionadas en el artículo precedente podrán instar su participación en el proceso penal como querellante particular. Los incapaces deberán actuar debidamente representados, autorizados o asistidos del modo prescripto por la ley. La instancia deberá formularse personalmente o por representante con poder general o especial, que podrá ser otorgado “apud acta”, en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad:

1) Nombre, apellido y domicilio del querellante particular.

2) Una relación sucinta del hecho en que se funda.

3) Nombre y apellido del o de los imputados, si los supiere.

4) La petición de ser tenido como parte y la firma.-

 

Córdoba, 91

 

Artículo 71.-

 

ARTÍCULO 71. Oportunidad. Trámite. Rechazo. La instancia podrá formularse a partir de iniciada la investigación penal preparatoria y hasta su clausura.

El pedido será presentado ante el Juez de Garantías quien resolverá por auto en el término de tres (3) días.-

Si el Juez de Garantías rechazara el pedido de participación, el querellante particular podrá recurrir en apelación ante la Cámara de Garantías.

Córdoba, 92 – parcial -

 

Artículo 72

 

ARTÍCULO 72. Facultades y deberes. El querellante particular podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado en la forma que dispone este Código. La intervención de una persona como querellante particular no la exime del deber de declarar como testigo.

En caso de sobreseimiento o absolución podrá ser condenado por las costas que su intervención hubiere causado.

 

Córdoba, 94

 

Artículo 73.

 

ARTÍCULO 73. Renuncia. El querellante particular podrá renunciar a su intervención en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera causado.

Córdoba, 95 – parcial -

 

Capitulo IV

 

La Víctima (artículo 74 al 76)

 

Artículo 74

 

ARTICULO 74. Derechos y facultades. Se garantizará a quienes aparezcan como víctimas, representantes legales o, en caso de muerte, derecho habientes, los siguientes derechos y facultades:

1) A recibir un trato digno y respetuoso;

2) A la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa del hecho de la investigación; 3) A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, debiendo anoticiársele la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia de debate;

4) A que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento;

5) A la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este Código;

6) A la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada;

7) A requerir el inmediato reintegro de lo sustraído y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código;

8) A oponerse al archivo dispuesto por el fiscal interviniente;

9) A reclamar por la demora o ineficiencia en la investigación ante el superior inmediato del Agente Fiscal interviniente.

En los procesos por lesiones dolosas, cuando la convivencia entre víctima y victimario haga presumir la reiteración de hechos del mismo carácter, el Juez de Garantías podrá disponer como medida cautelar, la exclusión o la prohibición del ingreso al hogar. Una vez cesadas las razones que motivaran fundadamente la adopción de la medida, se podrá requerir su inmediato levantamiento.

 

Buenos Aires, 83

 

Artículo 75

 

ARTICULO 75.- Asistencia genérica y técnica.- Desde los primeros momentos de su intervención, la Policía y el Ministerio Público Fiscal, suministrarán a quién alegue verosímilmente su calidad de víctima, la información que posibilite su derecho a ser asistida como tal por el Centro de Asistencia a la Víctima, aún sin asumir el carácter de querellante particular.

Para el ejercicio de los derechos que se le acuerdan a quien alega su condición de víctima, no será obligatorio el patrocinio letrado.

Si no contara con medios suficientes para contratar un abogado a fin de constituirse en querellante, el Centro de Asistencia a la Víctima se lo proveerá gratuitamente, a fin de que acceda legítimamente al procedimiento judicial.

 

Buenos Aires, 85

 

Artículo 76

 

ARTICULO 76.- Comunicación.- Todos los derechos y facultades reconocidos en este capítulo, serán comunicados por el órgano interviniente a la víctima, desde el momento mismo del inicio de la investigación y en la primera diligencia procesal que con ella se efectúe.

Asimismo se le comunicarán las facultades y derechos que puede ejercer, de acuerdo a las disposiciones que este código establece, contra los responsables civiles del hecho, contra el asegurador del imputado si lo hubiere y la facultad que tiene de constituirse en actor civil en el marco del procedimiento monitorio o querellante particular.

Buenos Aires, 88 – parcial -

 

Capítulo V

 

Defensores y Mandatarios (artículos 77 al)

 

Artículo 77

 

ARTICULO 77.- Derechos.-

El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogados de la matrícula de su confianza o por el Defensor Oficial.

Podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa o no obstaculice la normal sustanciación del proceso, supuestos en que el órgano interviniente lo invitará a elegir defensor de su confianza dentro del término de tres (3) días, bajo apercibimiento de continuaractuando el Defensor Oficial conforme lo dispuesto en el artículo 80.

En ningún caso el imputado podrá ser representado por apoderado. La propuesta del defensor hecha por el imputado, importará, salvo manifestación en contrario, conferirle mandato para representarlo en el trámite de la acción civil durante el procedimiento monitorio, que subsistirá mientras no fuere revocado.

 

Buenos Aires, 89 – parcial -

 

Artículo 78

 

ARTICULO 78.- Número de defensores.- El imputado podrá ser defendido por más de un (1) defensor.

Cuando intervenga más de un (1) defensor, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto a todos y la sustitución de uno por el otro no alterará trámites ni plazos.

Buenos Aires, 90

 

Artículo 79

 

ARTICULO 79. Obligatoriedad. El cargo de defensor del imputado, una vez aceptado es obligatorio, salvo excusación atendible.

La aceptación será obligatoria para el abogado de la matrícula cuando se lo nombrare en sustitución del Defensor Oficial.

El defensor tendrá derecho a examinar los autos antes de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para hacerlo bajo apercibimiento de tener la propuesta por no efectuada.

Buenos Aires, 91

 

Artículo 80

 

ARTICULO 80.- Defensa Oficial. Sustitución. Todo imputado será defendido por el Defensor Oficial, quien intervendrá en el proceso hasta que sea sustituido por el abogado de la matrícula que propusiere. Esta sustitución no se considerará operada mientras el defensor particular no haya aceptado el cargo y constituido domicilio.

Buenos Aires, 92 – parcial -

 

Artículo 81

 

ARTICULO 81.- Nombramiento posterior.- La intervención del Defensor Oficial no impide el ejercicio del derecho del imputado de elegir, posteriormente, otro particular de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el propuesto acepte el cargo y constituya domicilio.

Buenos Aires, 93

 

Artículo 82

 

ARTICULO 82.- Defensor Común.- La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre que no exista incompatibilidad. Si ésta fuere advertida se proveerá, aún de oficio, a las sustituciones necesarias conforme a lo previsto en el artículo 80.

Buenos Aires, 94 – parcial -

 

Artículo 83

 

ARTICULO 83.- Partes civiles.- El actor civil y el civilmente demandado actuarán en el proceso monitorio personalmente o por mandatario, pero siempre con patrocinio letrado.

Buenos Aires, 95 – parcial -

 

Artículo 84

 

ARTICULO 84.- Sustitutos.- Los defensores podrán designar sustitutos para que intervengan si tuvieren impedimento legítimo, con consentimiento del imputado.

En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituyente asumirá las obligaciones del defensor sustituido y no tendrá derecho a prórrogas de plazos o postergación de audiencias.

Buenos Aires, 96 – parcial -

 

Artículo 85

 

ARTICULO 85. Abandono. En ningún caso el defensor del imputado podrá abandonar la defensa. Si así lo hiciere, se proveerá a su inmediato reemplazo por el Defensor Oficial. Hasta entonces está obligado a continuar en el desempeño del cargo y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa. Cuando el abandono ocurriere hasta tres días antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para fijación o continuación de la audiencia. El debate no podrá volverse a suspender por la

misma causa, aún cuando se conceda la intervención de otro defensor particular, lo que no excluirá la del Oficial.

El abandono de los mandatarios o patrocinantes del querellante no suspenderá el curso del proceso. Buenos Aires, 97

 

Artículo 86

 

ARTICULO 86. Sanciones. El incumplimiento injustificado de sus obligaciones por parte de los defensores o mandatarios o patrocinantes podrá ser corregida con multa de hasta diez (10) jus, o separación de la causa en caso de falta grave.

El abandono obliga al que incurre en él a pagar las costas ocasionadas por la sustitución, sin perjuicio de otras sanciones, que serán impugnables por recurso de apelación.

El órgano interviniente deberá comunicarlo al Colegio de Abogados Departamental, a sus efectos.

Buenos Aires, 98

 

TITULO V

 

ACTOS PROCESALES (artículos 87 al 127)

 

Capítulo I

 

Disposiciones generales (artículos 87 al 89)

 

Artículo 87

 

ARTICULO 87.- Requisitos generales.- En los actos procesales deberá usarse el idioma nacional.

Para datarlos, deberá indicarse el lugar, la hora, día, mes y año en que se cumplen.

Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, excepto los de la investigación penal preparatoria.

Cuando fuese necesario podrán ser habilitados todos los días inhábiles que se estime convenientes.

Córdoba, 128,129, 130 – parcial -

 

Artículo 88

 

ARTICULO 88.- Juramento y promesa de decir la verdad. Cuando se requiera juramento, será recibido, según corresponda, por el Fiscal, el Juez o por el Presidente del Tribunal de acuerdo con las creencias o convicciones cívicas de quien lo preste. El que deba prestar el juramento será instruido de las penas correspondientes al delito de falso testimonio, para lo cual se leerán las pertinentes disposiciones legales, y prometerá decir la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula: "Lo juro" o "Lo prometo".

Buenos Aires, 100

 

Artículo 89

 

ARTICULO 89. Declaraciones testimoniales especiales.- Para examinar a una persona sorda, se le presentará por escrito la fórmula de las preguntas propuesta por las partes; si se tratare de una persona muda, se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito; si fuere sordomuda, las preguntas y respuestas serán escritas.

Si dichas personas no supieren leer o escribir, se nombrará intérprete que sepa comunicarse con el interrogado.

Si el declarante hablare o se expresare en un idioma que no sea el nacional argentino, se designará el perito traductor que corresponda.

Buenos Aires, 102

 

Capítulo II

 

Actos y Resoluciones judiciales (artículos 90 al 99)

 

Artículo 90

 

ARTICULO 90.- Poder coercitivo.-

En el ejercicio de sus funciones, el Fiscal, el Juez o Tribunal podrán requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que consideren necesarias para el cumplimiento de los actos que ordenen.

Buenos Aires, 103

 

Artículo 91

 

ARTÍCULO 91. Asistencia del Secretario. La firma del secretario, juntamente con la del juez, sólo será necesaria en las resoluciones definitivas; también lo será en aquellos actos en donde deba cumplir funciones de fedatario.

Buenos Aires, 104, texto según ley 13.260

 

Artículo 92

 

ARTICULO 92.- Resoluciones.- Las decisiones del Juez o Tribunal serán pronunciadas por sentencia, auto o decreto.

Se dictará sentencia para poner término al proceso, después de su íntegra tramitación; auto, para resolver un incidente o artículo del proceso o cuando este Código lo exija; decreto, en los demás casos, o cuando esta forma sea especialmente prescripta.

