La Prisión de máxima seguridad en México PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Ivonne Colín Mejía   


LA PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD EN MÉXICO

(SU ORIGEN)

 

Ivonne COLÍN MEJÍA[1]

 

SUMARIO: I. Nota Introductoria. II. Prisión. III. Aplicación de la Pena de prisión en México IV. Prisión federal de máxima seguridad.

 

I. NOTA INTRODUCTORIA

 

El presente trabajo desarrolla el concepto de prisión, cómo es entendida por el discurso jurídico mexicano y como la concibe el francés Michel Foucault, conceptos que dan la pauta para comprender mejor a la privación legal de la libertad y de esta forma analizar a la prisión de máxima seguridad; primero en su connotación simple, y cómo esta figura internacional, se introduce dentro de la ideología de la sociedad mexicana, cuál es la justificación que brinda el grupo en el poder, en este caso el gobierno mexicano para introducirla en el sistema penal mexicano; de igual forma, se describe en este trabajo el origen de la prisión de máxima seguridad en México así como aplicación latente y declarada por el gobierno mexicano.


II. PRISIÓN

 

El Derecho penal es la más drástica reacción del Estado, sobre todo en lo que se refiere a la pena privativa de libertad, la cual, además de afectar [justificadamente] uno de los bienes más preciados del hombre, suele dejar secuelas imborrables. Por ende, su empleo debe someterse a pautas rigurosas. Se trata de un imperativo de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La prisión es considerada en la actualidad como el máximo control social impuesto por el Estado. [2]

La política penitenciaria es, sin duda, una de las políticas de los Estados modernos más proclives a ser ejecutada de forma violenta, tratándose de una actividad mediante la cual, contra la voluntad de los afectados, se les obliga a estar recluidos en cumplimiento de una decisión jurisdiccional que les impide hacer libre uso de sus libertades de movimiento.[3]

La prisión es una «detención legal», desde el punto de vista de Foucault es: una empresa creada con el objeto de corregir a los individuos y que hace funcionar los sistemas legales en donde debe existir una separación de los delincuentes con un alto perfil criminal del delincuente común. [4]

Si se toma en cuenta el pensamiento de Foucault, en México a final de la década de los ochenta y principio de los noventa el sistema penitenciario mexicano empezó a concebir la idea de una cárcel de máxima seguridad para los delincuentes con un alto perfil criminal, y de esta forma poder separarlos, del delincuente común.

 

 

A. La prisión de acuerdo al pensamiento de Foucault

 

 

Para Foucault, la prisión es la aplicación de la privación de la libertad junto con el castigo que encierra; tiene como fin: el secuestro institucional que busca evitar futuras recaídas en el delito, es entonces, la prisión la pena impuesta de carácter corporal al responsable que violó la norma penal de carácter general, que causa una afectación directa del cuerpo del delincuente, además de ser rudimentaria y dolorosa.[5]

La prisión impuesta como castigo al delincuente, fue instituida durante el siglo XIX, pues antes, sólo se utilizaba para retener a los prisioneros que estaban a la espera de ser condenados; Foucault menciona los grandes recintos o la nave de los locos como ejemplos particulares de privación de libertad anteriores a la época moderna.

Contrariamente a la condena que establece una pena de prisión relativa a la falta cometida, las prisiones de la época servían como un medio de exclusión para toda clase de personas marginadas por la sociedad, como las prostitutas, enfermos, vagabundos, delincuentes, entre otros; todos eran encarcelados, lejos de la mirada de una sociedad.

Para Foucault, la prisión no es aquella que todo el mundo concibe con barrotes y muros, para él, la prisión, es aquella ideología que imponen los grupos de poder, a sectores dominados y para controlar sus conciencias, y así poder transformarlos, para que pueda existir una manipulación y los grupos de poder sigan conservando su hegemonía.[6]

Desde el punto de vista de Foucault, la elección de la prisión se debió a un defecto, en una época en la que el mayor problema era castigar al delincuente. Entonces, la privación de libertad se revelaba como la técnica coercitiva más adecuada y menos atroz que la tortura.

