Medios alternos de resolución de controversias PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Eréndira Salgado Ledesma   

 


MEDIOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, UNA OPCIÓN

PARA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


Dra. Eréndira Salgado Ledesma

Comisión Nacional de Arbitraje Médico



Introducción. El propósito del presente trabajo es presentar la experiencia de la Conamed, como un caso que dé cuenta sobre la evolución que han tenido los medios alternos de resolución de controversias en el retador camino para modernizar la administración de justicia en nuestro país. La exposición abarca su fundamentación jurídica, su evolución histórica, sus riesgos, sus retos y la formulación de posibles escenarios en la materia.

Derecho a la jurisdicción. La Constitución vigente, en sus artículos 14 y 17 incorpora las garantías de audiencia previa y acceso a la jurisdicción. Por la primera se instituye que todo acto de privación de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos debe ser emitido por un tribunal previamente establecido y en juicio en el cual se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Por la segunda, de manera correlativa a la prohibición de hacerse justicia por propia mano, el Estado asume la función jurisdiccional obligándose a la creación y sostenimiento de tribunales a fin de administrar justicia, en forma pronta, completa, imparcial y gratuita.

En tanto, en el artículo 103 se atribuye competencia a los tribunales federales para resolver toda controversia suscitada por leyes o actos de autoridad violatorios de garantías individuales, leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de

los estados y leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal. Bajo esta óptica, los asuntos de diversa índole quedan sujetos a la jurisdicción de los poderes judiciales locales; salvo la denominada “jurisdicción coincidente”, plasmada en

el artículo 104, fracción I, el cual plantea que cuando se trate de controversias del orden civil o criminal sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, conocerán los tribunales federales o los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal, a elección del actor, cuando afecten sólo intereses particulares. Sin embargo, el mismo numeral abre la posibilidad de que todas las sentencias dictadas en segunda instancia puedan ser revisadas por la Corte, con lo cual la generalidad de los juicios intentados en el país, hasta hace poco,

podían arribar a ésa para su conocimiento; un procedimiento de administración de justicia

poco asequible, como la historia del rezago jurisdiccional finalmente lo demostró.

Problemas para el logro de justicia pronta y expedita. A partir de 1928, diversas reformas introducidas al texto constitucional repercutieron sobre el Poder Judicial de la Federación. Todas tuvieron como fundamento sus grandes cargas de trabajo. Ante esta demanda, el artículo 107 sufre una primera modificación el 30 de diciembre de 1950 con la cual se reorganizó su competencia con el fin de abatir el rezago existente. Derivado de ella

se crean los tribunales colegiados de circuito —en 1951— para desahogar un sinnúmero de

asuntos; no obstante, el rezago más que disminuir se incrementó paulatinamente.

Las reformas posteriores ampliaron el ámbito de conocimiento del alto tribunal y varias de sus atribuciones originales fueron transferidas hacia otros órganos, con una tendencia hacia la especialización por materia. De igual manera, se le autorizó emitir acuerdos generales con la finalidad de lograr una adecuada distribución de los asuntos de su competencia entre sus salas, éstos fueron posteriormente derivados hacia los tribunales colegiados, donde finalmente quedó concentrado gran parte del rezago; es decir, más que terminarse, fue reubicado.

Por las razones expuestas, la orientación de las reformas planteadas a la actividad judicial se consideran en gran medida erradas, pretendieron atacar la problemática del rezago jurisdiccional mediante una lógica numérica y simplista: mayor número de órganos y de funcionarios jurisdiccionales igual a mayor número de asuntos despachados, lo que ha resultado desafortunado.ii Precisamente, ese razonamiento sostiene la exposición de

motivos de la reforma constitucional de 1994 cuando señala que el número de integrantes de la Suprema Corte a lo largo de la historia ha respondido a la necesidad de abatir los rezagos acumulados. A manera de ejemplo se cita que en 1928, tan solo en el alto tribunal,

era de casi 16,000 asuntos, en tanto los ministros se incrementaron de once a dieciséis; en 1934 el rezago se mantuvo constante, no obstante, el número de ministros aumentó a veintiuno; pero, ya en la década de los cincuenta, el rezago ascendía aproximadamente a

38,000 asuntos, a pesar de la creación de los tribunales colegiados de circuito y del aumento de cinco ministros en la Suprema Corte, hasta contar veintiséis.iii

Esta tendencia creciente persistió a lo largo del siglo XX, por esta razón, en el programa de trabajo del Poder Judicial de la Federación, formulado para el cuatrienio 1999- 2002 con la participación de los once ministros de la Corte, bajo el rubro: “Hacia el sistema de impartición de justicia del siglo XXI”, se establecen los puntos focales de la actividad judicial, y dentro de ellos destaca abatir el rezago mediante el impulso de reformas

constitucionales y legales encaminadas a seleccionar los casos para análisis, así como en la búsqueda de mecanismos necesarios para lograr atender un número mayor de asuntos en los órganos jurisdiccionales, y con ello lograr equilibrio entre oportunidad, celeridad y calidad.

Los objetivos empiezan a alcanzarse de manera parcial mediante la reforma a los artículos 94, 97, 100 y 107 del texto fundamental, en diciembre de 1994, la cual responsabilizó a la Suprema Corte sólo de asuntos relevantes. Dado que ésta, por cuestiones técnicas y formales, se distrajo por mucho tiempo en cuestiones diversas al tema de constitucionalidad en detrimento de funciones de efectiva trascendencia e importancia, propiciándose con ello la concentración de asuntos en la capital de la República, los cuales podrían resolverse de manera pronta en los tribunales colegiados distribuidos en todo el territorio nacional.iv

Si bien las reformas tuvieron repercusiones favorables en razón de conferirle al tribunal especialización en asuntos de trascendencia para la vida nacional —como originalmente se propuso desde la Constitución de 1824—, descargándolo del rezago acumulado por décadas aunque con el inconveniente de su derivación hacia otros órganos, las mismas resultaron insuficientes, ya que la problemática de cargas excesivas de trabajo en toda la estructura jurisdiccional sigue retrasando la administración de justicia, pese a los esfuerzos realizados por los titulares de los diversos juzgados y tribunales tanto locales como federales.