Buenos Aires, 105

 

Artículo 93

 

ARTICULO 93.- Motivación.- Las sentencias y los autos deberán ser motivados.

Los decretos deberán serlo, cuando este Código o la ley lo disponga.

Buenos Aires, 106

 

Artículo 94

 

ARTICULO 94. Firma. Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el Juez o por todos los miembros del Tribunal que actuare, salvo las excepciones previstas en este código y la ley orgánica del poder judicial. Los decretos, por el Juez o el Presidente del Tribunal.

Buenos Aires, 107 – parcial -

 

Artículo 95

 

ARTICULO 95.- Plazo.- Los decretos serán dictados el día que los expedientes sean puestos a despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro plazo, y las sentencias en los tiempos especialmente previstos en este Código.

Buenos Aires, 108

 

Artículo 96

 

ARTICULO 96.- Rectificación.- Dentro del término de tres (3) días de dictadas las resoluciones el órgano interviniente podrá rectificar, de oficio o a instancia de parte, cualquier error u omisión material contenidos en aquellas, siempre que no importe una modificación esencial. La instancia de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.

Buenos Aires, 109

 

Artículo 97

 

ARTICULO 97.- Queja por retardo de justicia.- Vencido el plazo en que deba dictarse una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho, y si dentro de tres (3) días no lo obtuviere, podrá denunciar el retardo al Tribunal que ejerza la superintendencia, el que previo informe del denunciado, proveerá de inmediato lo que corresponda.

Si la demora fuera imputable al Presidente o un miembro de un Tribunal Colegiado, o al Tribunal Superior de Justicia, la queja podrá formularse ante estos mismos tribunales, sin perjuicio de que el interesado ejerza los derechos que le acuerda la Constitución de la Provincia.

Buenos Aires, 110

Artículo 98

 

ARTICULO 98.- Resoluciones firmes o ejecutoriadas.- Las resoluciones judiciales quedarán firmes o ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.-

Buenos Aires, 111 – parcial -

 

Artículo 99

 

ARTICULO 99. Copias. Cuando por cualquier causa se destruyeren, perdieren o sustrajeren los originales de las sentencias u otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquellos. A tal fin, se ordenará que quien tenga la copia la consigne por ante el órgano

judicial interviniente, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente. Asimismo podrán utilizarse las constancias documentales en el sistema informático del poder judicial

Si no hubiere copias de las actas, el órgano correspondiente ordenará que se rehagan, para lo cual recibirá las pruebas que evidencian su preexistencia y contenido. Cuando no fuere posible, se dispondrá la renovación, prescribiéndose el modo de hacerlo.

Se ordenará la expedición de copias e informes, siempre que fueran solicitados por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos.

Buenos Aires, 112 – parcial -

 

Capítulo III

 

Exhortos, mandamientos y oficios (artículos 100 al 103)

 

Artículo 100

 

ARTICULO 100.- Reglas generales.- Los Fiscales y Jueces podrán constituirse en cualquier lugar del territorio provincial para la realización de los actos propios de su función. También, si fuese más conveniente, podrán encomendar su cumplimiento por medio de exhorto, mandamiento u oficio.

A tal fin, los órganos intervinientes podrá dirigirse directamente a cualquier autoridad administrativa, la que prestará su cooperación y expedirá los informes que les soliciten dentro del tercer día de recibido el pedido o, en su caso, en el plazo que se fije.

Buenos Aires, 113

 

Artículo 101

 

ARTICULO 101.- Exhortos.- Los exhortos a Tribunales extranjeros se diligenciarán por vía diplomática o en la forma establecida por los tratados o costumbres internacionales.

Los de Tribunales extranjeros serán diligenciados en los casos y modos establecidos por los tratados o costumbres internacionales y por las leyes del país.

Los exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados, sin retardo, previa vista al Ministerio Público Fiscal, siempre que no perjudiquen el normal trámite del proceso.

Buenos Aires, 114

 

Artículo 102

 

ARTICULO 102. Denegación y retardo. Si el diligenciamiento de un exhorto fuere denegado o demorado, el órgano exhortante podrá dirigirse al Tribunal que ejerza la superintendencia, el cual, previa vista al Ministerio Público Fiscal, resolverá si corresponde ordenar o gestionar el diligenciamiento.

Buenos Aires, 115

 

Artículo 103

 

ARTICULO 103.- Comisión y transferencia del exhorto.- El órgano exhortado podrá comisionar el despacho del exhorto a otro inferior, cuando el acto deba practicarse fuera del lugar de su asiento, o remitirlo al órgano a quien se debió dirigir, si no fuere de su competencia.

Buenos Aires, 116

 

Capítulo IV

 

Documentación de los actos procesales (artículos 104 al 107)

 

Artículo 104

 

ARTICULO 104. Regla general. Los actos se podrán documentar por escrito, imágenes o sonidos. Anteproyecto Nación, 121

 

Artículo 105

 

ARTICULO 105. Actas. Las diligencias que deban asentarse en forma escrita, contendrán:

1) la mención del lugar, la fecha y la hora y la indicación de las diligencias realizadas y su resultado; y

2) la firma de todos los que participaron en el acto, dejándose constancia de las razones de aquél que no la firme, o del que lo hace a ruego o como testigo de actuación.

La omisión de estas formalidades sólo priva de efectos al acta, o torna invalorable su contenido, cuando ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de prueba.

Anteproyecto Nación, 122.

 

Artículo 106

 

ARTÍCULO 106. Grabaciones. Se podrán utilizar imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente actos de prueba o audiencias, quedando prohibida toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros. Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.

Anteproyecto Nación, 123

 

Artículo 107

 

ARTÍCULO 107. Reserva del original. Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del proceso.

Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo registro y, en

caso de no ser posible, de un acta complementaria.

Anteproyecto Nación, 124.

 

Capítulo V

 

Notificaciones. Citaciones y vistas (artículos 108 al 121)

 

Artículo 108

 

ARTICULO 108.- Regla general.- Las resoluciones judiciales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas de dictadas, salvo que se dispusiere un plazo menor y no obligarán sino a las personas debidamente notificadas.

Buenos Aires, 121

 

Artículo 109

 

ARTICULO 109. Personas habilitadas. Las notificaciones serán practicadas por el funcionario o empleado del órgano interviniente que corresponda o se designe especialmente.

Cuando la persona que se deba notificar esté fuera de la sede del órgano, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad judicial o policial o del servicio penitenciario, según corresponda.

Buenos Aires, 122

 

Artículo 110

 

ARTICULO 110.- Domicilio procesal.- Al comparecer en el proceso, las partes deberán constituir domicilio procesal dentro de la ciudad del asiento del órgano interviniente.

Buenos Aires, 123

 

Artículo 111

 

ARTICULO 111. Lugar del acto. Los Funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Defensores Oficiales serán notificados personalmente o por cédula en sus respectivas oficinas; las partes, en la sede del Juzgado o Tribunal o en el domicilio procesal constituido.

Si el imputado estuviere privado de su libertad, será notificado en la sede del tribunal o en el lugar de su detención, según lo resuelva el órgano interviniente. Las personas que no tuvieran domicilio procesal constituido serán notificadas, por una única vez, en su domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren. En esa misma notificación se les hará saber la exigencia establecida por el artículo 110, bajo apercibimiento de tener por constituido domicilio en los estrados del Tribunal.

Buenos Aires, 124 – parcial -

 

Artículo 112

 

ARTICULO 112. Notificaciones a los defensores y mandatarios. Si las partes tuvieran defensor o mandatario, solamente a éstos se les efectuarán las notificaciones, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan que también aquellas sean notificadas.

Buenos Aires, 125.

 

Artículo 113

 

ARTICULO 113.- Modo de la notificación.- La notificación se hará entregando a la persona que debe ser notificada una copia certificada de la resolución, dejándose constancia en el expediente. Si se tratare de sentencias o de autos, la copia se limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva.

Buenos Aires, 126.

 

Artículo 114

 

ARTICULO 114. Notificación en la oficina. Cuando la notificación del imputado se haga personalmente, en la sede del tribunal se dejará constancia en el expediente, con indicación de la fecha; firmando el encargado de la diligencia y el notificado, quien podrá sacar copia de la resolución. Si el imputado no quisiere, no pudiere o no supiere firmar, se dejará constancia de ello.

Buenos Aires, 127.

 

Artículo 115

 

ARTICULO 115. Notificaciones en el domicilio. Cuando la notificación se haga en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla llevará dos (2) copias certificadas de la resolución; con indicación del órgano y el proceso en que se dictó; entregará una al interesado, y al pie de la otra, que se agregará al expediente, dejará constancia de ello con indicación del lugar, día y hora de la diligencia, firmando conjuntamente con el notificado. Cuando la persona a quien deba notificarse no fuera encontrada en su domicilio, la copia será entregada a alguna persona mayor de dieciocho (18) años que resida allí, prefiriéndose a los parientes del interesado y, a falta de ellos, a sus empleados o dependientes. Si no se encontrare a ninguna de esas personas, la copia será

entregada a un vecino mayor de dicha edad que sepa leer y escribir, con preferencia al más cercano. En estos casos, el funcionario o empleado que practique la notificación hará constar a qué persona hizo entrega de la copia, y por qué motivo, firmando la diligencia junto con ella.

Cuando el notificado o el tercero se negaren a recibir la copia o dar su nombre o firmar, ella será fijada en la puerta de la casa habitación donde se practique el acto, de lo que se dejará constancia, en presencia de un testigo -que previo aportar su domicilio, clase y número de documento de identidad- firmará la diligencia.

Si la persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo hará un testigo a su ruego que deberá aportar los datos requeridos en el párrafo anterior.

Buenos Aires, 128.

 

Artículo 116

 

ARTICULO 116. Discordancia entre original y copia. En caso de discordancia entre el original y la copia, hará fe respecto de cada interesado la copia por él recibida.

Buenos Aires, 130.

 

Artículo 117

 

ARTICULO 117. Citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para algún acto procesal, se ordenará su citación. Esta será practicada de acuerdo con las formas prescriptas para la notificación, salvo lo dispuesto por el artículo siguiente.

Buenos Aires, 132 – parcial -

 

Artículo 118

 

ARTICULO 118. Modalidades. Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios podrán ser citados por medio de la Policía o por cualquier otro medio fehaciente. Se les advertirá de las sanciones a que se harán pasibles si no obedecen la orden judicial o del fiscal y que, en este caso, serán conducidos por la fuerza pública, de no mediar causa justificada.

El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente.

La incomparecencia injustificada hará incurrir en las costas que se causaren, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

Buenos Aires, 133 – parcial -

 

Artículo 119

 

ARTICULO 119. Vistas. Las vistas sólo se ordenarán cuando este Código lo disponga y serán diligenciadas por las personas habilitadas para notificar.

Se correrán entregando al interesado, bajo recibo, las actuaciones en las que se ordenaren o sus copias.

El funcionario o empleado hará constar la fecha del acto, mediante diligencia extendida en el expediente firmado por él y el interesado.