La prisión es menos reciente de lo que se dice cuando se le hace nacer con los nuevos códigos; se constituye en el exterior del aparato judicial, a través de todo el cuerpo social, los procedimientos para repartir a los individuos, fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificarlos, obtener de ellos el máximo tiempo, fuerzas, de educar su cuerpo y modificar su comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas.[7]

Las prisiones, por lo común, son instituciones autorizadas por los gobiernos, y forman parte del sistema de justicia de los países. También pueden ser instalaciones en las que se encarcele a los prisioneros de guerra. La pena de prisión como retribución y castigo requiere de lugares, construcciones y edificios que garanticen la readaptación.

 

B. La prisión de acuerdo al discurso jurídico mexicano

 

La palabra prisión deriva de la locución latina prehesio–onis que significa detención por la fuerza o impuesta en contra de la voluntad. Es el sitio donde se encierra y aseguran a los presos. La Constitución mexicana, en su artículo 18 párrafo primero, establece la procedencia de la pena de prisión, que no es otra cosa que la limitación física y corporal que tendrá el delincuente para trasladarse de un lugar a otro.

El discurso jurídico se convierte en ideología con el tiempo y es aplicada por los grupos de poder, por eso tanto; la legislación penal federal, como la de los estados e incluso la castrense, han definido a la prisión como:

 

Legislación

Artículo

Contenido

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(5 de febrero de 1917)

18

Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva.

Código Penal Federal

(14 de agosto de 1931)

25

Prisión es […] La privación de la libertad corporal […]

Código Penal del Estado de México

(3 de septiembre de 1999)

23

La prisión consiste en la privación de la libertad […]

Código de Justicia Militar

(29 de junio de 2005)

128

La prisión consiste en la privación de la libertad […]


 

Cuadro comparativo 1.a (Elaborado por Colín Mejía, Ivonne)

 

La implantación del discurso jurídico en México crea en la conciencia colectiva, la ideología que puede el gobierno quitarte tu libertad, sí, cometes o incumples con la norma impuesta, por lo tanto, ese castigo para el desviado será de carácter aflictivo, pues va de por medio la pérdida de la libertad personal del individuo que es el mayor valor que puede tener todo individuo.

Entonces de acuerdo a los anteriores preceptos juridicos, en México se legitima la aplicación de la pena de prisión como medio correctivo para el individuo que ha violado una norma de tipo penal y con ello el individuo deja de ser libre, para ser encerrado en una cárcel.

La privación legal de libertad de forma preventiva, hasta antes de las reformas al artículo 19 constitucional del 18 de junio del 2008, era una consecuencia jurídica del auto de formal prisión, por el cual se mantenía al procesado recluido hasta en tanto se le dictara una sentencia condenatoria resultante en pena de prisión o libertad, además de que se le consideraba probable responsable de la comisión de un delito; después de la reforma de junio del 2008, se designa como: sujeto a vinculación a proceso y se le considera inocente hasta en tanto no se le demuestre lo contrario y sólo hay prisión preventiva cuando:

a) Exista un auto de vinculación a proceso;

b) Cuando El Ministerio Público lo solicite al Juez y existan otras medidas cautelares pero no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad;

c) Si el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso;

d) De forma oficiosa dictada por el Juez, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud; y,

e) Cuando el juez instructor revoque la libertad de los individuos vinculados al proceso, en los casos y con las condiciones que la ley determine.

 

La prisión punitiva: es aquella destinada para la extinción de la pena de prisión aplicada sólo a los individuos que sean declarados culpables por delitos que merezcan pena privativa de libertad. En la legislación mexicana, existe tanto la prisión preventiva como la prisión punitiva y en ambos casos, la consecuencia es la privación legal de la libertad.

 

En ambos casos implica que existe un sector de la sociedad, que es, encerrado en una institución, excluida del resto de la sociedad, con el fin de reeducarla y que vuelva ser controlada por los grupos de poder.

 

Como consecuencia de la reforma de 18 de junio del 2008 se legítima además que los individuos que pertenezcan a la delincuencia organizada además quedaran excluidos y neutralizados del resto de la sociedad, pues la neutralización implica además la negación de su calidad de persona y se les retira uno de los atributos que la ideología imperante a señalado para darle la calidad de persona consistente en la perdida de su patrimonio.