Y es que de acuerdo con la información oficial en 1995 ingresaron a los tribunales 112,684 asuntos, contra 242,811 en 1999, es decir, en tan sólo cuatro años su número se elevó un 115% con tendencia anualmente creciente, y avances de resolución global por el orden del 80%, en el mejor de los casos.v Las cifras antes relacionadas, desde la perspectiva del propio poder, ponen de manifiesto tres hechos innegables: primero, que no cuentan con

funcionarios flojos; segundo, la amplia confianza de la población, y tercero, la necesidad de mantener una infraestructura adecuada en juzgados y tribunales para poder despachar el cúmulo de asuntos que se les plantean, así como para impartir justicia pronta y expedita como lo exige el artículo 17 constitucional. Sin embargo, desde otra óptica, también tienen varias lecturas adicionales.

En tanto, los ingresados al máximo órgano de justicia del país fueron 18 mil 524 asuntos, de los cuales se resolvieron 15 mil 866, quedando pendientes de sentencia 3 mil 524 casos; es decir, se atendió sólo el 85.65% de los expedientes, aun contando con mayor especialización.vi

De tal forma, con apoyo en los acuerdos números 5/1999 y 6/1999, del veintidós y veintitrés de junio de 1999, respectivamente, acorde al decreto publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 11 del mismo mes y año que reformó nuevamente el texto constitucional, el tribunal pleno fija criterios mediante los cuales turna a otros órganos los casos que no revisten interés excepcional, reservando a su conocimiento sólo los inéditos, importantes y trascendentes.

Con la medida se esperaba un descenso en el ingreso de asuntos —de tres mil en promedio, sólo en la Corte—, dejando de recibir alrededor de mil al año, arguyéndose que el hecho de que los tribunales colegiados resolvieran un mayor número de casos no significaba un problema de rezago, al no ser excesivas las cargas adicionales, además de contar con la posibilidad de crear más órganos en todo el país, tal y como ocurrió. A pesar de todas las acciones desarrolladas, el actual Presidente de la Suprema Corte —breve tiempo después— admite que la problemática del rezago continúa.vii En forma paralela al reconocimiento del problema del rezago se toman medidas para enfrentarlo. Al efecto, fueron incrementadas las tareas de expansión del Poder. Tan solo en el curso de la época reciente se instalaron 34 tribunales colegiados, 6 tribunales unitarios de circuito y 22 juzgados de distrito, al advertir la necesidad, cada día mayor, de contar con nuevos órganos jurisdiccionales, amén de acercarlos a los justiciables. Complementariamente a la creación de más juzgados y tribunales federales, y a la reciente designación de 206 magistrados y 248 jueces, necesarios para acercar la justicia al gobernado, en el Poder Judicial de la Federación se han desarrollado tareas paralelas, tales como la consolidación de la carrera judicial con la finalidad de profesionalizar a los funcionarios encargados de la administración de justicia; la profundización en la vigilancia con objeto de evaluar permanentemente su desempeño, así como el desarrollo de proyectos para llevar la justicia a la población de escasos recursos.

Sin embargo, todas las acciones anteriores no han proveído una solución de fondo al problema del rezago, como se reconoce en algunos textos que documentan la carrera permanente sostenida entre la instalación de tribunales y su inmediata saturación, propiciada tanto por el creciente número de asuntos —principalmente amparos—, como por

el uso excesivo y a veces injustificado de recursos legales para prolongar artificialmente algunos juicios.viii Adicionalmente a los imponderables que dificultan la eficiente ctuación

jurisdiccional, ya comentados, puede añadirse el insuficiente respaldo presupuestal con que se cuenta. Visto lo persistente del problema, con objeto de encontrar opciones para solucionarlo, se plantea al foro nacional la redacción de una nueva Ley de Amparo en la cual los efectos de las sentencias se hagan extensivos, al tiempo que se restrinja el acceso al juicio, medida con la cual, más que lograr su satisfacción se limitará el derecho a la jurisdicción, sin duda un grave retroceso y que, por otra parte, aparentemente contradice la postura sostenida por la Suprema Corte en la época reciente de abrir —vía jurisprudencial— la procedencia del juicio de amparo en innumerables casos no contemplados por la ley de la materia, al considerar que cada vez deben quedar menos

supuestos al margen del control constitucional.

La creación de instancias alternas de resolución de controversias. La demora en la resolución de asuntos a cargo de los tribunales, la especificidad y dificultades técnicas de los juicios, y su alto costo, limitan enormemente la posibilidad de los gobernados de ejercitar plenamente sus derechos. Asimismo, en la medida en que la sociedad conoce mejor sus prerrogativas es más demandante de ellas, por tales motivos, fueron creadas

algunas instituciones especializadas en la protección y defensa ciudadana, como las procuradurías federales del Consumidor, Agraria, de Protección al Ambiente y de la Defensa del Trabajo; las procuradurías Social del Distrito Federal y de la Defensa del Menor, así como otras más de resolución de controversias sin facultades coercitivas, caso de las comisiones nacionales de Derechos Humanos, de Arbitraje Médico y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.ix Pero, a esta enorme lista de instancias procuradoras, o administradoras de justicia paralelas a los tribunales judiciales, también deben adicionarse los tribunales administrativos, tanto del ámbito federal como de las diversas entidades del país, surgidos a partir de 1917 y en proceso de expansión continua hasta la década pasada, creados con el fin de coadyuvar en tareas inherentes a la administración de justicia. Dentro de ellos destacan las juntas de Conciliación y Arbitraje y los tribunales federales de Justicia Fiscal y Administrativa, Electoral —en sus inicios— y el Agrario.

Si bien la Constitución otorga de manera original a los órganos jurisdiccionales dependientes del Poder Judicial la facultad de conocer y decidir tanto las controversias suscitadas entre los gobernados, como las generadas entre éstos y los integrantes del ente estatal, en la legislación mexicana se encuentran previstas otras instancias y procedimientos para su conocimiento y resolución:

_ El heterocompositivo ante tribunales administrativos, ajenos al Poder Judicial.

_ El heterocompositivo por medio de un árbitro: en amigable composición y de estricto derecho.

_ La mediación (solución con la intervención de un tercero sin carácter de juez o árbitro).

_ La autocomposición (solución sin la intervención de un tercero).