Buenos Aires, 134 – parcial -

 

Artículo 120

 

ARTICULO 120. Plazo y notificación. Toda vista que no tenga plazo fijado se considerará otorgada por tres (3) días.

Cuando no se encontrare a la persona a quien se deba correr vista la resolución será notificada conforme a lo dispuesto en el artículo 115.

El término comenzará a correr desde el día hábil siguiente.

El interesado podrá retirar de la oficina el expediente o sus copias por el plazo que faltare para el vencimiento del término.

Buenos Aires, 135

 

Artículo 121

 

ARTICULO 121.- Falta de devolución de las actuaciones.- Vencido el plazo por el que se corrió la vista sin que las actuaciones fueran devueltas, se librará orden inmediata al oficial de justicia para que las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y a hacer uso de la fuerza pública.

Si la ejecución de la orden se viera entorpecida por culpa del requerido, podrá imponérsele una multa de hasta diez (10) jus, sin perjuicio de la formación de causa cuando corresponda.

Buenos Aires, 136

 

Capítulo VI

 

Plazos (artículos 122 al 127)

 

Artículo 122

 

ARTICULO 122.- Regla General.- Los actos procesales se practicarán dentro de los plazos fijados en cada caso. Cuando no se fije, se practicarán dentro de tres (3) días.

Correrán para cada interesado desde su notificación o si fueren comunes, desde la última que se practicara, y se computarán en la forma establecida por el Código Civil.

Buenos Aires, 138; Córdoba, 180 – parcial-

 

Artículo 123

 

ARTICULO 123.- Cómputo.- Todos los plazos son continuos y en ellos no se computarán los días feriados, el receso de los tribunales que disponga la ley o los que determine el Tribunal Superior de Justicia en caso de fuerza mayor. Si el término fijado venciera después de las horas de oficina, el acto que deba cumplirse en ella podrá ser realizado durante las dos (2) primeras horas del día hábil siguiente.

Buenos Aires, 139 – parcial - ; Córdoba, 181 – parcial -

 

Artículo 124

 

ARTICULO 124. Plazos perentorios e improrrogables. Todos los plazos son perentorios e improrrogables, salvo los casos que expresamente se exceptúen en este Código.

Buenos Aires, 140

 

Artículo 125

 

ARTICULO 125. Términos fatales. Si el imputado estuviese privado de su libertad, la duración total del proceso no podrá exceder los dos años.

Si por la pluralidad de imputados o la naturaleza y/o circunstancias del o de los hechos en juzgamiento, resultare un caso de suma complejidad, el plazo señalado en el párrafo precedente podrá extenderse por seis meses más. En tal caso, el Juez o el Tribunal que tuviese competencia sobre la causa, requerirá se conceda la prórroga respectiva, al órgano jurisdiccional a-quem. Vencidos los dos años o la prórroga concedida, cesará automáticamente la medida de coerción dispuesta, sin perjuicio de la continuidad del proceso. Los términos aquí establecidos serán fatales.

No obstante ello, en ningún caso se computarán para los términos fatales el tiempo de diligenciamiento de pruebas fuera de la circunscripción judicial, ni el de los incidentes, recursos o mientras el tribunal no esté legalmente integrado.

Buenos Aires, 141 – parcial - ; Córdoba, 182 – parcial -

 

Artículo 126

 

ARTICULO 126. Vencimiento. Efectos. El vencimiento de un término fatal sin que se haya cumplido el acto para el que está determinado, importará, además, el cese automático de la intervención en la causa del juez, tribunal o representante del ministerio público al que dicho plazo le hubiere sido acordado. El Tribunal Superior o el Fiscal ante el tribunal Superior, según sea el caso, dispondrán el modo en que se producirá el reemplazo de aquellos.

Las disposiciones de este artículo sólo son aplicables al juez, tribunal o representante del ministerio público titular y no a quienes ejercieran competencia interinamente por subrogancia en caso de vacancia o licencia. El cese de intervención del funcionario judicial por este motivo constituye falta grave; sin perjuicio de que su reiteración lo haga pasible de la apertura del procedimiento por ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia.

El Tribunal Superior y el Fiscal del Tribunal Superior, a través de los funcionarios que éstos determinen, deberán controlar el cumplimiento de los términos fatales; cada uno, respectivamente, según se trate de un órgano jurisdiccional o de un funcionario que integre la Fiscalía.

Córdoba, 183 – parcial -

 

Artículo 127

 

ARTICULO 127.- Renuncia o abreviación. La parte u otro interviniente a cuyo favor se hubiere establecido un plazo podrá renunciarlo o consentir su abreviación mediante manifestación expresa. Buenos Aires, 143

 

TITULO VI

 

MEDIDAS DE COERCION (artículos 128 al 167)

 

Capítulo I

 

Reglas Generales (artículos 128 al 133)

 

Artículo 128

 

ARTICULO 128.- Alcance.- El imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal. La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución de la Provincia sólo podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para evitar el entorpecimiento probatorio, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.

Buenos Aires, 144 – parcial -

 

Artículo 129

 

ARTICULO 129.- Ejecución.- El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible la persona y la reputación de los afectados. Se les comunicará la razón del procedimiento, el lugar donde serán conducidos, el Fiscal y el Juez intervinientes. De lo actuado deberá labrarse acta.

Buenos Aires, 145.

 

Artículo 130

 

ARTICULO 130. Condiciones. La autoridad competente podrá disponer, por sí o a pedido de parte según se establezca en este Código, medidas de coerción personal o real cuando se den las siguientes condiciones: 1) Existencia de elementos de convicción que permitan sostener la probabilidad de responsabilidad del titular del derecho a afectar.

2) Verificación de peligro cierto de fuga o entorpecimiento probatorio, si no se adopta la medida. Tal extremo deberá motivarse, adecuadamente, en el auto que disponga la medida.

3) Proporcionalidad entre la medida y el objeto de tutela.

Buenos Aires, 146 – parcial -

 

Artículo 131

 

ARTICULO 131. Cese de la medida. En caso de advertirse la desaparición de una o más condiciones, el órgano competente podrá disponer a pedido de parte o de oficio, el cese inmediato de la cautela oportunamente dispuesta. En el caso de la prisión preventiva, el análisis de la situación se realizará cada dos (2) meses.

Buenos Aires, 147 – parcial -

 

Artículo 132

 

ARTICULO 132. Presunción de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: 1) arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;

2) inexactitud del domicilio real denunciado;

3) la pena que se espera como resultado del procedimiento;

4) la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopte, voluntariamente, frente a él y a su víctima eventual; y

5) el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida en que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.

Chubut, 108 – parcial -

 

Artículo 133

 

133. Peligro de entorpecimiento. Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento probatorio, se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:

1) destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba;

2) influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o

3) inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

Chubut, 109.

 

Capítulo II

 

Diferentes supuestos (artículos 134 al 140)

 

Artículo 134

 

ARTICULO 134. Arresto. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en el que hubieran participado varias personas no sea posible individualizar a los responsables y a los testigos y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la investigación, el Fiscal podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de prestar la declaración y aún ordenar el arresto si fuere indispensable. El arresto, a pedido del afectado, estará sujeto a la inmediata revisión del Juez de Garantías.-

Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo que el estrictamente necesario para recibir las declaraciones, a lo cual se procederá sin tardanza y no pudiendo durar más de doce (12) horas.

Sin embargo, se podrá prorrogar dicho plazo por seis (6) horas más, por auto fundado del Juez de Garantías, si circunstancias extraordinarias así lo exigieran. Vencido éste podrá ordenarse, si fuere el caso, la detención del presunto culpable.

 

Buenos Aires, 149 – parcial -

 

Artículo 135

 

ARTICULO 135. Citación. Cuando el delito que se investigue no tenga prevista pena privativa de libertad o parezca procedente una condena de ejecución condicional, el Fiscal, salvo los casos de flagrancia, ordenará la comparencia del imputado por simple citación.

Si el citado no se presentare en el término que se le fije, ni justificare un impedimento legítimo, el agente fiscal dispondrá su inmediata captura a los efectos de cumplir el acto para el que ha sido convocado. La medida será revisable, a pedido del afectado, por el Juez de Garantías.

Buenos Aires, 150 –parcial -

 

Artículo 136

 

ARTICULO 136. Detención. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el Fiscal, con conocimiento del Juez de Garantías, librará orden de detención para que el imputado sea llevado a su presencia, siempre que existan elementos de convicción suficientes para tener por acreditado el hecho y motivo bastante para sospechar que, el imputado, ha participado en su comisión. La orden será escrita y fundada, contendrá los datos personales del imputado u otros que sirvan para identificarlo y el hecho que se le atribuye, juez y fiscal

que intervienen y será notificada en el momento de ejecutarse o inmediatamente después, con arreglo al artículo 113.

Sin embargo, en caso de urgencia, el fiscal podrá anticipar la medida transmitiendo la orden por fax u otros medios técnicos fehacientes. Producida la detención se confeccionará un acta en donde conste la fecha y la hora en la que la misma se produjo.

La detención no podrá durar más de siete días. Vencido ese término y si el fiscal no pidiese la prisión preventiva, el imputado recobrará su libertad inmediatamente.

La detención es recurrible, dentro de las 24 horas de efectivizada, por ante el Juez de Garantías. Éste, en un plazo que no excederá los dos días, convocará a audiencia al fiscal, el detenido y su defensor. Oídas las partes, resolverá inmediatamente por auto fundado.

Buenos Aires, 151 –parcial -

 

Artículo 137

 

ARTICULO 137. Aprehensión sin orden judicial. Los funcionarios y auxiliares de la Policía tienen el deber de aprehender: 1) Al que intentare un delito, en el momento de disponerse a cometerlo.

2) Al que fugare, estando legalmente detenido.

3) Cuando en el supuesto del artículo 136, se tratare de una situación de urgencia y hubiere peligro con la demora que el imputado eluda la acción de la justicia.

4) A quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad.

Tratándose de un delito cuya acción dependa de instancia privada, en el acto será informado quien pueda promoverla. Si no presentare la denuncia inmediatamente, el aprehendido será puesto en libertad.

Buenos Aires, 153

 

Artículo 138

 

ARTICULO 138. Flagrancia.Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el público, o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

Buenos Aires, 154; Córdoba, 276

 

Artículo 139

 

ARTICULO 139. Presentación del aprehendido. El funcionario o auxiliar de la Policía que haya practicado una aprehensión, deberá presentar inmediatamente a la persona ante el agente fiscal. Éste, según corresponda, actuará de conformidad a lo dispuesto en los artículos 135 o 136.

Buenos Aires, 155 – parcial -

 

Artículo 140

 

ARTICULO 140.- Aprehensión por un particular.- En los casos previstos en los incisos 1), 2) y 4) del artículo 137, los particulares están facultados para efectuar la aprehensión, debiendo entregar inmediatamente la persona a la autoridad policial o al agente fiscal. Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 139, última disposición.