 

III. APLICACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN EN MÉXICO

 

La actitud hacia el delincuente es un ejemplo de cómo las concepciones aceptadas sobre fenómenos sociales se transforman en el tiempo, toda comunidad genera su criminalidad, la actitud social hacia el delincuente varía tal y como ha cambiado su actitud hacia el enfermo mental, el reclamo de toda sociedad de sancionar al delincuente es generalizado, por ello uno de los fines de una prisión es hacer sufrir al delincuente una expiación correspondiente a la gravedad de su delito; poniéndole lejos de la sociedad, la prisión protege y defiende a la sociedad de los delincuentes.

En teoría, los sistemas penales deben tener exactamente el mismo objeto que tiene la educación de los infantes en la escuela y en la familia; prepara al individuo para vivir en sociedad, los sistemas penales no son sistemas de venganza, sino son sistemas de adaptación de los individuos que están fuera de una sociedad controlada por normas morales, sociales, jurídicas, religiosas, etc.[11]

En México, el ejecutivo federal es el encargado de sancionar al infractor de la norma penal, y es él quien aplica la sanción impuesta por el juez al delincuente.[12] Los procedimientos para la corrección, educación y adaptación del criminal se deben basar en la separación de los delincuentes que demuestren tendencias criminales, sobre la base de la gravedad en la comisión de los delitos y motivos que se conozcan en los procesos; además de las condiciones personales del delincuente y así buscar su resocialización a través de la individualización de su tratamiento.[13]

Esta facultad que actualmente tiene el ejecutivo federal, de poder aplicar las penas al delincuente es una consecuencia directa de la reforma en materia penitenciaria, realizada al artículo 18 constitucional (1965) donde se estableció la unidad penitenciaria del país, creando las bases para la readaptación social del delincuente.[14] En virtud de esta reforma se establecieron los siguientes principios en materia penitenciaria:

a) La individualización y progresividad del tratamiento;

b) El carácter técnico e interdisciplinario del tratamiento;

c) La diferenciación de los periodos de diagnóstico y tratamiento en clasificación;

d) Las diferentes modalidades del tratamiento de pre liberación;

e) La creación del consejo técnico interdisciplinario;

f) El tratamiento y la educación como elementos sustantivos;

g) La coordinación entre los estados y la federación.

La consecuencia material de dicha reforma fue el programa de construcción penitenciaria, que contempló la construcción de centros de reclusión en el Distrito Federal, Michoacán, Durango, Culiacán, Sonora, Aguascalientes, Villahermosa, Pachuca, Tehuantepec, Sinaloa, La Paz, Chetumal, Saltillo así como el desarrollo de nuevas obras en la colonia federal de Islas Marías.

 

IV. PRISIÓN FEDERAL DE MÁXIMA SEGURIDAD

 

Una prisión federal, es aquella que depende exclusivamente del control de la federación. En el caso mexicano el artículo primero del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 1991 reguló por primera vez el establecimiento de los centros federales en el país.[15]

Una prisión federal es aquel recinto administrado por la federación, en el cuál no sólo deberán estar recluidos los delincuentes del fuero federal, sino también, y atendiendo al pacto federal suscritos por los estados, serán encarcelados internos comunes que atendiendo a las circunstancias del caso deben estar recluidos en cárceles federales, demostrando con su aplicación, el discurso de poder del Estado organizado y debidamente legitimado.[16]

Las prisiones de máxima seguridad fueron creadas como excusa de la lucha al crimen organizado y el terrorismo, surgiendo en Europa, Estados Unidos y en América Latina, el proyecto carcelario denominado cárceles de máxima seguridad, negando con ello las teorías de la prevención especial negativa, que buscan la neutralización, la incapacitación del interno y la consolidación del excluyentismo dentro del Derecho penal[17]

En opinión de Zaffaroni, la creación de las cárceles de máxima seguridad en Latinoamérica obedeció a una situación coyuntural; el tráfico de estupefacientes.[18]

La creación de las cárceles de máxima seguridad en México fue la respuesta del gobierno mexicano, a la violencia que imperaba en la década de los años ochenta, y en opinión de Juan Pablo De Tavira,[19] al aumento de la delincuencia organizada derivada de las luchas de poder entre los cárteles de la droga mexicanos, por tener el control de la distribución y venta de droga; después de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo; lucha que aún continua entre el Cartel de Golfo-Tijuana con el Cártel de Juárez.[20]