Lo ideal es el conocimiento por parte del Poder Judicial de los conflictos planteados entre particulares, y entre éstos y los órganos estaduales —mediante sus órganos especializados—, pero, en cuanto tal circunstancia no sea posible por las restricciones quela dificultan —mismas que fueron analizadas de manera no exhaustiva—, es trascendente la función complementaria desarrollada por los tribunales administrativos y las instancias de administración de justicia incidentales, unos y otras especializados por materia, porque compartimos la postura que expresa que, por ser el derecho a la justicia pronta y cumplida un valor supremo de la sociedad, su tutela, vigilancia y protección es tarea de todos y no sólo de un poder de la República.x

Así llegan a reconocerlo incluso integrantes del propio Poder Judicial, quienes sostienen que el servicio público de administración de justicia sufre deficiencias por múltiples razones, y los procesos a su cargo se demoran y complican a tal grado que no es posible obtener una sentencia y ejecutarla en un lapso razonable. Lo anterior propicia que sólo quien cuente con más recursos económicos pueda resistir la tramitación de un juicio, cuyo proceso produce cansancio y provoca desánimo por las excesivas instancias que pueden agotarse, circunstancia que deviene en gastos y en falta de credibilidad en la bondad

de las instituciones jurídicas, así como en el proceso judicial como forma de solución de conflictos.xi 

Nacimiento de formas diferentes de resolución de controversias. Frente a las vicisitudes jurisdiccionales apuntadas, surge la necesidad de incorporar en la legislación medios de solución de controversias más expeditos, sometiéndolos a la decisión de un árbitro, algunos inclusive forzosos. Como antecedente tenemos lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles expedido el 29 de agosto de 1932, el cual lo previno de este modo respecto de juicios ordinarios pendientes en la fecha de su entrada en vigor.

Procedimiento que en sus inicios fue sumamente cuestionado de inconstitucionalidad, sin embargo, su oposición no logró frenar su implantación en México y, así, de 1936 a 1939,

fue instituido obligatoriamente también en materia laboral por establecimiento y reglamentación legales.xii

Surgimiento del arbitraje potestativo. Al margen de la cuestión de constitucionalidad en torno a la instauración del arbitraje en la ley procesal, con posterioridad se inserta de manera optativa en la legislación mercantil, artículos 1051 y 1415 a 1463 del Código de Comercio; 135 y siguientes de la Ley General de Instituciones de Seguros; 117 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y en materia administrativa en los artículos 219 de la Ley Federal del Derecho de Autor, articulo 227 de la Ley de Propiedad Industrial, 4º, fracción V, del decreto presidencial que crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y 10, fracción IV, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,xiii por ser un procedimiento que representa una opción de resolución de controversias más rápido y menos costoso que el seguido ante tribunales.

Inclusive, a propósito de las ventajas que se encuentran en los mecanismos de justicia alternativa, se ha sostenido que, a diferencia del proceso seguido ante tribunales:xiv a) en aquellos se presta atención a los intereses de las partes en conflicto, y no solamente a

sus derechos y obligaciones, obteniendo con ello mayores beneficios; b) tienen impacto positivo en la relación futura de los contendientes, porque fomentan la transigencia, la tolerancia y la negociación ante la posibilidad de un futuro conflicto de intereses de carácter judicial; desaparece el juez como autoridad, lo cual desinhibe a las partes para poner en la mesa de las discusiones toda la información necesaria sobre los verdaderos intereses que subyacen en la litis;

c) el tercero imparcial que interviene suele ser un especialista en la materia objeto de la controversia;

d) sus procedimientos observan mayor flexibilidad, pues la solución de las diferencias tienden a ser negociadas, es decir, una de las partes no es enteramente dueña de la razón en perjuicio de la otra.

e) la celeridad y la escasez de formalismos;

f) la gratuidad de los procedimientos, al no requerirse del patrocinio privado de un profesional para una defensa adecuada de intereses en la mayoría de los casos, y

g) los breves tiempos de respuesta, notoriamente más reducidos que los observados en procedimientos seguidos ante tribunales.

Las instancias alternas de resolución de controversias fueron concebidas como medios potestativos al cual acuden las partes por decisión propia, respetándose en todo momento su libre voluntad de someterse o no al procedimiento, dado que no existe la posibilidad de coaccionarlas para llevarlo a cabo, por carecerse de imperatividad para tales efectos.

Los particulares, por su parte, pueden acordar y fijar las reglas que regirán el procedimiento, dado que los términos de lo controvertido no trasciende la esfera del interés privado. Más aún, aceptan renunciar a la impugnación de la resolución arbitral a través de recursos, con la finalidad de modificarlo o revocarlo.

Si bien las partes actúan bajo el principio de la autonomía de la voluntad, lo cual reconoce el propio Estado cuando permite excluir del conocimiento de los tribunales ciertos casos que no revisten interés público, derivándolos hacia los órganos incidentales de la función jurisdiccional, cuando las resoluciones de aquéllos pueden causar molestias a los particulares en su persona, bienes y derechos, deben firmarse por otro órgano jurisdiccional, pero éste dependiente del Poder Judicial, antes de realizarse los actos de privación, en observancia a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, lo cual se logra mediante la participación del juez civil ante quien se homologa el laudo arbitral con el fin de proceder a su ejecución.

Desventajas del procedimiento arbitral. Sin embargo, así como priva indefensión para los órganos estaduales o particulares frente a ciertos actos arbitrarios de los agentes jurisdiccionales, del mismo modo los particulares pueden quedar en estado de indefensión por virtud de actuaciones o resoluciones arbitrales ilegales, contrarias a disposiciones de orden público. Lo anterior, atentos a que el laudo arbitral es título que motiva ejecución; es decir, una resolución con atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, cuya efectividad y realización quedan solamente al arbitrio del juez competente designado

por las partes o al del lugar del juicio, quienes no pueden modificarlo, sólo proveer los medios procesales necesarios a fin de concretar lo resuelto, toda vez que el árbitro no cuenta con potestad o imperium, atributo inherente a los órganos del Estado para hacerlo cumplir coercitivamente (V. Arts. 631 y 632 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal), amén de las consecuencias privativas que puede acarrear.

Precisamente, por constituirse en cosa juzgada, el juez civil provee su ejecución, constatando la existencia y el dictado en materia susceptible de arbitrarse, atentos a que algunas se reservan al conocimiento de los tribunales en razón de su trascendencia para el interés público y social. Es decir, exceden por mucho el ámbito del simple interés particular.