Buenos Aires, 156 – parcial -

 

Capítulo III

 

Prisión preventiva (artículos 141 al 146 )

 

Artículo 141

 

ARTICULO 141. Procedencia. El Juez de Garantías convertirá la detención en prisión preventiva, a instancias del agente fiscal, cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes circunstancias:

1) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él, y 2) la existencia de una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el imputado no se someterá al procedimiento (peligro de fuga) o incurrirá en un entorpecimiento probatorio (peligro de entorpecimiento).

Chubut, art. 107 – parcial -

 

Artículo 142

 

ARTICULO 142. Audiencia para discutir la procedencia de la prisión preventiva. Vencido los términos del artículo 136, párrafo 5°, y a pedido del fiscal, el Juez de Garantías decidirá sobre la procedencia de la prisión preventiva. A tal efecto, se llevará a cabo una audiencia en la que se permitirá al acusador fundar su requerimiento y, eventualmente, demostrar su necesidad, en presencia del imputado y de su defensor, quienes también serán oídos. Si

fuera necesario recibir prueba, el juez ordenará producirla en la audiencia y podrá prorrogarla para el día siguiente con el fin de lograr la incorporación de medios de prueba.

La decisión, que se consignará por escrito, y será leída en la audiencia, deberá contener:

1) los datos personales del imputado o, si son ignorados, aquellos que sirvan para identificarlo;

2) una enunciación sucinta del hecho punible que se le atribuye;

3) los fundamentos que deberán extenderse, expresamente, a cada uno de los presupuestos que la motivan; y

4) el dispositivo, con cita de las disposiciones penales aplicables. La decisión será apelable por el Fiscal, el imputado o su Defensa, por ante la Cámara de Garantías.

Chubut, art. 110

 

Artículo 143.

 

ARTICULO 143. Alternativas a la prisión preventiva. Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, o de alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que permita controlar no se excedan los límites impuestos a la libertad locomotiva, el juez de garantías podrá imponer tales alternativas en lugar de la prisión, sujeta a las circunstancias del caso, pudiendo establecer las condiciones que estime necesarias. El imputado según los casos, deberá respetar los límites impuestos, ya sea

referidos a una vivienda, o a una zona o región, como así las condiciones que se

hubieran estimado necesarias, las que se le deberán notificar debidamente, como así también que su incumplimiento hará cesar la alternativa.

Buenos Aires, 159

 

Artículo 144

 

ARTICULO 144. Modalidades. Enunciación. Entre otras alternativas, aún de oficio y con fundamento suficiente, podrá disponerse la libertad del imputado sujeta a una o varias de las condiciones siguientes, de acuerdo a las circunstancias del caso:

1) La obligación de someterse al cuidado de una persona o institución, quién informará periódicamente a la autoridad.

2) La obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que se designe.

3) La prohibición de salir de un ámbito territorial determinado, de concurrir a determinados lugares, o de comunicarse con ciertas personas; siempre que, en este último caso, no se afecte el derecho de defensa.

4) La prestación de una caución patrimonial por el propio imputado o por otra persona.

5) La simple promesa jurada de someterse al procedimiento penal, cuando con ésta bastara como alternativa o fuere imposible el cumplimiento de otra.

Buenos Aires, 160 – parcial- ; Chubut, 114 – parcial-

 

Artículo 145

 

ARTICULO 145. Libertad: facultades del Fiscal. El Fiscal podrá disponer la libertad de quien fuera aprehendido o detenido, antes de ser puesto a disposición del Juez competente, cuando estimare que no solicitará la prisión preventiva.

Buenos Aires, 161 – parcial -

 

Artículo 146

 

ARTICULO 146. Presentación espontánea. Quien considere que pudiere haber sido imputado en un procedimiento penal, podrá presentarse ante el Fiscal, pidiendo ser escuchado y que se mantenga su libertad. Ésta última se mantendrá si así correspondiese.

Chubut, 101

 

Capítulo IV

 

Incidencias (artículos 147 al 151)

 

Artículo 147

 

ARTICULO 147. Atenuación de la coerción. El Juez de Garantías, aún de oficio, podrá morigerar los efectos de la detención o de la prisión preventiva dispuestas en la medida que cumplimente el aseguramiento perseguido. Con suficiente fundamento y consentimiento del imputado, podrá imponerle: 1) Su prisión domiciliaria con el control o la vigilancia que se especifique.

2) Su encarcelamiento con salida diaria laboral y/o salida periódica para afianzar vínculos familiares, bajo la responsabilidad y cuidado de una persona o institución que se comprometa formalmente ante la autoridad y suministre periódicos informes.

3) Su ingreso en una institución educadora o terapéutica, pública o privada, que sirva a la personalización del internado en ella.

Buenos Aires, 163

 

Artículo 148

 

ARTICULO 148. Tratamiento de imputados en prisión preventiva. El encarcelado preventivamente será alojado en establecimientos especiales, diferentes de los que son utilizados para los condenados a pena privativa de libertad, o, al menos, en lugares absolutamente separados de los dispuestos para estos últimos, y tratado en todo momento como inocente, que sufre la prisión con el único fin de asegurar el desarrollo correcto del procedimiento penal. En especial, los reglamentos carcelarios se ajustarán a las siguientes reglas:

1) Los lugares de alojamiento y los servicios que garanticen las comodidades mínimas para la vida y la convivencia humanas serán sanos y limpios, de modo tal que aseguren el descanso, la nutrición, la atención de las necesidades fisiológicas y las mínimas necesidades para el desarrollo de la vida intelectual;

el interno se podrá procurar, a sus expensas, comodidades superiores, con las únicas restricciones relativas al espacio disponible y a la prohibición de ingresar elementos o sustancias cuya tenencia se prohíba por ley, resulten peligrosos para la seguridad común, sirvan para preparar la fuga o provoquen graves desórdenes para la vida en común; en caso de existir en el establecimiento lugares comunes de alojamiento y celdas individuales, el imputado será consultado sobre su preferencia y, en lo posible, satisfecho su deseo.

2) El imputado dispondrá de su tiempo libremente y sólo le serán impuestas las restricciones imprescindibles para posibilitar la convivencia (horarios de comida, silencio nocturno); se asegurará, al menos, un descanso nocturno de ocho horas; si el imputado decidiera trabajar, conforme al ofrecimiento laboral del establecimiento, se atendrá al horario y a las reglas determinadas para esa actividad.

3) El imputado gozará, dentro del establecimiento, de libertad ambulatoria, en la mayor medida que permitan las instalaciones; se garantizará, como mínimo, la posibilidad de que el imputado dedique dos horas diarias a actividades deportivas o recreativas, en los lugares dedicados a ello.

4) El imputado podrá tener consigo materiales de lectura y escritura, libros, revistas y periódicos; el material de lectura no será censurado y se proveerá de elementos de escritura y lectura a los internos de menores recursos; se pondrá a disposición de los imputados los periódicos del día en cantidad suficiente para permitir que puedan mantenerse informados sobre lo que ocurre en el mundo exterior; se facilitará la iniciación o la continuación de los estudios.

5) La comunicación epistolar será libre, salvo grave sospecha acerca de la preparación de una fuga o de la continuación de la actividad delictiva, casos en los cuales regirá el artículo 193. Los imputados podrán ser visitados por familiares y amigos, al menos dos veces por semana, en la forma y en los lugares adecuados, de manera que no signifique un menosprecio para su dignidad, ni impida su libre comunicación, derecho que sólo será limitado por el horario que disponga el establecimiento y, en cuanto a las personas,

conforme a lo dispuesto en el artículo 144, inciso 3; el reglamento podrá limitar la cantidad de personas que puedan visitar al prisionero en un día de visita y exigir que el prisionero determine qué personas habrán de visitarlo y su relación con ellas, sin menoscabar irrazonablemente el derecho aquí concedido. El imputado tendrá derecho a requerir visitas íntimas, en especial los casados o quienes convivan con otra persona unidos por lazos de afecto permanente, las cuales se llevarán a cabo de manera adecuada para resguardar el decoro, el recato y la tranquilidad; se garantizará, al menos, una visita de este tipo por

mes.

6) Se cuidará adecuadamente la salud de los enfermos, quienes, en caso de enfermedad, tendrán derecho a la asistencia por un médico de su confianza, a su costa; si la intervención médica en un establecimiento carcelario presenta riesgos para la salud, evitables en un establecimiento común, se consultará al enfermo, quien podrá asumir los gastos de la intervenc ión particular, ser internado en un hospital público o en un sanatorio privado. En casos excepcionales, cuando se trate de un enfermo terminal que no requiera tratamiento médico específico para su curación o, cuando por esa razón, carezca de justificación el peligro que condujo al encarcelamiento, el tribunal podrá decidir la cesación del encarcelamiento o su sustitución por alguna de las medidas previstas en los artículos 143 o 147, inciso 1°.

7) Si el imputado lo solicita, se le facilitará la asistencia religiosa, según sus creencias; se facilitará el ingreso de los ministros de los diversos cultos para celebrar las principales ceremonias religiosas en los días de culto.

8) El imputado que trabaje tendrá derecho a un salario, que recibirá mensualmente, y se cumplirá con las obligaciones previsionales.

10) Se garantizará y facilitará el ejercicio de los derechos civiles y políticos del imputado, salvo que un motivo distinto al encarcelamiento preventivo, reglado por la ley y aplicado como ella lo dispone, los suprima.

11) El defensor podrá visitar al imputado y las restricciones reglamentarias relativas al horario y al número de visitas no podrán afectar el derecho de defensa.

Todo imputado que ingrese en un establecimiento carcelario recibirá un impreso explicativo de sus derechos, de la organización del establecimiento, de sus horarios y obligaciones, con trascripción de este artículo.

El ministerio público y el tribunal que autorizó el encarcelamiento controlarán el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones impuestos por esta regla.

El condenado que cumpla pena privativa de libertad y simultáneamente esté sometido a prisión preventiva, seguirá el régimen que impone su condena y será trasladado al establecimiento que correspondiere, cercano al lugar donde se tramita el procedimiento, en lo posible. El juez de garantías, a pedido del fiscal, podrá disponer que, por tiempo limitado, se lo mantenga en otro establecimiento.

Chubut, 121 –parcial -

 

Artículo 149

 

ARTICULO 149. Cesación de las medidas alternativas a la prisión preventiva.

Las medidas que se dictaren como alternativas a la prisión preventiva, o las que

la atenuaran, cesarán automáticamente y de pleno derecho al cumplirse el plazo

establecido en el artículo 125 de este Código.

 

Artículo 150

 

ARTICULO 150. Caducidad. Las libertades provisionales que sean alternativas o morigeraciones de una prisión preventiva, caducarán de pleno derecho cuando el imputado fuera detenido en relación a otro proceso penal. El imputado será puesto a disposición de todas las autoridades judiciales que intervengan en los distintos procesos y la procedencia de la prisión preventiva o sus alternativas, será nuevamente examinada, a instancia de parte, teniendo en cuenta las persecuciones penales en trámite.