 

A. Centros Federales de Máxima Seguridad, en México

 

A finales del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, las prisiones mexicanas sufrían un gran deterioro, en la mayoría de ellas había sobrepoblación, autogobierno, corrupción, falta de personal, directivos improvisados, privilegios inconcebibles para internos con poder económico,[21] fugas, excesiva violencia y el surgimiento de una delincuencia organizada dedicada al narcotráfico, originando un incremento en los delitos federales; esto hizo que en México, la idea de una prisión de máxima seguridad, surgiera en 1987 a partir de las acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito (1985-1988).

Su fin era hacer cumplir las penas privativas de libertad a internos considerados de alta peligrosidad, en un régimen de máxima seguridad y estricto apego a la legislación vigente, brindar reclusión preventiva con las mismas características a personas sujetas a procesos judiciales acusadas de delitos considerados graves y con un alto perfil criminológico; pues con la creación de dicho plan, se derivó la construcción de módulos de alta seguridad dentro de los diferentes reclusorios del país.

De la Madrid aprobó (1988) la creación de los Centros Federales de Readaptación Social; con el Plan Nacional de Prevención Nacional del Delito, se organizóel Sistema Nacional Penitenciario, a través de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social; que en colaboración con los gobiernos de los estados a través de las Direcciones de Prevención y Readaptación Social, suscribieron convenios de colaboración, en materia de ejecución y tratamiento de las sanciones impuestas por las autoridades judiciales a la población interna del fuero federal y en materia de tratamiento de los menores, avanzando en tres líneas: la prevención de conductas antisociales y delictivas; la readaptación de los adultos delincuentes y menores infractores y la reincorporación a la sociedad de los presos.

Aprobado el proyecto en 1988, Miguel de la Madrid decide materializarlo a través de la creación de los centros federales, y solicita a los gobiernos de los estados su colaboración y la donación de los terrenos correspondientes. El estado de México entrega 15 hectáreas, en el municipio de Almoloya de Juárez, a diez kilómetros del Centro de Readaptación Social Estatal; el gobierno de Jalisco dona unos terrenos aledaños al complejo penitenciario de Puente Grande; este proyecto se concluyó hasta la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari; en 1991 se inaugura y entra en funciones el primer centro penitenciario de máxima seguridad, en Almoloya de Juárez, estado de México, al que según planes de la Secretaría de Gobernación, deberían seguir cinco penales más, en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco y Veracruz.[22]

 

A.1. Surgimiento de las Prisiones Federales de Máxima Seguridad en México

 

A finales de la década de los setenta y principios de los ochentala sobrepoblación penitenciaria, y el aumento de los delitos intramuros, rebasó el modelo penitenciario mexicano que fuera implantado, en los años sesentas derivado de las reformas al artículo 18 constitucional: Por tal motivo, en el Plan Nacional de Seguridad (1983-1988) en su rubro de Política Nacional Penitenciaria se pone de manifiesto el crecimiento de la población de baja o media peligrosidad, que requiere aún hoy una respuesta favorable para su tratamiento individualizado de reintegración a la sociedad, así como la creciente población de internos de alta peligrosidad, requerían de medidas urgentes para garantizar su efectiva custodia y la seguridad de la sociedad. Entre estas medidas se contempló la emisión de sentencias severas en contra de los delincuentes que proviniera de organizaciones delictivas, así como su internamiento en cárceles de máxima seguridad y para el caso de los delincuentes primarios y de baja peligrosidad, la aplicación de sustitutivos penales.[23]

El Programa Nacional de Prevención del Delito de 1987, conjuntó los esfuerzos de los órganos de procuración de justicia, seguridad pública y de ejecución de sentencias para promover mejoras al sistema nacional penitenciario y tutelar; a través de políticas y líneas de acción integrándolas en cinco grupos denominados:

a) Política y acciones de modernización y fortalecimiento de la ejecución de sentencias;

b) Política y acciones de coordinación con las áreas responsables de la procuración y administración de justicia;

c) Política y acciones de construcción penitenciaria;

d) Política y acciones de producción y autosuficiencia penitenciaria y,

e) Política y acciones de seguridad penitenciaria.[24]