Con el arbitraje el Estado delega su función jurisdiccional y transmite las facultades reservadas a ciertos órganos especializados —en cuanto al procedimiento de cognición hasta el dictado del laudo— para conocer y resolver asuntos en los cuales se dirimen intereses que sólo trascienden a particulares; por tanto, ese acto delegatorio previsto en la norma jurídica genera aptitud legal en favor de éstos, quienes pueden elegir el procedimiento y someterse a un árbitro con objeto de dirimir sus controversias, e implica que esa parte de la jurisdicción correspondiente a los tribunales del Estado es conferida al árbitro, y esa delegación se agota con el dictado del laudo, siendo devuelta sólo para obtener la ejecución ante la falta de cumplimiento voluntario. Como consecuencia, el laudo emitido vincula y obliga a las partes como si hubieran litigado ante un juez, puesto que el Estado está obligado a impartir justicia a los gobernados por disposición del artículo 17 constitucional, como se señaló y es de todos conocido, por lo cual resulta irrelevante la forma que adopte con objeto de cumplir con tal postulado. En consecuencia, si el propio Estado confiere a los árbitros atribuciones y competencia para el ejercicio de la función jurisdiccional, resulta incuestionable que fueron creados con la finalidad de satisfacer intereses de orden público, pero, no por ello, son de orden público los asuntos sometidos a su conocimiento, esa es la diferencia.

Por tales razones, si de un primer intento ciertos asuntos fueron excluidos del conocimiento de los tribunales por su escaso interés para el ente público, es una contradicción que una vez emitido el laudo arbitral que los resuelve, el mismo sea impugnable en la vía jurisdiccional como se pretende.

En forma invariable en el decurso del tiempo, los juzgados de distrito ante los cuales se impugnaron laudos arbitrales de órganos administrativos u organismos descentralizados

dependientes de la Administración Pública Federal habían resuelto improcedente la vía ejercitada. Igual acontecía con aquellos impugnados en amparo directo. Tal postura fue varias veces reiterada cuando los órganos jurisdiccionales consideraban que la emisión del

laudo constituía un acto de particulares, porque si bien se asimilaba a una sentencia jurisdiccional en la medida en que también resolvía un conflicto preexistente, desde su óptica se emitía sin contar con jurisdicción propia ni delegada del Estado, y sin satisfacer intereses públicos, dado que dichas resoluciones carecían de ejecución por parte del emisor, equiparándolos, como consecuencia, a actos de particulares.

Empero, hará escaso un mes, sufre un vuelco la interpretación prevaleciente, abriéndose la posibilidad de impugnar el laudo arbitral en amparo indirecto al considerar autoridad a la instancia emisora, variando la apreciación en el sentido de que el árbitro materialmente desarrolla la función jurisdiccional y, en la medida en que el laudo constituye un acto de privación, no puede quedar excluido del análisis constitucional.

Al reconocerse la función jurisdiccional del árbitro se difiere diametralmente la postura sostenida a lo largo de la Octava Época, cuando se le negaron facultades y competencia para dirimir controversias surgidas entre los propios gobernados o entre éstos y las distintas autoridades, al considerarlas bajo responsabilidad del Poder Judicial Federal o de los locales, criterio superado desde 1999.

De este modo, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito resuelve considerando autoridad —para efectos del amparo— al órgano emisor del laudo, porque éste, según su argumentación, proviene de un órgano del Estado, autoridad

jurisdiccional materialmente, y crea derechos y obligaciones por sí mismo; es decir, sin necesidad de acudir a su homologación ante un órgano del Poder Judicial, ni de la voluntad del afectado, puesto que las partes estipularon que sería obligatorio y tendría fuerza de cosa juzgada.

En sentido similar se ha resuelto tratándose de laudos emitidos por otra instancia incidental de resolución de controversias, la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual cuenta también con jurisdicción para administrar justicia según la ley de la materia. Tan grave es restar legitimidad a las instancias alternas de resolución de controversias y colocarlas al borde de la inconstitucionalidad, como lo es abrir indiscriminadamente la procedencia del juicio de amparo respecto de sus resoluciones, desnaturalizando sus efectos, lo cuales son, precisamente, resolver controversias sin necesidad de acudir a los tribunales.

Es cierto que el árbitro, al igual que el órgano jurisdiccional dependiente del Poder Judicial, dirime un conflicto preexistente al contar con jurisdicción delegada del Estado para el ejercicio de tal atribución —administrar justicia en breves plazos—, lo cual queda concretado cuando se suscribe el compromiso entre las partes y, posteriormente, se resuelve el conflicto. Luego, el árbitro decide un asunto específico. Lo decide jurídicamente. Dice el derecho: declara o condena. Realiza fines a cargo del ente estatal, es decir, un fin jurisdiccional y público. Y si bien el compromiso originalmente pactado es un acto voluntario, las partes suscriptoras quedan vinculadas ineludiblemente a los términos de lo resuelto, cuyas consecuencias pueden exigirse coercitivamente, bastando para ello el auxilio del órgano judicial.

Problemática de los organismos de resolución alternativa de controversias. Pero, los problemas no son potestativos de los tribunales, pese a las bondades de las instancias incidentales de administración de justicia, las mismas, a la fecha afrontan, además de los retos naturales de todo ente público para preservar su eficacia funcional en épocas de restricciones presupuestales severas, otras amenazas, las cuales las afectan y ponen en riesgo su viabilidad dentro de la administración pública en nuestro país. De considerarse procedente el juicio de amparo contra la resolución del árbitro se “judicializaría” el procedimiento en gran medida, aun y cuando quien fuere beneficiado no tuviese el menor interés en acudir ante el juez civil para obtener su ejecución, lo cual no es extraño: tratándose de las resoluciones condenatorias emitidas por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ocurre con frecuencia.

Pero más grave aún, se desnaturalizaría el procedimiento arbitral por completo, echando por tierra los múltiples beneficios ganados con su institución, ya relacionados, y se acentuaría el ya de por sí tortuoso laberinto jurisdiccional mexicano. Si como sabemos, acorde a lo dispuesto en el artículo 158, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, existe restricción inclusive para la impugnación en amparo de sentencias definitivas dictadas por tribunales civiles —atentos a la naturaleza de los asuntos controvertidos, los cuales, generalmente, afectan pretensiones patrimoniales de particulares—, con mayor razón no debe abrirse indiscriminadamente la procedencia al juicio de amparo respecto de resoluciones arbitrales, las cuales, suele suceder, ni siquiera cuentan con definitividad para

sus efectos. Compartir la posición expresada significa reconocer problemas adicionales para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones a cargo de las instancias alternas de resolución de controversias por medio del arbitraje. Por una parte, no cuentan con fuerza para hacer cumplir sus determinaciones; es más, algunas ni siquiera tienen la facultad de imponer medidas de apremio a los involucrados en probables responsabilidades aun y cuando se les nieguen elementos necesarios para realizar su labor, como si lo pueden hacer otros árbitros.