Entenderán en este examen, el encargado de la investigación penal preparatoria y el juez de garantías del lugar donde tenga su asiento el Tribunal al cual correspondiere acumular o unificar penas.

Buenos Aires, 167

 

Artículo 151

 

ARTICULO 151. Internación provisional. El juez de garantías, a pedido de parte, podrá ordenar la internación del imputado en un establecimiento asistencial, cuando a los requisitos para la prisión preventiva se agregare la comprobación por dictamen de peritos oficiales de que el mismo sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para los demás.

Regirán, análogamente los artículos que regulan el trámite de la prisión preventiva.

Buenos Aires, 168

 

Capítulo V

 

Cesación de prisión preventiva (artículos 152 al 167)

 

Artículo 152

 

ARTICULO 152.- Procedencia. El juez de garantías, de oficio o a pedido de parte, dispondrá el cese de la prisión preventiva en los siguientes casos: 1) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no subsisten los motivos que fundaron el encarcelamiento.

2) Cuando su duración sea equivalente al máximo en abstracto previsto para el o los delitos atribuidos. En tal caso, deberá computarse a su favor la posible aplicación de las reglas penales referidas a la libertad condicional y a la libertad asistida, en tanto se encuentren reunidos los restantes requisitos de ambas.

3) Si excede los plazos máximos establecidos por este código. En los casos de los incisos 1 y 3 de este artículo el Juez podrá establecer todas o algunas de las condiciones previstas en el artículo 144.

Anteproyecto Nación, 198 – parcial-; Córdoba, 283 – parcial - ; Chubut, 111 – parcial -

 

Artículo 153

 

ARTICULO 153. Trámite de la cesación de la prisión preventiva. La cesación de la prisión preventiva se tramitará en la forma prevista por el artículo 142.

 

Artículo 154

 

ARTICULO 154. Pluralidad de imputados. Si se pidiere la cesación de prisión preventiva a favor de un imputado en causa seguida contra varios, el órgano jurisdiccional deberá expedirse sobre la procedencia o improcedencia de lo peticionado en lo que respecta a los demás, aun cuando no lo hayan solicitado.

Buenos Aires, 173 – parcial -

 

Artículo 155

 

ARTICULO 155.- La resolución que se dicte será recurrible por apelación en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Buenos Aires, 174 – parcial -

 

Artículo 156

 

ARTICULO 156. Cauciones. Al resolver la cesación de la prisión preventiva por los motivos establecidos en los incisos 1 y 3 del artículo 152, se establecerá, en caso de disponerse tal condición, la clase de caución exigida. Ésta podrá ser juratoria, real o personal y tendrá por objeto garantizar la futura comparecencia del imputado.

Para establecer su monto, en el caso de la real o personal, se tendrá en cuenta, la naturaleza del hecho imputado, la importancia del daño causado y el patrimonio del detenido.

Buenos Aires, 177 – parcial -

 

Artículo 157

 

ARTICULO 157. Caución juratoria. Quien se encuentre bajo caución juratoria prestará formal promesa de cumplir las obligaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, lo que se expresará en un acta labrada a ese efecto y de la que se le dará copia.

Buenos Aires, 184 – parcial -

 

Artículo 158

 

ARTICULO 158. Caución real. La caución real se cumplirá depositando a la orden del órgano interviniente, la suma de dinero establecida en el auto de cesación, títulos públicos, divisas extranjeras, otros papeles de crédito, conforme a la cotización establecida para dicho día o el inmediato hábil anterior de ignorarse el primero, o constituyendo embargo o hipoteca sobre bienes suficientes. En todos los casos los gastos correrán por cuenta del fiador.

Buenos Aires, 182

 

Artículo 159

 

ARTICULO 159. Caución personal. La caución personal se cumplirá con la constitución de un tercero como fiador, el que se obligará a presentar a su fiado cuantas veces sea requerido y a pagar el monto de la caución en caso de la incomparecencia, para lo cual se constituirá en deudor principal pagador, renunciando al derecho de excusión, procediéndose para formalizar la caución en forma similar a la prevista en el artículo 157.

Buenos Aires, 183

 

Artículo 160

 

ARTICULO 160. Fiador. Puede ser fiador personal toda persona domiciliada realmente en el territorio de la Provincia, que teniendo capacidad legal para contratar, sea de responsabilidad suficiente a criterio del Juez, pudiendo éste, si no conocieran al fiador propuesto, exigir que acredite solvencia en la medida necesaria, por cualquier medio de prueba.

Buenos Aires, 184.

 

Artículo 161

 

ARTICULO 161. Revocación de la cesación de prisión preventiva. Se revocará la cesación de la prisión preventiva, cuando: 1) El imputado violare algunas de las condiciones establecidas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 152, en función de lo establecido por el artículo144 de este Código.

2) Resulte evidente que el procesado en libertad obstruye la acción de la justicia.

3) Cuando el fiador, siendo la caución real o personal, falleciera, se ausentara definitivamente de la Provincia, se incapacitara o cayera en algún otro estado que impidiera el cumplimiento de las obligaciones que hubiera asumido. En este supuesto, el excarcelado podrá impedir la revocación ofreciendo otro fiador.

4) Se dictare sentencia condenatoria que impusiere pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento, aún cuando aquella no se encontrare firme.

Buenos Aires, 189 – parcial-

 

Artículo 162

 

ARTICULO 162. Ejecución de la fianza. Revocada la cesación de prisión, si hubiere caución real o personal se intimará al fiador a que presente a su fiado en el término que fije el órgano interviniente, que no podrá ser menor de tres (3) días ni mayor de quince (15), bajo apercibimiento de ejecución de la fianza. Buenos Aires, 191 – parcial -

 

Artículo 163

 

ARTICULO 163. Transferencia de fondos. Cumplido el plazo otorgado sin que se hubiera presentado, o sido habido el imputado, se dispondrá la transferencia del dinero o la fianza a una cuenta especial del Patronato de Liberados, para el cumplimiento de sus fines.

Buenos Aires, 192

 

Artículo 164

 

ARTICULO 164. Efectivización de la fianza. Si la caución fuere personal o real hipotecaria, o se hubiera garantizado mediante embargo, se dispondrá la

realización de la fianza, remitiéndola al Ministerio Público Fiscal para que promueva la efectivización por el trámite de ejecución de sentencia previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia ante el mismo órgano del proceso.

Una vez efectivizada la fianza, se dispondrá de ella conforme a lo establecido en el artículo precedente.

Buenos Aires, 193 – parcial –

 

Artículo 165

 

ARTICULO 165. Extinción de la ejecución por cancelación de fianza. La cancelación de la fianza extinguirá la ejecución, en cualquier estado anterior a la transferencia de fondos.

 

Buenos Aires, 194 – parcial -

 

Artículo 166

 

ARTICULO 166. Cancelación de la fianza real o personal. Se cancelará la fianza real o personal: 1) Cuando, en cualquier estado del proceso y a solicitud del imputado, se

sustituyera la fianza por caución juratoria. 2) Si revocada la cesación de prisión, se dispusiese nuevamente la medida de coerción personal y el imputado fuese presentado por el fiador dentro del término del artículo 162, o fuera habido dentro del mismo plazo.

3) Si el proceso finalizara con una sentencia de condena y fuese aplicable el artículo 161, inciso 4, cuando el imputado se presentare voluntariamente para cumplir la condena.

4) En caso de fallecer el imputado.

Buenos Aires, 195 – parcial -

 

Artículo 167

 

ARTICULO 167. Devolución de sumas depositadas. Cancelada la fianza se devolverán las sumas depositadas y se dispondrá la cancelación de la hipoteca y el levantamiento de los embargos que se hubieren otorgado o trabado, corriendo los gastos por cuenta del fiador.

Buenos Aires, 196.

 

TITULO VII

 

Invalidez de los actos procesales (artículos 168 al 171)

 

Artículo 168

 

ARTICULO 168. Principios generales. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la Nación y en la Constitución Provincial. Tampoco podrán ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las

formas, que obsten al ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan el ejercicio de los deberes del fiscal, salvo que el defecto haya sido convalidado.

Anteproyecto Nación, 148 – parcial- ; Anteproyecto Neuquén, 160/161.

 

Artículo 169

 

ARTÍCULO 169. Saneamiento. Todos los defectos deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado. Cuando la invalidez se funde en la violación de una garantía establecida en

favor del imputado el procedimiento no podrá retrotraerse a etapas anteriores, salvo el caso de reenvío.

Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados.

Anteproyecto Neuquén, 162

 

Artículo 170

 

ARTÍCULO 170. Convalidación. Los defectos formales que afecten al fiscal o a la

víctima quedarán convalidados en los siguientes casos:

1) cuando ellos no hayan solicitado su saneamiento mientras se realiza el acto, o dentro de los tres días de practicado, si quien lo solicita no ha estado presente. Si por las circunstancias del acto ha sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamarlo dentro de las veinticuatro horas después de advertirlo; y

2) cuando hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto. Anteproyecto Nación, 150; Anteproyecto Neuquén, 163. Artículo 171

 

ARTÍCULO 171. Declaración de nulidad. Cuando no sea posible sanear un acto ni se trate de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad por auto fundado o señalar expresamente la nulidad del acto en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte.

En todo caso se debe intentar sanear el acto antes de declarar su nulidad. El acta o documento en donde se instrumente el acto nulificado será retirado del legajo, junto con la resolución que lo invalide.

La nulidad de un acto invalida todos los efectos o los actos consecutivos que dependan directamente de él. Al declararla, el Tribunal establecerá a cuales actos anteriores o contemporáneos alcanza la nulidad, por su conexión con el acto anulado. Respecto de estos actos, rige, también, la previsión contenida en el 3 párrafo de este artículo.

Anteproyecto Nación, 151 – parcial- ; Anteproyecto Neuquén, 164 –

parcial-; Código Procesal Penal Francés, 174 – parcial -

 

TITULO VIII

 

MEDIOS DE PRUEBA (artículos 172 al 235)

 

CAPITULO I

 

Reglas Generales (artículos 172 al 174)

 

Artículo 172

 

ARTICULO 172. Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquiera de los medios de prueba establecidos en este Código.

Además de los medios de prueba establecidos en este Código, se podrán utilizar otros siempre que no supriman garantías constitucionales de las personas o afecten el sistema institucional. Las formas de admisión y producción se adecuarán al medio de prueba que resulte más acorde a los previstos en este Código.

Se podrán limitar los medios de prueba cuando ellos resulten manifiestamente superabundantes. Cuando se postule un hecho notorio, con el acuerdo de todos

los intervinientes se podrá prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándoselo como comprobado.

Buenos Aires, 209.

 

Artículo 173

 

ARTICULO 173.- Valoración. Las pruebas obtenidas durante el proceso serán valoradas con arreglo a la sana crítica racional. El tribunal formará su convicción de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas.

Córdoba, 193; Código Procesal Penal de Paraguay, 175.

 

Artículo 174

 

ARTICULO 174. Exclusiones probatorias. Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneran garantías contenidas en la Constitucional Nacional y en la Constitución Provincial. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubieren podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella. Córdoba, 194; Mendoza, 207.