Como resultado de esta política penitenciaria, se estableció que la ejecución de las sentencias permitiera la externación de sentenciados que ya no representen peligro para la sociedad; de igual forma, para los internos de baja peligrosidad para quienes la reclusión no contribuye a su proceso de readaptación ni a la seguridad colectiva; se estableció una diferencia en el tipo de establecimientos de reclusión para cada tipo de población de baja peligrosidad y para la población que es calificada de alta peligrosidad la necesidad de contar con instalaciones que limitaran y controlaran las comunicaciones al exterior, reforzando todas las medidas y procedimientos de seguridad.

Por lo que hace al apartado de política y acciones de seguridad penitenciaria del Plan Nacional de Prevención del Delito de 1987 lo que interesa realmente a este proyecto de investigación, es lo relativo a su dictamen de la seguridad del sistema de justicia penal que se vio vulnerado por los cambios cualitativos en los delincuentes de alta peligrosidad, quienes aún hoy pueden disponer de grandes recursos económicos, con un alto potencial para organizar estructuras informales al interior de un penal, para lo cual uno de los mayores aportes del plan en comento al sistema penitenciario nacional que actualmente prevalece, fue el establecimiento dela separación de los internos de alta peligrosidad del resto de la población ubicándolos en módulos de alta seguridad para evitar que mantengan contacto o conexiones directas con el exterior, o manejen recursos al interior del penal. [25]

En ese orden de ideas por lo que respecta al tratamiento y cuidado a los internos de alta peligrosidad se planeó y ejecutó su desincorporación del resto de la población penitenciaria, y se programóla construcción de diez módulos de alta seguridad en nueve estados de la República, dando como resultado que en dicha época el total de internos de alta peligrosidad ascendía a un total de novecientos sesenta. De igual forma se empezó con la elaboración de una base de datos con información de los internos a nivel nacional, conocida actualmente como el sistema de información penitenciaria o por sus siglas SIP, con lo cual se facilita el manejo de información e identificación de cada interno en todo el país. [26]

La continuación del Programa Nacional de Prevención del Delito, impulsado por Miguel de la Madrid, fue durante el sexenio Salinista, a través del Programa Penitenciario Nacional (1991-1994) en el cual en materia de seguridad penitenciaria se estableció que las condiciones de seguridad del sistema penitenciario eran una exigencia social indudable, ya que la pena privativa de libertad tiene como propósitos el de readaptar al infractor de la ley, para proteger a la sociedad y evitar que la delincuencia, afecte el Estado de Derecho, la estructura social y la seguridad pública.[27]

Derivado de la crisis carcelaria que sufría y sufre actualmente el país desde finales de la década de los setenta y agudizada en los ochenta, muchos centros penitenciarios del país se vieron debilitados como consecuencia de la mezcla de delincuentes, sin diferenciar su grado de peligrosidad y sobre todo por el poder económico del narcotráfico. El aumento de irregularidades y violencia propició y propicia la corrupción al interior de los centros de internamiento, la venta de protección, tráfico de drogas, alcohol, venta de comisiones de trabajo, venta y consumo de artículos prohibidos, juegos de azar, prostitución de la visita, agresiones físicas a los internos, agresiones sexuales a la visita, riñas colectivas, fugas, amotinamientos, homicidios y ataques físicos contra las autoridades. El autogobierno y el exceso de concesiones otorgadas a algunos internos, vulneró la seguridad al interior de los penales.[28]

Por ello el programa penitenciario nacional del gobierno de Salinas, con el fin de combatir esas irregularidades al interior de los centros de internamiento, estableció las siguientes variantes del Programa de Prevención del Delito, de la Madrid; se integraron y se pusieron en marcha los siguientes lineamientos:[29]

a) Despresurización del Sistema Penitenciario Nacional;

b) Fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria;

c) Programa de dignificación penitenciario solidaridad;

d) Componente federal;

e) Colonia Penal de las Islas Marías; y,

f) Centros Federales de Máxima Seguridad.