Pero por la otra, sí se les llega a reconocer el carácter de autoridad cuando se trata de dejar sin efecto sus resoluciones.

Pero, las comentadas no son los únicos desafíos que enfrenta el árbitro para preservar la eficacia de sus resoluciones, la práctica cotidiana nos ha demostrado que una vez desahogado el juicio arbitral, la relación de los contendientes suele afectarse al haber concurrido ante un procedimiento, que si bien no fue judicial, si llega a guardar similitudes con el proceso judicial, en especial tratándose del arbitraje de estricto derecho, y luego de mayor reflexión deciden no acatar lo resuelto en ése. Finalmente, pretender homologar el laudo con la finalidad de lograr su ejecución, también tiene su quid: el desconocimiento del proceso de homologación del laudo por parte de los órganos jurisdiccionales locales. Para ilustrar sólo un caso, al iniciar las gestiones de apoyo legal de la Conamed en beneficio de pacientes que no vieron satisfechas sus pretensiones al negarse el prestador del servicio médico a cumplir de manera voluntaria el laudo condenatorio, tres diversos tribunales del orden común han manifestado carecer de competencia. Uno de ellos sin más trámite desecho la vía intentada por desconocer el trámite intentado, seguramente era la primera solicitud de homologación que se le presentaba al novel juzgador.

Creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Conamed. Mediante

reformas al artículo 4º constitucional, en 1983, se incorpora una garantía social en favor de toda la población: el derecho a la protección de la salud. Como consecuencia, el gobierno de la República tiene el gran reto de brindar a todos los habitantes servicios de salud con altos estándares de calidad y la aplicación estricta de los principios de la bioética, que se traduzcan en el cabal cumplimiento de este derecho social. Para reforzar esta tarea pública, en el marco de la Reforma del Sector Salud, en 1996, mediante Decreto del Ejecutivo Federal, se crea la Conamed, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la misión de contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud por medio de la resolución de conflictos suscitados en la prestación de los servicios de salud cuando éstos inciden en la salud del paciente y mejorar la calidad de dichos servicios. Con ese propósito, se dotó a la institución de plena autonomía técnica para recibir quejas en contra de profesionales de la medicina e instituciones médicas y hospitalarias, públicas y privadas; investigar presuntas irregularidades o negativas en la prestación de los servicios; participar en la celebración de convenios y acuerdos entre los prestadores y los pacientes y sus familiares vigilando su debido cumplimiento; emitir laudos resolutorios dentro del procedimiento arbitral cuando las partes así lo soliciten, así como elaborar opiniones técnicas de oficio en casos de deficiencias en los servicios cuando se afecten intereses de la población en general, todo ello bajo los principios de imparcialidad, especialización y equidad.

Para el cumplimiento de su cometido le fueron asignadas las atribuciones siguientes:

a) Brindar asesoría e información a los pacientes, sus familiares, y prestadores de servicios

médicos, e intervenir a través de la mediación y la conciliación en la resolución de conflictos derivados de aquéllos.

b) Fungir como árbitro y emitir laudos.

c) Elaborar dictámenes y peritajes médicos a petición de los órganos y autoridades de procuración y administración de justicia.

d) Emitir opiniones técnicas.

e) Intervenir de oficio en cualquier gestión de interés general en materia de salubridad.

f) Asesorar a los gobiernos estatales para la constitución de instituciones análogas.

Por la naturaleza de dichas atribuciones —sin posibilidad de ejercer medidas coercitivas diversas a la publicidad de sus recomendaciones— más que el carácter de autoridad a la Conamed le fue conferido el status de Gestor de Calidad en materia de sal d.

Experiencia institucional. La institución ofrece a la población diversas alternativas

extrajudiciales para la atención y resolución de conflictos derivados de la práctica médica:

Información y asesoría, gestoría, conciliación, y arbitraje.

Todos los procedimientos buscan contribuir a la mejor calidad de los servicios médicos y tienen como característica común la de ser gratuitos, ágiles, expeditos y confidenciales, contando cada uno de ellos con términos predeterminados para su atención, los cuales oscilan desde 48 horas tratándose de conciliaciones inmediatas, 28 días en otro tipo de conciliaciones, y hasta un máximo de tres meses en los procedimientos arbitrales.

Información y Asesoría. Los asuntos se presentan al conocimiento institucional bajo cuatro modalidades:

1. Personalmente en sus instalaciones.

2. Telefónicamente, para lo cual se cuenta con servicio gratuito de larga distancia, mediante el cual se puede acceder a los servicios desde cualquier punto de la República mexicana.

3. Por correspondencia, a través del servicio postal con sobre porte pagado, el cual puede ser depositado en cualquiera de las oficinas o buzones del servicio postal nacional. 4. Por correo electrónico, vía internet.

No ha sido tarea fácil dar cauce a las inconformidades presentadas, ya que por su propia naturaleza devienen de un conflicto, en el cual, en muchas ocasiones, ya hubo una confrontación entre las partes. Esto obliga a que desde su recepción en los módulos de orientación y quejas, y después en las salas de consultoría, se sigan métodos de trabajo que aseguren ecuanimidad y racionalidad de los quejosos al narrar los hechos. Con posterioridad se analizan de manera acuciosa en sus dos componentes básicos, los motivos de origen y las pretensiones reclamadas, emitiendo los consultores una opinión con objeto de garantizar que no se generen falsas expectativas en el usuario. Cada asunto presentado de manera personal se atiende desde su inicio por un médico y un abogado, encargados de brindar información general sobre los derechos y las obligaciones de los pacientes y sus familiares y del prestador de los servicios de salud. De esta forma, algunos de ellos pueden ser resueltos mediante conciliación de manera inmediata. Otros más, a través de gestiones con los prestadores de los servicios, y los que no son solucionados por este medio se admiten como quejas, iniciándose su desahogo con la apertura de un expediente.