 

CAPITULO II

 

Inspección y reconstrucción del hecho (artículos 175 al 182)

 

Artículo 175

 

ARTICULO 175. Inspección. Se podrá comprobar mediante la inspección de personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiese dejado, describiéndolos detalladamente y, cuando fuere posible, se recogerán y conservarán los elementos probatorios útiles. Buenos Aires, 212; Córdoba, 194; Mendoza, 208.

 

Artículo 176

 

ARTICULO 176. Ausencia de rastros. Si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos materiales, o si éstos desaparecieron o fueron alterados, se describirá su estado actual, verificándose en lo posible, el anterior. En caso de desaparición o alteración se averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas. Córdoba, 195; Bs. As., 213; Mendoza, 209

 

Artículo 177

 

ARTICULO 177. Facultades coercitivas. Para realizar la inspección, se podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan incurrirán en la responsabilidad de los testigos, sin perjuicio de ser compelidos por la fuerza pública.

Anteproyecto Nación, 155- parcial-; Buenos Aires, 214 – parcial-; Córdoba, 197; Mendoza, 210.

 

Artículo 178

 

ARTICULO 178. Examen corporal y mental. Cuando se juzgue necesario, el Fiscal podrá disponer el examen corporal o mental del imputado, respetando su pudor.

Con esta finalidad, y previa autorización del juez de garantías, serán admisibles extracciones de sangre, muestras de piel o cabello, a efectuarse según las reglas del saber médico, aún sin consentimiento del afectado, y siempre que no fuere de temer perjuicio para su salud. El examen deberá practicarse con el auxilio de peritos.

Podrá disponerse igual medida respecto de otra persona, con la misma limitación, en los casos de grave y fundada sospecha. Al acto sólo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho.

Buenos Aires, 214 – parcial - ; Córdoba, 198 – parcial - ; Chubut, 131 – parcial; Mendoza, 211 – parcial -

 

Artículo 179

 

ARTICULO 179. Identificación de cadáveres. Si la investigación penal preparatoria se realizare por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y el extinto fuese desconocido, antes de procederse a la inhumación del cadáver o después de su exhumación, hecha la descripción correspondiente, se lo identificará por cualquier medio técnico y, si no es posible, por medio de testigos.

Anteproyecto Neuquen, 171 – parcial –

 

Artículo 180

 

ARTICULO 180. Reconstrucción del hecho. Se podrá ordenar la reconstrucción del hecho para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.

No podrá obligarse al imputado a intervenir en la reconstrucción, pero tendrá derecho a solicitarla.

Buenos Aires, 216; Córdoba, 200; Mendoza, 213

 

Artículo 181

 

ARTICULO 181. Operaciones técnicas. Para mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, podrán ordenarse todas las operaciones técnicas y científicas convenientes.

Buenos Aires, 217; Córdoba; 201; Mendoza, 214.

 

Artículo 182

 

ARTICULO 182. Juramento. Los testigos, peritos e intérpretes que intervengan en los actos de la investigación penal preparatoria, deberán prestar juramento, en los términos establecidos por este Código.

Bs. As., 218; Córdoba 202; Mendoza, 215.

 

CAPITULO III

 

Requisa personal, registro y allanamiento (artículos 183 al 190 )

 

Artículo 183

 

ARTICULO 183. Requisa personal. No se podrá realizar la requisa personal, salvo que haya motivos suficientes y fundados para presumir que alguien oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo objetos útiles a la investigación. En tal caso, el Juez, a pedido del fiscal, autorizará la medida.

Antes de proceder a la requisa se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándolo a exhibirlo.

La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de un testigo, que no podrá pertenecer a la policía ni a ninguno de los órganos intervinientes, salvo en caso de suma urgencia o imposibilidad de conseguirlo, la que deberá ser acreditada.

Las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor y la dignidad de las personas. Las requisas de mujeres serán hechas por otras mujeres. De la diligencia se labrará un acta que podrá ser incorporada al juicio.

Anteproyecto Nación, 156.

 

Artículo 184

 

ARTICULO 184. registro de vehículos. El juez, a pedido del Fiscal, podrá autorizar el registro de un vehículo cuando haya motivos suficientes y fundados para presumir que una persona oculta en él objetos útiles a la investigación preexistente. Iguales requisitos proceden para el registro de armarios, escritorios, gabinetes u otros muebles cerrados.

En lo que sea aplicable, se realizará el procedimiento y se cumplirán las formalidades previstas para el allanamiento.

 

De la diligencia se labrará un acta que podrá ser incorporada al juicio.

Anteproyecto Nación, 158.

 

Artículo 185

 

ARTICULO 185. Allanamiento de morada. Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado, en sus dependencias inmediatas, casa de negocio u oficina, el allanamiento será autorizado por el juez y dentro de los horarios que establezca la Constitución Provincial.

El consentimiento de quien habita el lugar no tendrá ningún efecto no pudiendo suplir la orden del Juez.

De la diligencia se labrará un acta que podrá ser incorporada al juicio. Constitución de la Provincia de Neuquén, 33; Anteproyecto Nación, 158 – parcial -

 

Artículo 186

 

ARTÍCULO 186. Lugares especiales. Las restricciones establecidas para el allanamiento de domicilios o habitaciones no regirán para las oficinas o edificios públicos, establecimientos militares, lugares comerciales de reunión o de esparcimiento abiertos al público y que no estén destinados a habitación familiar.

En estos casos se podrá prescindir de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estén los locales. Cuando se trate de establecimientos rurales solo se requerirá autorización judicial para las moradas.

Anteproyecto Nación, 159

 

Artículo 187

 

ARTÍCULO 187. Allanamiento sin autorización judicial. No podrá, procederse al allanamiento sin previa autorización judicial salvo en los casos en que sea necesario para evitar la comisión de un delito, en respuesta a un pedido de auxilio o cuando se persiga a un sospechoso que se introdujo en una propiedad ajena.

Anteproyecto Nación, 161

 

Artículo 188

 

ARTÍCULO 188. Tramite de la autorización. Siempre que por este Código se requiera autorización para la realización de una medida de prueba, el fiscal deberá requerirla por escrito fundado, que deberá contener:

1) la determinación concreta del lugar o los lugares que deberán ser registrados;

2) la finalidad del registro, mencionando los objetos a secuestrar o las personas a detener;

3) el nombre del fiscal responsable del control o de la ejecución de la medida;

4) si la medida será llevada a cabo personalmente o el nombre del personal policial al cual se encomendará la misma;

5) la mención expresa de las pruebas que justifican el pedido;

6) y la firma del fiscal que requiere la autorización.

Anteproyecto Neuquén, 176

 

Artículo 189

 

ARTÍCULO 189. Autorización del juez. El juez examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de los motivos que fundan el pedido del fiscal.

De ser procedente, autorizará la medida por auto fundado, librando la respectiva orden en donde hará constar: el nombre del fiscal responsable del control o de la ejecución de la medida; de ser el caso, el personal policial facultado para su realización y el plazo dentro del cual debe efectivizarse la medida, el que no podrá superar las cuarenta y ocho horas.

Una copia de la orden será entregada al titular, encargado o quien se encuentre en el lugar al momento de realizarse la medida.

Anteproyecto Neuquén, 177

 

Artículo 190

 

 

ARTICULO 190. Solicitud de autorización por parte de otras autoridades competentes. Cuando para el cumplimiento de sus funciones o por razones de higiene, moralidad y orden público, alguna autoridad competente necesite practicar un allanamiento, solicitará al Juez la autorización respectiva, expresando los fundamentos del pedido. Para resolver la solicitud, aquél podrá requerir las informaciones que estime pertinentes. De considerarlo procedente, el Juez librará la orden respectiva. Rige, en lo aplicable, el artículo 188.

Buenos Aires, 224 – parcial -

 

CAPITULO IV

 

Secuestro (artículos 191 al 196)

 

Artículo 191

 

ARTICULO 191. Orden de secuestro. El Juez, a requerimiento del Fiscal, podrá autorizar el secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a confiscación o aquéllas que puedan servir como medios de prueba. En casos urgentes, esta medida podrá ser delegada en la Policía. Rigen, en lo que resulte aplicable, los artículos 188 y 189.

Cuando se trate del secuestro de datos que se encuentren almacenados en soporte informático, el juez deberá solicitar el auxilio de peritos.

Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición del Agente Fiscal. En caso necesario podrá disponerse su depósito.

Se podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas, cuando puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o así convenga a la investigación preparatoria.

Las cosas secuestradas serán señaladas con el sello de la Fiscalía y con la firma del Agente Fiscal, debiéndose firmar los documentos en cada una de sus hojas.

Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su integridad.

Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y se dejará constancia.

De la diligencia se labrará un acta que podrá ser incorporada al juicio.

Buenos Aires, 226 – parcial -

 

Artículo 192

 

ARTICULO 192. Orden de presentación. En lugar de disponer el secuestro, el Juez podrá ordenar, a pedido del Fiscal y cuando fuera oportuno, la presentación de los objetos o documentos a que se refiere el artículo anterior; pero esta orden no es posible dirigirla a las personas que puedan o deban abstenerse de declarar como testigos, por razón de parentesco, secreto profesional o de Estado.

Buenos Aires, 227 – parcial-

 

Artículo 193

 

ARTICULO 193. Interceptación de correspondencia. Examen. Secuestro. Siempre que se considere útil para la comprobación del delito, el Juez, a requerimiento del Agente Fiscal, podrá autorizar, mediante auto fundado, la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal y telegráfica; o de todo otro efecto remitido por el imputado o que se le destinare.

Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el Juez procederá a su apertura, en presencia del Fiscal, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá por sí la correspondencia. Si el contenido tuviere relación con el proceso, autorizará el secuestro; en caso contrario, lo mantendrá en reserva y dispondrá la entrega al destinatario, bajo constancia.

Buenos Aires, 228 – parcial -

 

Artículo 194

 

ARTICULO 194. Intervención de comunicaciones. El Juez, a pedido del fiscal, podrá autorizar, cuando existan elementos probatorios suficientes que permitan inferir la autoría o participación del imputado en el delito investigado, la intervención de sus comunicaciones para impedirlas o conocerlas.

Se entenderá por comunicaciones todo proceso de transmisión de mensajes entre personas determinadas a través de cualquier medio técnico.

Rigen, en lo que resulte aplicable, los artículos 188 , 189 y 191, segundo párrafo.

Recibida la prueba, se remitirá su soporte al fiscal; quien podrá encomendar a la autoridad policial su transcripción. Esta deberá ser íntegra e instrumentada en un acta que suscribirá el funcionario actuante junto con el Secretario.

Constitución Española, 18.3; Buenos Aires, 229; Brasil, ley 9296, 2.

 

Artículo 195

 

ARTICULO 195. Documentos y comunicaciones excluidas de secuestro e intervención. No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo. Tampoco podrán ser objeto de esta medida las cartas recibidas o enviadas por el imputado y que hayan sido emitidas o de las que sean destinatarias, aquellas personas que deban abstenerse de declarar como testigos o sobre las que pese esa prohibición.