Entonces, por lo que se refiere, a la construcción de los centros federales de reclusión para reos de alta peligrosidad, el proyecto previó la edificación de tres establecimientos en los estados de México, Jalisco y Tamaulipas, diseñados para una capacidad de alrededor de 740 internos cada uno y a un costo de construcción, de 57 mil millones de pesos por establecimiento y con una erogación de 171 mil millones de pesos, para albergar a más de dos mil internos de alta peligrosidad.[30]

El esfuerzo financiero señalado anteriormente, habría que sumar el correspondiente a la preparación del personal adecuado en todos los niveles, el costo de mantenimiento y sobre todo, el gasto de la operación de los centros, que de ninguna manera podían absorber las entidades federativas en donde se localizarían estos establecimientos.

Con la puesta en operación de los Centros Federales de Reclusión se pretendió atacar uno de los mayores conflictos que enfrentaba el Sistema Penitenciario Nacional: la presencia de internos de alto grado de peligrosidad al interior de los penales del país, que no solo, no contaban con tratamiento para este tipo de delincuentes, sino que su presencia seguía provocando una contaminación al resto de la población penitenciaria, dando origen y profundizando los problemas de corrupción, intranquilidad y violencia carcelaria, vulnerando la seguridad pública, haciendo nugatorios los esfuerzos de la pretendida readaptación social.

Justificando a través del combate a esta problemática que aqueja aún hoy a los centros de reclusión nacionales, fueron creadas las cárceles de máxima seguridad para contener a los internos con un alto perfil criminológico.

El Centro Federal de Readaptación Social No. 2 se creó en el municipio de Puente Grande Jalisco, en noviembre de 1991, y se inaugura en agosto de 1993, en Octubre de 1993 se inauguro el de Matamoros, Tamaulipas, que entró en funciones a partir de junio del 2000.

“La Palma”, “Puente Grande”, y “Matamoros”, son los tres primeros y únicos penales de máxima seguridad en México,[31] creados con el propósito de responder al incremento de los delitos del fuero federal y a la aparición de bandas dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado, siendo instituciones públicas de máxima seguridad destinadas por el Gobierno Federal al internamiento de los sentenciados ejecutoriados y procesados del fuero común y federal, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública.[32]

Actualmente existen además de los penales de máxima seguridad ya mencionados, una colonia penal, un centro de mediana seguridad y un centro federal psicosocial, cambiando sus denominaciones iníciales por las siguientes:

 

Año de inicio de Operaciones

Nombre Original

Nombre Actual a partir del 6 de abril del 2006

Noviembre de 1991

Centro Federal de Readaptación social Almoloya de Juárez, después de “Palma”

Centro Federal de Readaptación Social “Altiplano”

Octubre de 1993

Centro Federal de Readaptación Social

“Puente Grande”

Centro Federal de Readaptación Social “Occidente”

Junio de 2000

Centro Federal de Readaptación Social

“Matamoros”

Centro Federal de Readaptación Social “Noreste”

Enero de 2004

Centro Federal de Readaptación Social

“Noroeste”

Centro Federal de Readaptación Social “Noroeste”

Noviembre de 1996

Centro Federal Psicosocial ”Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial *

Mayo de 1905

Colonia Penal Islas Marías

Colonia Penal Islas Marías.

 

Cuadro 2.b (Elaborado por Colín Mejía, Ivonne)

 

*Solamente se realizan actividades de Terapia ocupacional.

El artículo tercero del anterior Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, [30-08-91, DOF.] establecía que estos lugares de reclusión, fueron destinados a la internación de reos, que se encontraban privados de su libertad por resolución judicial ejecutoriada, de autoridad federal competente y del fuero común, previo convenio con los Estados y el Distrito Federal.[34]

En el nuevo reglamento de abril de 2006, se establece que sólo podrán ingresar a los Centros Federales de Readaptación Social procesados o sentenciados por delito o delitos considerados como graves en términos del Código Federal de Procedimientos Penales; que no manifiesten signos o síntomas psicóticos, ni padezcan enfermedades en fase terminal, y que reúnan las características de alta peligrosidad o que por su entorno personal pongan en riesgo la seguridad del establecimiento penitenciario donde se encuentren recluidos; los internos por delitos graves del fuero común podrán ser ingresados de manera excepcional, siempre que de acuerdo con el estudio clínico-criminológico o de personalidad se acredite su alta peligrosidad o pongan en riesgo el establecimiento penitenciario. De la misma forma se procederá en el caso de detenidos con fines de extradición.[35]

Asimismo, la legislación procesal penal federal establece en su artículo 10 párrafo tercero[36]establece que atendiendo a las circunstancias personales del inculpado, y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso y por razones de seguridad en las prisiones, se autoriza el traslado e ingreso de los procesados a un centro de reclusión de máxima seguridad. La reforma al artículo 18 constitucional del 18 de junio del 2008,[37] confirma el uso de los centros federales de readaptación social como centros especiales de detención y privación legal de la libertad a los miembros de la delincuencia organizada en México.