En los casos en que la queja es admitida, la actuación de la institución contribuye a lograr el esclarecimiento de los hechos acaecidos, adopta las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de evitar que prácticas y conductas anómalas se repitan. Posterga con ello la generación de una medicina defensiva tendiente a encarecer los servicios, basada más en la búsqueda de culpables que en la prevención y resolución de aquéllas, lo anterior sin detrimento de lograr compensaciones o indemnizaciones a favor de pacientes o usuarios cuando se haya ocasionado una afectación o menoscabo a la salud o integridad físicas. Si bien hay casos en los que los quejosos solicitan la revisión del acto médico con la finalidad de lograr la amonestación, sanción o castigo del profesional, técnico o auxiliar responsables, en la mayoría de las ocasiones acuden a la Conamed con la voluntad de conciliar la controversia.

Procedimiento. Una vez admitida una queja se integra un expediente y se analizan tanto la información como la documentación aportadas por los quejosos, a la cual se adiciona la de los representantes de las instituciones de salud públicas o privadas o los prestadores médicos en lo individual, con el propósito de contar con elementos suficientes para valorar el cumplimiento de las obligaciones del profesional o de la institución prestadora.

En cada caso, los servidores de la Conamed realizan una valoración integral del expediente de queja a fin de conducir con equidad el proceso de conciliación, así como para establecer en qué casos existieron deficiencias, en qué consistieron éstas, qué las propició, y cómo pueden ser evitadas en lo futuro.

En forma paralela, la información concentrada en el expediente de la queja es enviada al área de enlace de las instituciones prestadoras de servicios de salud, cuando se trata de servicios públicos, las cuales deben realizar su estudio y presentar propuestas de solución.

Una vez ejecutados los pasos anteriormente descritos, se convoca a una audiencia de conciliación en la cual se propone un arreglo y las partes expresan sus puntos de vista hasta encontrar un acuerdo justo, acorde al análisis y naturaleza de los hechos. Si llega a conciliarse la controversia en su aspecto civil es firmado el convenio correspondiente con la consecuente solución del conflicto y se turna con posterioridad al área responsable del seguimiento y verificación de compromisos para asegurar su debido cumplimiento. Una vez hecho esto último, se concluye la atención de la queja con el envío del expediente al archivo.

En los casos en que tanto la Conamed como el prestador del servicio coincidan en el análisis del caso, y el quejoso no acepte la conciliación propuesta, se dejan a salvo sus derechos para que acuda a otra instancia a dirimir su conflicto. El caso se cierra como noconciliado.

Si no se está de acuerdo con el análisis del prestador del servicio, tratándose de instituciones públicas, se elabora una opinión técnica solicitando a aquéllas la reconsideración en beneficio del paciente.

A través del procedimiento de conciliación se logra solucionar aproximadamente la mitad de los conflictos sometidos al conocimiento de la Conamed. De esta forma, del total de inconformidades admitidas como queja —9720— hasta el 31 de diciembre pasado, se han resuelto 9320 (95.88%), bajo los siguientes términos:

− 2163 (23.20%) mediante el procedimiento de conciliación inmediata.

− 3557 (38.16%) con la suscripción de un convenio conciliatorio.

− 113 se resolvieron con la emisión de un laudo arbitral.

− 3487 no fue posible conciliarlas, dejando a salvo los derechos del paciente o usuario para su ejercicio por las vías jurisdiccionales (ver Anexo).

Sólo en caso de no lograrse la conciliación de las pretensiones de los prestadores de servicios con los pacientes o con sus familiares se les propone el procedimiento de arbitraje, el cual puede realizarse siempre y cuando se cuente con la anuencia de ambas. Sin embargo, este último paso no se sigue si se trata de algunas instituciones de salud públicas, pues su reglamentación lo prohibe.

Puede advertirse que mediante el arbitraje se han resuelto tan solo 113 asuntos, lo  cuales representan el 1.21% del total de casos concluidos satisfactoriamente. Este procedimiento no se puede sustanciar en algunas instituciones de salud públicas, pues su reglamentación lo prohibe.

De las cifras relacionadas, puede advertirse que el arbitraje es la vía alterna de resolución extrajudicial menos utilizada por quienes acuden a la Conamed. Se recurre en mayor medida a otros procedimientos paralelos que han resultado de mayor efectividad, como es el caso de la gestión inmediata y de la conciliación, mismas que utilizadas de manera oportuna y con eficacia evitan mayores desavenencias entre las partes en conflicto, con el consiguiente ahorro en tiempo y recursos económicos.

Valor agregado de la intervención de la Institución. Pero, limitar la participación de la Conamed y su disponibilidad de recursos sólo a la resolución de conflictos derivados del acto médico encarecería en gran medida sus servicios. Por ello, en el instrumento de su creación, le fueron asignadas atribuciones diversas con la finalidad de elevar la calidad de los servicios de salud en el país.

Opiniones Técnicas. La Comisión emite opiniones técnicas, las cuales son ecomendaciones sobre aspectos médicos en lo particular o en lo general, donde se actúa plenamente con carácter de Gestor de Calidad en materia de salud a fin de contribuir a mejorar la calidad de la atención médica brindada en instituciones hospitalarias públicas y privadas del país y en la solución de problemas de salubridad general. Estos pronunciamientos son dirigidos a los profesionistas de la especialidad, a sus agrupaciones académicas y profesionales e instituciones de salud y educativas, así como a las autoridades sanitarias y judiciales. Hasta esta fecha han sido enviadas 33. La mayor parte de los destinatarios aceptan su intención y propósito. En éstas se les hacen notar deficiencias, carencias y fallas humanas detectadas en los servicios brindados, las cuales son acogidas como elemento de orientación que permiten delinear acciones y desarrollar programas correctivos.

Por ejemplo, se emitió una con la finalidad de mejorar la integración del expediente clínico en acatamiento a la norma oficial mexicana reguladora. Al respecto, las autoridades de las instituciones de seguridad social públicas emprendieron acciones de revisión de expedientes en sus unidades médicas y realizaron sesiones-talleres y otras actividades para corregir las deficiencias.