Quedan sometidos a igual prohibición las comunicaciones que se dirijan. Buenos Aires, 230 – parcial –

 

Artículo 196

 

ARTICULO 196.- Devolución.- Los objetos secuestrados que no estén sometidos a confiscación, restitución o embargo, serán devueltos, tan pronto como no sean necesarios, a la persona de cuyo poder se obtuvieron. Esta devolución podrá ordenarse provisoriamente, en calidad de depósito e imponerse al depositario la obligación de exhibirlos cada vez que le sea requerido.

Los efectos sustraídos serán devueltos, en las mismas condiciones, al damnificado, salvo que se oponga el poseedor de buena fe de cuyo poder hubieran sido secuestrados.

Buenos Aires, 231.

 

CAPITULO V

Testigos (artículos 197 al 208)

 

Artículo 197

 

ARTICULO 197.- Deber de interrogar. Se interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad.

Córdoba, 218; Mendoza, 231; Buenos Aires – parcial-, 232, párrafo 1°.

 

Artículo 198

 

ARTÍCULO 198.- Obligación de testificar. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento del fiscal o del órgano jurisdiccional, según sea el caso, y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

Córdoba, 219; Mendoza, 232; Bueno s Aires – parcial – 232, párrafo 2°.

 

Artículo 199

 

ARTICULO 199.- Capacidad de atestiguar. Valoración.- Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de las facultades del Juez para valorar el testimonio de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Buenos Aires, 233.

 

Artículo 200

 

ARTICULO 200.- Prohibición de declarar.- No podrán testificar en contra del imputado su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo al que lo liga con el imputado.

En igual situación que la del cónyuge se encuentra el conviviente del imputado con más de dos años de vida en común.

Anteproyecto Nación, 173, 1° párrafo,- parcial- ; Buenos Aires, 234 – parcial-

 

Artículo 201

 

ARTICULO 201. Facultad de Abstención. Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado, sus parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad, sus tutores, curadores y pupilos, a menos que el testigo fuere denunciante, querellante o que el delito aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o más próximo al que lo liga con el imputado.

Antes de iniciarse la declaración se advertirá a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que se dejará constancia.

Buenos Aires, 235, -parcial

 

Artículo 202

 

ARTICULO 202. Deber de Abstención. Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión: los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras o demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado.

Sin embargo, estas personas no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por el interesado.

Si el testigo invocare erróneamente el deber de abstención, con respecto a un hecho que no puede estar comprendido en él, se procederá, sin más, a interrogarlo.

Buenos Aires, 236; Córdoba, 221 – parcial -; Mendoza, 234 – parcial -

 

Artículo 203

 

ARTICULO 203. Citación.Para el examen de testigos, se librará orden de citación con arreglo al artículo 118, excepto los casos previstos en los artículos 204 y 208.

Sin embargo, en caso de urgencia, podrán ser citados por cualquier medio, inclusive verbal, dejándose constancia.

El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.

Buenos Aires, 237; Córdoba,222; Mendoza, 235.

 

Artículo 204

 

ARTICULO 204.- Declaración por exhorto o mandamiento.- Durante la investigación penal preparatoria, cuando el testigo resida en un lugar distante de la fiscalía o sea difícil el traslado, se comisionará la declaración de aquél, por exhorto u oficio, al órgano competente de su residencia.

En caso de que tales obstáculos hagan presumir que la declaración no podrá ser recibida durante el debate, serán exigibles todos los recaudos establecidos por el artículo 208.

Buenos Aires, 235 – parcial- ; Córdoba, 223 – parcial- ; Mendoza, 236 –parcial- ; Chubut, 146 – parcial-

 

Artículo 205

 

ARTICULO 205. Compulsión. Arresto. Si el testigo no se presentare a la primera citación, se procederá conforme al artículo 118, sin perjuicio de su enjuiciamiento cuando corresponda.

Si durante la investigación penal preparatoria, después de comparecer, el testigo se negare a declarar, el fiscal dispondrá su arresto por un término que no podrá superar al dispuesto por el artículo 134. Tal atribución, durante el juicio, corresponderá a la autoridad jurisdiccional competente. Cuando persista en la negativa, se iniciará contra él la causa que corresponda.

Podrá ordenarse el arresto inmediato de un testigo cuando carezca de domicilio o haya temor fundado que se oculte, fugue o ausente.

Esta medida durará el tiempo indispensable para recibir la declaración, la que nunca excederá de doce (12) horas.

Buenos Aires, 239 – parcial -; Córdoba, 225/ 226 – parcial -; Mendoza, 237/

238 – parcial-

 

Artículo 206

 

ARTICULO 206. Formas de declaración. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones, de la responsabilidad por su incumplimiento y prestará juramento de decir verdad, según sus creencias. Será interrogado por separado sobre sus datos personales y cualquier circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.

Si teme por su integridad física podrá indicar su domicilio en forma reservada, pero no podrá ocultar su identidad salvo en los casos en que esté incluido en un programa de protección de testigos. La reserva de identidad sólo podrá mantenerse hasta el juicio.

Los testigos serán interrogados sobre el hecho por las partes; en primer lugar por quien lo ofrezca, salvo que las partes acuerden otro orden.

Anteproyecto Nación, 178 – parcial –

 

Artículo 207

 

ARTICULO 207. Testimonios especiales. Cuando, durante la investigación penal preparatoria, deba recibirse testimonio de menores o de personas que hayan resultado víctimas de alguno de los hechos delictivos previstos en el Libro Segundo, Título III, del Código Penal, que las hayan afectado psicológicamente, el fiscal, de oficio o a solicitud del querellante, dará intervención al juez de garantías a los efectos de que la recepcione; debiendo considerarse la misma como anticipo probatorio.

En tal caso, se dispondrá su recepción por el Juez, en privado y con el auxilio de un profesional en psicología, garantizando el ejercicio de la defensa.

A tal fin y, por lo menos con dos (2) días de anticipación, el órgano jurisdiccional notificará a las partes la fecha y hora de la realización del acto.

Éstas podrán formular por escrito las preguntas. Ningún punto del interrogatorio podrá ser censurado.

El lugar en donde se lleve a cabo la audiencia deberá estar acondicionado de modo tal que, las alternativas del acto puedan ser seguidas, por las partes, desde el exterior del recinto a través de vidrios espejados, micrófonos, equipos de video o cualquier otro medio técnico que lo haga posible.

Terminado el cuestionario, y en el mismo acto, el Juez tomará contacto con las partes con el objeto de que éstas manifiesten la necesidad de formular alguna otra pregunta que pudiese surgir a partir del contenido de lo narrado. De ser este el caso, se canalizarán las mismas.

La declaración se documentará en un acta y se dispondrá su grabación audiovisual; la que se integrará con aquella. Terminado el acto, el juez remitirá la prueba al fiscal interviniente.

El acta y la grabación se podrán incorporar al juicio.

Anteproyecto Nación, 179 – parcial -; Código Procesal Penal de la Nación, 250 bis (ley 25.852) – parcial-

 

Artículo 208

 

ARTICULO 208.- Examen en el domicilio.- Las personas que no puedan concurrir a la sede de la Fiscalía por estar físicamente impedidas, serán examinadas por el Fiscal en su domicilio, lugar de alojamiento o internación.

Previo a la realización del acto, se notificará a la defensa del imputado y al querellante a los efectos de que pueda controlar el acto.

En caso de que pueda presumirse de que estos obstáculos persistirán, impidiendo la presencia del testigo en el debate, el acto se considerará como adelanto probatorio y será receptado, a pedido del fiscal, del querellante o del defensor, por el juez de garantías. El juez citará a todos los intervinientes, quines tendrán derecho a asistir y a ejercer en el acto todas las facultades previstas respecto de su intervención en la audiencia de debate. El juez hará constar el contenido de la diligencia en un acta con todos los detalles que sean

necesarios, en la cual incluirá las observaciones que los intervinientes propongan. Asimismo, se podrá disponer la grabación audiovisual, cuyo soporte, debidamente resguardado, integrará el acta. Finalizada la intervención judicial, el juez remitirá las actuaciones al fiscal.

De verificarse la imposibilidad de comparendo en debate, el acta y la grabación se podrán incorporar al juicio.

Buenos Aires, 242 – parcial -

 

CAPITULO VI

 

Peritos (artículos 209 al 223)

 

Artículo 209

 

ARTICULO 209. Facultad de ordenar las pericias. Calidad habilitante. Se podrán ordenar pericias siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinentes a la causa, sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica o arte.

Los peritos deberán tener títulos habilitantes en la materia a la cual pertenezca el punto sobre el que han de expedirse. Si no estuviera reglamentada la profesión, no hubiere peritos diplomados o inscriptos, deberá designarse a una persona de conocimiento o de práctica reconocidas. Buenos Aires, 244

 

Artículo 210

 

ARTICULO 210.- Incapacidad e incompatibilidad. Excusación y recusación. No podrán ser peritos: los incapaces; los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos o que hayan sido citados como tales en la causa; los condenados o inhabilitados.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, son causas legales de excusación y recusación de los peritos las establecidas para los jueces.

El incidente será resuelto por el órgano judicial interviniente, oído el interesado y previa averiguación sumaria, sin recurso alguno.

Buenos Aires, 245.

 

Artículo 211

 

ARTICULO 211. Obligatoriedad del cargo. El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviere un grave

impedimento. En tal caso deberá ponerlo en conocimiento del Fiscal o, según el caso, del órgano jurisdicciona l al ser notificado de la designación.

Si no acudiera a la citación, no presentare el informe en debido tiempo, sin causa justificada, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos en los artículos 118 y 205.

Buenos Aires, 246.

.

Artículo 212

 

ARTICULO 212. Nombramiento y notificación. Facultad de proponer. Durante la investigación penal preparatoria, el agente fiscal designará de oficio a un perito, salvo que considere indispensable que sean más. Lo hará entre los que tengan el carácter de peritos oficiales; si no los hubiere, entre los funcionarios públicos que, en razón de su título profesional o de su competencia, se encuentren habilitados para emitir dictamen acerca del hecho o circunstancias que se quiere establecer. En caso de que la prueba se propusiese durante la etapa de juicio, la designación la practicará el órgano jurisdiccional competente.

Realizada la designación, se notificará esta resolución a todas las partes intervinientes antes que se inicien las operaciones periciales, a menos que haya suma urgencia o que la indagación sea extremadamente simple.

En los casos de urgencia, se les notificará que se realizó la pericia, que pueden hacer examinar sus resultados por otro perito y pedir, si fuera posible, su reproducción.

En el término de tres (3) días a contar de las respectivas notificaciones previstas en este artículo, cada parte podrá proponer, a su costa, otro perito legalmente habilitado. No regirán para estos últimos los artículos 210, segundo párrafo y 211.