Los centros federales de alta seguridad se encuentran destinados para albergar a internos con perfiles específicos entre los cuales se encuentran las siguientes características: alta peligrosidad, delitos contra la salud, asalto bancario, robo con violencia, homicidio calificado violento, alto nivel económico, delincuencia organizada, larga condena, reincidencia, alta capacidad de violencia física o moral, tendencia a la asociación delictiva, habilidad para ejercer el liderazgo negativo y no respeto a las normas ni autoridades

El Estado mexicano justifica la creación de las cárceles de máxima de seguridad, como una respuesta para poder controlar a delincuentes de alta peligrosidad que por su perfil ponen en peligro a la sociedad y a los demás establecimientos penitenciarios, a nivel federal y local. Sin embargo, la cárcel de máxima seguridad es un instrumento que aplica el Estado, para poner de manifiesto su poder por encima de la sociedad, debido a que en estos centros federales no sólo se encuentran criminales pertenecientes a la delincuencia organizada o del fuero común, sino que también es un mecanismo contenedor para aquellos dirigentes políticos, que luchan por causas sociales como es el caso de los hermanos Cerezo Contreras, Flavio Sosa, Ignacio del Valle, y Felipe Álvarez, sólo por mencionar algunos casos.[38]



[1] Profesora Investigadora de Tiempo Completo, Departamento de Ciencias Jurídicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

[2] Gutiérrez Ruíz L. Normas Técnicas sobre Administración de Prisiones. México. Porrúa. 1995. P.1

[3] .Cfr. Bergalli, R. Las funciones del sistema penal en el Estado. España. Tirant Lo Blanch, 2003 .p. 583.

[4] Cfr. Foucault, Michelle, Vigilar y Castigar (nacimiento de la prisión). México. Siglo 21. 2005, p. 235.

[5] Foucault, Michelle, La verdad y las formas jurídicas. España. Gedisa. 4ªedic. 1995. P. 314.

[6] Cfr. Foucault, Michelle, ob. cit, nota. 4. p. 97 y 98.

[7] Ídem.

[8] […] “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.

[9] Artículo 19 constitucional 6ª Reforma DOF 18-06-2008.

[10] Cfr. artículo 22 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[11] Focault, Michele, ob.cit., nota 4. p. 98.

[12] Cfr. Artículo 77. (Código Penal Federal)

[13] Cfr. Artículo 6 Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.

[14] En 1965 se registró la primera reforma al artículo 18 vigente desde 1917, para consignar que el propósito del sistema penitenciario mexicano es la readaptación social del delincuente, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Además estableció que las mujeres debían compurgar sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, y en cuanto a los menores infractores, dispuso el establecimiento de instituciones especiales. También señaló que los reos sentenciados por delitos del orden común podrían extinguir su condena en establecimientos federales, mediante convenios de carácter general celebrados entre las autoridades de los dos órdenes de gobierno.

[15] Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento tienen por objeto regular la organización, administración y funcionamiento del sistema integrado por los Centros Federales de Readaptación Social, dependientes de la Federación y su aplicación corresponde a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

[16] Cfr. González Vidaurri y Sánchez Sandoval, Discurso y cárceles de máxima seguridad. Orlando Cárdenas Editor. 1991, México pág. 161.

[17] Cfr. Álvarez Gómez, La Cárcel ante el tercer milenio. Cárdenas Editores, México 1992. Pp. 122 y 123.