A partir de las opiniones técnicas también se ha puesto énfasis en la importancia de que el personal de salud describa las acciones realizadas para atender las enfermedades de sus pacientes, su justificación y resultados, así como el derecho de los usuarios de los servicios de salud para que se incorpore en el expediente el consentimiento informado relativo a su internamiento, cirugía u otros procedimientos cuando entrañen riesgo para la vida. Además, se expusieron medidas para verificar que el personal médico y paramédico esté debidamente capacitado a través de acciones efectuadas por comités o grupos especializados en evaluación de la calidad de los servicios médicos, y se establezcan programas de supervisión continua en las unidades médicas y hospitalarias. Paralelamente se han instrumentado acciones académicas a fin de asegurar que los procedimientos médico y quirúrgico en dichas instituciones sean ejecutados eficazmente, con énfasis en la valoración completa y profesional de los pacientes en los servicios de urgencias, incluyendo los estudios necesarios para descartar padecimientos de gravedad. En otras ocasiones, se propuso diseñar sistemas administrativos de supervisión adecuados y permanentes por parte de las autoridades hospitalarias con objeto de garantizar la absoluta escrupulosidad y manejo de sustancias peligrosas, a fin de que su utilización sea bajo estrictos márgenes de seguridad, además de resaltar la importancia del adecuado control, selección y capacitación del personal de apoyo, no sólo de los equipos médicos y de enfermería, pues, una supervisión errónea del mismo —calificada como negligencia administrativa— puede llegar a costar más vidas que una negligencia médica.

Todas han sido medio eficaz con el cual la Conamed ha contribuido a mejorar la calidad de la atención médica brindada en las instituciones hospitalarias públicas o de manera privada.

Dictámenes periciales. A lo largo de sus cinco años de creación, en forma paralela a la atención de las inconformidades y a la emisión de opiniones técnicas, también ha coadyuvado con los órganos internos de control de las instituciones públicas y con las instancias de procuración y administración de justicia en el desarrollo de procedimientos y procesos ventilados ante ellos, los cuales cuentan con el auxilio de un organismo profesional e imparcial altamente calificado para la elaboración de opiniones, dictámenes y peritajes necesarios con el fin de resolver la situación legal o administrativa de prestadores de servicios involucrados en probables responsabilidades derivadas del acto médico, en sus diversas manifestaciones y modalidades.

A solicitud de dichas instituciones públicas se han elaborado 1869 dictámenes periciales, de los cuales el 49.80% corresponden a instancias de procuración e impartición de justicia y el restante 50.20%, a peticiones de órganos de control interno.

Obstáculos enfrentados durante su gestión. Si bien lo logrado hasta esta fecha ha permitido a la institución alcanzar un posicionamiento favorable en los medios social y médico mexicanos —prestadores de los servicios y población usuaria— “no todo ha sido miel sobre hojuelas”, grandes resistencias han debido vencerse en sus años de gestión. En un inicio, el principal problema enfrentado fue la renuencia del gremio médico a considerar a la institución como interlocutora responsable de valorar sus procedimientos, negándose, en no pocas ocasiones, a acudir a sus instalaciones, por juzgarla, las más de las veces, una instancia de procuración de justicia más.

Otro, fue pretender desconocer la constitucionalidad de su instrumento de creación, en virtud de tratarse de un decreto del Ejecutivo Federal y coexistir con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada por ley del Congreso General, instancia hasta esa fecha responsable de atender las deficiencias en los servicios médicos, pero con competencia limitada al no poder intervenir en los casos de prestadores de servicios privados, la cual, de igual forma, ofreció resistencias a su actuación.

También se adujo, en total desconocimiento de las atribuciones de la Conamed, que ésta violaba el principio de igualdad jurídica de los hombres ante la ley, al “juzgar” sólo a los prestadores de servicios y no a los usuarios. O bien, que las partes quedaban imposibilitadas para ocurrir ante un tribunal una vez agotados sus procedimientos, cuando sabemos que el derecho a querellarse es irrenunciable. El fallo pronunciado en el laudo sólo tiene como efecto determinar el monto de la indemnización —la reparación del daño—, sin perjuicio de que la querella continúe respecto de la probable conducta criminal. Otro problema enfrentado de inicio fue la carencia de profesionales de la medicina que auxiliaran en la elaboración de dictámenes médico-periciales. Lo anterior dificultó contar con especialistas suficientes para atender las cargas de trabajo de la institución, por ello se consideró conveniente guardar la confidencialidad de los autores de los estudios que sustentaran las opiniones, dictámenes y peritajes emitidos, los cuales son valorados de manera colectiva y rubricados por los presidentes de las Salas de Arbitraje de la Conamed. Esta confidencialidad preservar la imparcialidad de quien realiza el estudio del caso.

A manera de conclusión. Es importante subrayar la relevancia de la Conamed como instancia conciliatoria y su tarea de coadyuvancia en la administración de justicia a un sector de la población con demandas sociales tan sentidas, derivada en gran medida del apego a los conceptos de calidad y bioética aceptados universalmente en el marco legal vigente, los cuales establecen que el servicio médico debe otorgars  siempre con la pretensión de proteger íntegramente al paciente proporcionándole los mayores beneficios posibles, pero considerando también que cada caso está sujeto a factores diversos que determinan los resultados de la atención. Los procedimientos de mediación, conciliación y arbitraje realizados día con día constituyen una alternativa extrajudicial válida para la resolución de los conflictos que lleguen a acaecer, con claras ventajas sobre los juicios ordinarios. Por las consideraciones vertidas, se consideró de suma importancia participar en una conferencia regional donde se buscan alternativas para enfrentar la demanda creciente de servicios judiciales, la cual centra su atención en el diseño de políticas públicas con la finalidad de mejorar su oferta y distribución, en la cual se nos permite participar exponiendo nuestra experiencia en la materia, porque es un hecho innegable que si la búsqueda de alternativas para limitar el cúmulo de asuntos que arriban a los órganos tradicionales de administración de justicia y su resolución en términos más breves, estuviera sólo en manos de los integrantes de los poderes judiciales, seguramente no hubiera sido necesario celebrar esta reunión.

Este es momento oportuno para proyectar alternativas no sólo con el fin de mejorar la oferta y distribución de servicios judiciales, sino para plantear algunas otras de fondo que pueden resultar de mayor efectividad, aquellas que permitan evitar que cada día arriben más asuntos a los órganos jurisdiccionales. Es decir, averiguar las causas y atacarlas de raíz, más que encarar sus consecuencias. Con esa finalidad es necesario formularnos algunas preguntas y buscar respuestas adecuadas: ¿Cuál es el futuro de las instituciones de resolución alterna de controversias en nuestro país?, ¿pueden colaborar decididamente en la

solución de la problemática planteada?, ¿son instancias viables para modernizar la administración de justicia? ¿qué fortalezas y oportunidades de desarrollo tienen en nuestro ámbito jurídico? ¿qué hay que hacer para su desarrollo?