Buenos Aires, 247 – parcial -

 

Artículo 213

 

ARTICULO 213. Directivas. Conservación de objetos. Durante la investigación penal preparatoria, el fiscal dirigirá la pericia, formulará concretamente las cuestiones a elucidar, fijará el plazo en que ha de expedirse el perito y si lo juzgare conveniente, asistirá a las operaciones. En caso de practicarse una pericia durante el juicio, el juez competente transmitirá al perito los puntos que hubiesen propuestos las partes.

Se podrá igualmente autorizar al perito para examinar las actuaciones o asistir a determinados actos procesales.

Se procurará que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de modo que la pericia pueda repetirse.

Si fuere necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiere discrepancia sobre el modo de operar, los peritos deberán informar, según fuere el caso, al fiscal o al juez antes de proceder.

 

Artículo 214

 

ARTICULO 214. Informes. Nuevos peritos. Los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el fiscal o el juez, según corresponda, y si estuvieran de acuerdo, redactarán su informe en común. En caso contrario, harán por separado sus respectivos dictámenes.

Si los informes discreparen fundamentalmente, se podrá nombrar otros peritos, según la importancia del caso, para que lo examinen e informen sobre su mérito o si fuere necesario y posible, realicen otra pericia.

Buenos Aires, 249.

 

Artículo 215

 

ARTICULO 215. Dictamen. El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en acta y comprenderá, en cuanto fuere posible 1) La descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados, en las condiciones en que hubieren sido hallados.

2) Una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados.

3) Las conclusiones que formulen los peritos, conforme los principios de su ciencia, técnica o arte.

4) Lugar y fecha en que se practicaron las operaciones.

Buenos Aires, 250.

 

Artículo 216

 

ARTICULO 216. Pericias complejas o interdisciplinarias realizada por instituciones. Cuando el peritaje se encomiende a una institución científica o técnica y en las operaciones deban intervenir, por la complejidad de la misma, distintos peritos o equipos interdisciplinarios de trabajo, se podrá elaborar un único informe bajo la responsabilidad de quien dirija los trabajos conjuntos, el que será suscripto por todos los intervinientes.

Anteproyecto Nación, 187 – parcial -

 

Artículo 217

 

ARTICULO 217. Autopsia necesaria. Se ordenará la autopsia en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad.

Buenos Aires, 251.

 

Artículo 218

 

ARTICULO 219. Cotejo de documentos. Cuando se trate de examinar o cotejar algún documento el fiscal ordenará la presentación de las escrituras de comparación, pudiendo utilizar escritos privados si no hubiere dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de estos escritos podrá requerir del órgano judicial interviniente se ordene el secuestro, salvo que su tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo.

También podrá disponerse que alguna de las partes forme cuerpo de escritura.

De la negativa se dejará constancia, pero si se tratare del imputado aquélla no importará una presunción de culpabilidad.

Córdoba, 244

 

Artículo 220

 

ARTÍCULO 220. PERITAJES ESPECIALES. Cuando deban realizarse diferentes pruebas periciales a niños u otras personas afectadas psicológicamente por haber sido víctimas de alguno de los delitos establecidos en el Libro Segundo, Título III del Código Penal, se procurará concentrar la actividad de los peritos, ordenando que actúen conjunta e

interdisciplinariamente.

Anteproyecto Nación, 188 – parcial -.

 

Artículo 221

 

ARTICULO 221. Acto irreproductible. Cuando sea necesario realizar una peritación que, por las circunstancias o naturaleza y características de la medida, deba ser considerada como un acto definitivo e irreproductible, el Fiscal, el imputado, su defensor o el querellante, requerirán su realización por el juez de garantías.

Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 208, 2° y 3° párrafos.

 

Artículo 222

 

ARTÍCULO 222. Reserva y sanciones. El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su actuación.

El Fiscal podrá solicitar al Juez de Garantías que aplique medidas disciplinarias a los peritos por negligencia, inconducta o mal desempeño y aún que disponga la sustitución de los mismos sin perjuicio de las sanciones penales que puedan corresponderles.

Buenos Aires, 253 – parcial -.

 

Artículo 223

 

ARTÍCULO 223. Honorarios. Los peritos nombrados de oficio tendrán derecho a cobrar honorarios, salvo que tengan sueldo por cargos oficiales desempeñados en virtud de conocimientos específicos en la ciencia, técnica o arte que el informe requiera.

El perito nombrado a petición de parte podrá cobrarlos siempre, directamente a ésta o al condenado en costas.

Buenos Aires, 254.

 

CAPITULO VII

 

Intérpretes (artículos 224. al 225)

 

Artículo 224

 

ARTICULO 224.- Designación.- El Fiscal nombrará intérprete cuando fuere necesario traducir documentos o declaraciones que se encuentren o deban producirse en idioma distinto al nacional, aun cuando sea de su conocimiento.

El declarante podrá escribir su declaración, la que se agregará al acta junto con la traducción.

Buenos Aires, 255 – parcial -.

 

Artículo 225

 

ARTICULO 225. Normas aplicables. En cuanto a la capacidad para ser intérprete, incompatibilidad, excusación, recusación, derechos y deberes, término, reserva y sanciones disciplinarias, regirán las disposiciones relativas a los peritos.

Buenos Aires, 256.

 

CAPITULO VIII

 

Reconocimientos (artículos 226 al 232 )

 

Artículo 226

 

ARTICULO 226. Casos. El Fiscal podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto.

Tratándose del reconocimiento del imputado, se deberán tomar las previsiones necesarias para que éste no altere sus rasgos fisonómicos. El acto procederá aún sin su consentimiento. Buenos Aires, 257 – parcial -; Paraguay, 230.

 

Artículo 227

 

ARTICULO 227. Interrogatorio previo. Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata y para que diga si antes de ese acto, la ha conocido o visto personalmente o en imagen.

El reconociente prestará juramento antes del acto.

Buenos Aires, 258 – parcial -

 

Artículo 228

 

ARTICULO 228. Forma. La diligencia de reconocimiento se practicará enseguida del interrogatorio, poniendo a la vista del que haya de verificarlo, junto con otras tres (3) o más personas de condiciones exteriores semejantes, a la que deba ser identificada o reconocida, quién elegirá su colocación en la fila. En presencia de todas ellas o desde donde no pueda ser visto, según se estime oportuno, quien deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la fila aquella a que haya hecho referencia, invitándoselo a que en caso

afirmativo, la indique, clara y precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual y el que presentaba en la época que se refiere en su declaración.

La diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, incluso el nombre y el domicilio de las que hubieren formado la fila.

Del acto se deberá notificar al defensor, con una antelación no menor a un (1) día de su realización y no podrá efectuarse sin su presencia. Constituye falta grave la inasistencia injustificada del mismo y será considerada abandono de sus funciones, procediéndose a su inmediata sustitución.

Buenos Aires, 259 – parcial -.

 

Artículo 229

 

ARTICULO 229. Pluralidad de reconocimientos. Cuando varias personas deban identificar o reconocer a otra, cada reconocimiento se practicará separadamente sin que aquellas se comuniquen entre sí, pero podrá labrarse una sola acta.

Buenos Aires, 260.

 

Artículo 230

 

ARTICULO 230. Reconocimiento por fotografías. Cuando sea necesario identificar o reconocer a una persona que no está presente y que no pudiere ser habida, de la cual se tengan fotografías, se presentará en número no inferior a cuatro (4), con otras semejantes, a quien debe efectuar el reconocimiento. En lo demás, se observarán las disposiciones precedentes. Este procedimiento también podrá aplicarse cuando el imputado obstruya la

realización del acto y siempre que, el mismo no se hubiese iniciado. Si no existiesen fotografías, podrán utilizarse registros fílmicos.

Buenos Aires, 261 –parcial -; Paraguay, 230 – parcial -; Santa Fe, 291 (ley

12162) – parcial -

 

Artículo 231

 

ARTICULO 231. Reconocimiento de voces. Reconocimiento de cosas. Cuando se disponga el reconocimiento de voces o sonidos, se observarán las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas. Antes del reconocimiento de una cosa, se invitará a la persona que deba efectuarlo a que la describa. En lo demás y en cuanto fuere posible, regirán las

reglas que anteceden.

Buenos Aires, 262 – parcial -; Anteproyecto nación, 189 -parcial-

 

Artículo 232

 

ARTÍCULO 232. Valor en juicio. La prueba de reconocimiento sólo podrá hacerse valer en juicio cuando haya sido efectuada en presencia del defensor. Anteproyecto nación, 192, 3 párrafo – parcial - ; Paraguay, 230 – parcial –

 

CAPITULO IX

 

Careos (artículos 233 al 235)

 

Artículo 233

 

ARTICULO 233.- Procedencia.- El Fiscal podrá ordenar el careo de personas que en sus declaraciones hubiesen discrepado o cuando lo estime de utilidad. El imputado o su defensor podrán también solicitarlo, pero aquél no podrá ser obligado a carearse.

Buenos Aires, 263.

 

Artículo 234

 

ARTICULO 234.- Juramento. Los testigos cuando sean careados, prestarán juramento antes del acto.

Buenos Aires, 264.

 

Artículo 235

 

ARTICULO 235. Forma. Al careo del imputado podrá asistir su defensor, a quién se notificará, con antelación no menor de veinticuatro (24) horas. Para efectuarlo se leerán, en lo pertinente, las declaraciones que se reputen contradictorias y se llamará la atención de los careados sobre las discrepancias, a fin de que se reconvengan o traten de ponerse de acuerdo. De la ratificación o rectificación que resulte se dejará constancia, así como de las reconvenciones que se hagan los careados y de cuanto en el acto ocurra; pero no se hará

referencia a las impresiones del Fiscal acerca de la actitud de los careados. Buenos Aires, 265.

 

LIBRO II

 

INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA (artículos 236 al 289 )

 

TITULO I

 

DISPOSICIONES GENERALES (artículos 236 al 252 )

 

Artículo 236

 

ARTICULO 236. Finalidad. La investigación penal preparatoria estará a cargo del fiscal y tendrá por objeto comprobar, mediante las diligencias conducentes a ese efecto, la existencia del hecho delictuoso, individualizar a sus autores y partícipes y recolectar los elementos probatorios que permitan fundar, en su caso, la acusación o la defensa del imputado.

Anteproyecto Nación, 217; Paraguay, 279.

 

Artículo 237

 

ARTÍCULO 237. Legajo de investigación. El fiscal formará un legajo de la investigación, con el fin de preparar su requerimiento, que no estará sujeto a formalidad alguna, salvo las normas prácticas sobre documentación que dicte el Fiscal del Tribunal Superior de la Provincia.

Anteproyecto Nación, 218.

 

Artículo 238

 

ARTÍCULO 238. Valor de las actuaciones. Las actuaciones de la investigación penal preparatoria no tendrán valor probatorio para fundar la condena del acusado; salvo que se tratase de adelantos probatorios realizados de conformidad a las reglas que este Código establece. No obstante, podrán invocarse para solicitar o fundar una medida de coerción o

cautelar, excepciones o el sobreseimiento. Anteproyecto Nación, 219 – parcial - ; Paraguay, 281 – parcial -