[18] Cfr. Uno más uno. 19 de agosto de 1991 p. 10

[19] De Tavira JP. ¿Por qué Almoloya? Análisis de un proyecto penitenciario. Edit. Diana. México 1995. Pp. 206

[20] La captura de los principales capos de la mafia en México ha provocado que los cárteles del narcotráfico se congreguen en dos grandes organizaciones: La primera comandada por Osiel Cárdenas Guillén y la segunda por Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada, reveló el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos. Aseguró que tras la detención de Benjamín Arellano Félix y la muerte de su hermano Ramón, principales operadores del Cártel de Tijuana, la organización bajacaliforniana “desapareció” del panorama delictivo, por lo que su desamparada estructura fue acogida por el actual líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. [ La crónica de hoy 12 de enero del 2005]

[21] Caro Quintero vivió en el Reclusorio Norte con todos los lujos: varias celdas alfombradas para su uso personal, jardín, jacuzzi, comedor, gimnasio; portaba joyas y millones de pesos ante la complacencia de los directores generales, desde Sánchez Galindo hasta el general Salinas Magaña.

[22] Fernández E Dolores Nuñoz, Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, Revista Jurídica [en línea] Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008 [citado 01-12-2008], Boletín mexicano de Derecho comparado (Núm. 76), Formato html, Disponible en Internet:

http://info.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/76/el/el9.htm

[23] Plan Nacional de Prevención del delito 1987. Secretaría de Gobernación.

[24] Ídem.

[25] Secretaría de Seguridad Pública, Federal. [ en línea] Centros Federales de Readaptación social citado el [03 de abril del 2008]

http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk;jsessionid=HGvT42R2hYG4snz9pwNlGMQZnFb23cQTXQ2nZ0VnGWvJr7651q6N!133211034?_nfpb=true&_pageLabel=prs_page_3&docName=Anteceden

[26] Programa Nacional de Prevención del Delito 1987. Secretaría de Gobernación, México.

[27] Programa Penitenciario 1991-1994. Secretaría de Gobernación. Subsecretaría de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social. P. 40.

[28] Durante 1990 el total de fugas en la república mexicana ascendió a 194, de las cuales el 45.36 % ocurrió en siete estados: Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas. En número de evadidos en ese año, fue de 531, ocurrieron 16 motines, 11 huelgas, 58 riñas y 38 homicidios. (Programa penitenciario nacional 1991-1994. Secretaría de Gobernación. Subsecretaría de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social)

[29] Cfr. Programa Nacional de Prevención del Delito (1987)

[30] Programa Penitenciario Nacional 1991-1994. Secretaría de Gobernación.

[31] Por lo menos hasta abril del 2008, cuando se realizó este proyecto de investigación.

[32] Cfr. Artículo 6º del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Diario Oficial 30 de agosto de 1992. Artículos 3º y 6ªdel Reglamento de los Centros Federales de Readaptación social. Diario Oficial 06 de abril del 2006.

[33] Cfr. Artículo 6º del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación social Diario oficial, 06 de abril del 2006.

[34] Cfr. Artículo 3º del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social de 1991.

[35] Cfr. Artículo 26 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social Diario Oficial 06 de abril del 2006.

[36] […] Será competente para conocer de un asunto, un juez de distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro.

[37] […] Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales […]

[38] Flavio Sosa Villavicencio, uno de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue detenido 06 de agosto del 2006 en la ciudad de México, junto con su hermano y otros dos líderes de la organización. En un operativo de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), los cuatro sujetos fueron aprehendidos sobre la avenida Insurgentes Sur cerca de las 8:00 de la noche, luego de haber ofrecido una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social. Los hermanos Sosa fueron capturados en cumplimiento de una orden de colaboración del gobierno de Oaxaca y enfrentan, por el momento, cargos por delitos del fuero común. Casi a la medianoche Flavio fue trasladado al Penal de Alta Seguridad del Altiplano (antes La Palma), ubicado en Almoloyade Juárez. Su hermano Horacio fue enviado al penal federal de El Rincón, en Nayarit, que es de mediana seguridad. Ignacio García Maldonado y Marcelino Coache Verano, quienes no tienen órdenes de aprehensión, también fueron capturados. Se les inició una averiguación previa debido a que opusieron resistencia y agredieron a los agentes federales en el momento de la detención. El universal, [en línea] citado el 30 de abril del 2008 [http://www.eluniversal.com.mx/notas/392038.html]