Las anteriores son sólo algunas que tal vez pueda contestarse en el presente evento. Respecto de otras es posible, si no contestarlas, sí plantear algunos escenarios posibles.

Aunque resulte insólito, la principal amenaza para las instancias alternas de resolución de controversias deviene —precisamente— del propio Poder Judicial de la Federación, a cuyos órganos se pretende auxiliar contribuyendo a evitarles grandes cargas de trabajo —así se expresa la exposición de motivos del Decreto que creo la Conamed. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera al árbitro autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la resolución a sendas contradicciones actualmente planteadas a su conocimiento, las cuales involucran actuaciones de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y de la Procuraduría Federal del Consumidor, seguramente se verá entorpecida su labor.

Por otra parte, los titulares de los órganos de administración de justicia federales suelen presionar la diaria actividad de la institución solicitándole peritos, de los cuales carece dentro de su estructura administrativa y tampoco contar con listas de ellos de las cuales pueda echar mano, ya que quienes auxilian en tal tarea lo hacen previa contratación como asesores externos y en gabinete, lo cual propicia que constantemente le sean impuestas multas por no atender la diversidad de procedimientos instaurados en forma simultánea en toda la República.

En otras ocasiones, cuando ya obra en el expediente judicial un dictamen elaborado por la Conamed y aportado dentro de sus procedimientos administrativos internos o a solicitud del órgano de procuración de justicia, el cual lo integra al expediente necesario para efectuar la consignación ante el juez de la causa, se conmina a sus servidores para presentarse al juicio con el fin de protestar un cargo de perito persona-física, ratificar y defender un supuesto peritaje, bajo amenaza de multa y de tener por manifiesto el desinterés en el desahogo de la probanza; ésta última amenaza formulada como si la Conamed fuera parte en el procedimiento o tuviera especial interés en que el juicio —que le es ajeno, jurídicamente hablando— fuera resuelto de una u otra forma, y en franca oposición con un dictamen rendido con carácter institucional que no reúne requisitos procedimentales de prueba pericial prescritos en los códigos penales adjetivos.

Por la misión que tiene encomendada la Conamed subsiste el interés en cooperar en los procedimientos administrativos o jurisdiccionales en los cuales se involucre un prestador de servicios médicos, para que conductas u omisiones vinculadas con su ejercicio, en las cuales resulten daños a la salud de cualesquier habitante, no queden sin el debido análisis, sólo así podrán corregirse fallas y mejorarse la calidad de la atención médica brindada. De igual forma, está interesada en deslindar responsabilidades relativas al acto médico, brindando el auxilio necesario a los profesionales injustamente acusados de mala

práctica, pues se comprende la necesidad de que quienes enfrenten una problemática de este tipo sean valorados en los actos propios del ejercicio de la medicina por sus pares, y desde una institución con altos niveles de especialización e imparcialidad.

Respecto de las fortalezas y oportunidades que se avizoran para la institución, vale comentar que desde la instauración del modelo Conamed de resolución de controversias, el mismo ha tenido un efecto replicador en el ámbito nacional. Desde su creación ha apoyado la instalación de instituciones análogas en 17 estados de la República, mismas que coadyuvan en la atención de inconformidades vinculadas con el acto médico, cuando se trata de probables responsabilidades de prestadores de servicios estatales y particulares, quedando bajo la competencia de la Conamed sólo el conocimiento y resolución de actos de prestadores de instituciones federales.

Pero no sólo nacionalmente se han realizado esfuerzos con resultados favorables, también en lugares del extranjero se ha compartido nuestra experiencia en la materia, caso del país Vasco, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Asimismo, otros países del Mercado Común del Sur —Mercosur— han manifestado su interés en el modelo de resolución de controversias, dada su efectividad. Por todo lo expuesto, la Conamed poco a poco ha avanzado en lograr reconocimiento y posicionamiento social como instancia alterna de resolución de controversias entre prestadores de servicios médicos y los pacientes y sus familiares, con base en un trabajo imparcial, ágil, expedito, confidencial y gratuito, aunado a una actitud institucional seria, al tiempo que colabora en una de las principales tareas a cargo del ente gubernamental, brindar servicios de salud a toda la población bajo estándares de calidad.

En esta época en la cual se esbozan e implementan de manera constante acciones y estrategias para el futuro, no nos detengamos en plantear aquéllas que brinden sólo resultados parciales y temporales, atrevámonos con visiones a largo plazo pero resolutivas, aun y cuando inicialmente nos parezcan utópicas.xv

i López Ramos, Neófito, Memoria del V Simposio Internacional Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación médico-paciente, México, Conamed, 1999.

ii Salgado Ledesma, Eréndira, “Una fisonomía nueva para un poder añoso”, en Revista Lex, 3ª época, Nums. 56-57.

iii Diario Oficial de la Federación, diciembre 29 de 1994.

iv Azuela, Mariano, “La SCJN pinta su raya; fija reglas para escoger los casos a resolver”, en el Financiero, México, 23 de junio de 1999.

v Poder Judicial de la Federación, Informe de labores 1999, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1999.

vi Ibíd.

vii Jiménez, Norma, Brindará SCJN mayor calidad con la redistribución de competencias; deja de recibir mil casos al año, El Universal, México, 24 de junio de 1999.

viii Poder Judicial de la Federación, Cinco años del Consejo de la Judicatura Federal, México, febrero de 2000.

ix Salgado Ledesma, Eréndira, “Los derechos humanos y el Poder Judicial de la Federación, una relación de tiempo”, en Revista Lex, 3ª época, año VI, No. 67.

x Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes, 1998-1999, Memorias primer congreso, en Revista latinoamericana de derecho médico y medicina legal, Costa Rica, Asociación de Derecho Médico, 2000.

xi En Memoria del V Simposio Internacional Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación médico-paciente, México, Conamed, 1999.

xii Briseño Sierra, Ernesto, El arbitraje en el derecho privado, México, UNAM, Instituto de Derecho Comparado, 1963.

xiii Publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 3 de junio de 1996 y 18 de enero de 1999, respectivamente.

xiv González Alcántara Carrancá, Juan Luis, Memoria del V Simposio Internacional Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación médico-paciente, México, Conamed, 1999.

xv Parafraseando una idea de Josef Thesing, Globalización, Europa y el siglo XXI, en Boletín Ocasional, México Fundación Konrad Adenauer, A.C., 1998.